Tengo conmigo el texto Más derechos para más gente: crisis, desafíos y logros de la democracia. Son las memorias de Luis Almagro al cabo de una década como Secretario General de la OEA. Disponible en luisalmagro.com, es una lectura imprescindible por varias razones. Primero, en una época en la que no solo se debate intensamente la misión y la estructura institucional del sistema interamericano, sino su propia viabilidad; la visión, y el récord de Almagro constituye un aporte indispensable.
Segundo, el mismo título del libro reproduce el lema de su gestión, resumiendo su obligación primordial en el cargo: robustecer las esferas de derechos, haciendo cumplir la noción de ciudadanía definida en el orden jurídico y político democrático al que las naciones del continente están obligadas. No es ocioso recordarlo, pues ello se olvida con frecuencia en los corredores burocráticos, tanto en Washington como en las capitales latinoamericanas. Más aún, dicho lema es una denuncia imprescindible en esta época en la que América Latina ha sufrido una visible contracción de derechos en manos de autocracias de diferente signo ideológico, pero cuyo rasgo común es vulnerarlos mientras los pregonan en el discurso.
Tercero, la cláusula ‘más derechos’ subraya que la ciudadanía universal e irrestricta es una aspiración, una promesa incumplida. En definitiva, la democracia es siempre incompleta, una obra en construcción. ‘Para más gente’ apunta a la dimensión inherentemente sistémica—y por lo tanto global—de los derechos humanos. De ahí que la Carta Democrática Interamericana estipule en su primer artículo que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. En la doctrina constitucional de la democracia el pueblo es el soberano; el gobierno, su súbdito.
De allí se deriva la normativa que impone obligaciones a los Estados y a la OEA, y les exige fiscalizar su cumplimiento. Como parte del derecho internacional inspirado en el internacionalismo liberal de la posguerra, dicha arquitectura institucional no se pensó para proteger a los Estados, sino para evitar que se cometan atrocidades contra los pueblos dentro de las fronteras —y por acción— de un Estado. De ahí que la protección y promoción de los derechos humanos implique relajar o suspender el principio de soberanía. Si el principio de jurisdicción domestica exclusiva no se aplica, el lema debe entenderse como un concepto global.
Ese es el rasgo distintivo de la OEA de Almagro, sus convicciones internacionalistas con las cuales forjar una organización regional, pero con principios universales y actuaciones globales. En esta suerte de rendición de actividades contenida en el libro, ello queda claro desde la primera página. Selecciono aquí tres casos analizados allí que lo ilustran acabadamente.
Crímenes de lesa humanidad en Venezuela y la Corte Penal Internacional. A partir de 2014 quedó claro que las violaciones a los derechos humanos tenían lugar de manera generalizada y sistemática con el objetivo de perseguir a opositores políticos. Es decir, se trataba de crímenes de lesa humanidad. La OEA recogió testimonios en audiencias públicas. Los mismos dieron cuenta de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tormentos y vejaciones, y una crisis humanitaria profunda. De allí surgió un informe de 400 páginas en mayo de 2018 con el cual el SG refirió el caso a la Corte, luego adjuntado a la petición de investigar formulada por seis países del hemisferio.
El caso estuvo bajo examen preliminar desde entonces y hasta noviembre de 2021, cuando el fiscal Karim Khan abrió la investigación. La cual allí quedó estancada bajo la noción de “complementariedad”, que estipula que las jurisdicciones nacionales tienen la responsabilidad primordial de investigar y enjuiciar a los responsables, siendo las actuaciones de la CPI, precisamente, complementarias de la justicia nacional. Ello terminó siendo una excusa dilatoria.
En julio de 2024, Maduro anunció “un baño de sangre y guerra civil” si la oposición lograba una victoria electoral, que ocurrió. Comenzó a cumplir su amenaza asumiendo personalmente la responsabilidad de los crímenes. En los días siguientes a la elección se documentó la muerte de 23 personas y más de 1.400 detenciones, muchos menores de edad entre ellos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) caracterizó estos crímenes como “terrorismo de Estado”, estrategias dirigidas no solo a la persecución de grupos específicos, sino para generar un clima de temor e intimidación entre la población en general.
Almagro agregó su voz. Exhortó al fiscal a acelerar el proceso y aplicar, de una vez por todas, el principio de complementariedad, no tan solo predicarlo. Ya en los informes de la OEA y del alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas, ambos de 2018, se señalaba que existe más que razonable evidencia de la comisión de dichos crímenes y que el Estado no tiene la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables. Pues en Venezuela ninguna instancia judicial es independiente del Ejecutivo. El fiscal general, los miembros del Tribunal Superior de Justicia, los jerarcas de los cuerpos de policía, ejército e inteligencia, la directiva de la Asamblea Nacional y del Consejo Nacional Electoral, entre otros, son miembros del partido de gobierno. En consecuencia, Almagro solicitó a la Corte emitir una orden de arresto contra Maduro.
Reelección indefinida en Bolivia y la Comisión de Venecia. Al intentar introducir la reelección indefinida en 2016, Evo Morales fue derrotado en un referéndum. A posteriori, desconociendo dicha consulta —que el propio gobierno había dictado vinculante y con fuerza de ley— el Tribunal Constitucional dio entrada a una demanda del Ejecutivo por la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la constitución, incluyendo el que autorizó el referéndum. La demanda también invocaba una supuesta incompatibilidad entre dichos artículos y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Es decir, la reelección indefinida como un derecho humano, lo cual en la práctica se convierte en un ilegítimo “derecho a la perpetuación”. Ante la consulta del SG en 2018, la comisión corroboró que no existe un específico “derecho humano a la reelección”. Dictaminó que las restricciones en ese terreno pertenecen a la esfera de los derechos a la participación política, notando que en todo arreglo constitucional existen diversas clases de limitaciones al respecto, especialmente en el presidencialismo. Dichos límites generalmente se derivan de la necesidad de prevenir que aquellos ya en ejercicio del poder se aprovechen del cargo para perpetuarse o para utilizar indebidamente los recursos públicos. O ambos a la vez.
El Gobierno de Bolivia alegó que “la Comisión de Venecia no tiene ningún rol en las Américas”, pasando por alto que ese punto no la descalificó, ya que, por el contrario, subraya su imparcialidad y neutralidad, condición necesaria para toda opinión jurídica. No obstante, Evo Morales fue candidato en 2019 y la observación electoral de la OEA demostró la imposibilidad de validar los resultados reportados debido a graves irregularidades y la manipulación dolosa de los datos.
La OEA ante al crimen de agresión de Rusia a Ucrania. El ataque de un país grande a otro más pequeño es pernicioso en todas partes. Marcados por asimetrías geográficas, económicas y militares, los países de las Américas, además, comparten fronteras frágiles y en extremo porosas. Es un precedente aún más peligroso si consideramos el número de países de la región que se alinearon con Rusia o adoptaron una posición neutral ante la invasión del 22 de febrero de 2022.
Aceptar un reclamo de soberanía derivado de una invasión significa legitimar la ley del más fuerte en el sistema internacional y desconocer el principio de integridad territorial de los Estados como garantía para su funcionamiento. El ataque ruso fue injustificado y no provocado; como tal, un atentado contra el bien supremo de dicho sistema: la estabilidad de las fronteras internacionalmente reconocidas, requisito indispensable para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.
Ni bien ocurrida la invasión de febrero de 2022, Almagro se pronunció condenándola fuertemente: la llamó “guerra de agresión”. El 21 de abril promovió una resolución del Consejo Permanente suspendiendo a la Federación Rusa como Estado Observador de la OEA por el crimen de agresión, siguiendo los lineamientos del concepto, según fue introducido en los juicios de Nuremberg en 1945.
Apoyó a Ucrania en la conformación de tribunales internacionales para juzgar dicho crimen y otros, y en su plan de paz, adhiriendo y ratificando siempre el carácter no negociable de su soberanía y su integridad territorial, incluyendo Crimea, invadida en 2014. Asistiendo a dichas reuniones preparatorias en Europa —ya sea en persona o a través de un enviado— y abriendo las puertas de la OEA a las autoridades ucranianas —ya sea en Washington o en las Asambleas Generales de Lima y Asunción— Almagro dejó instalados esos principios.
Es importante destacar que pocos días atrás, un grupo de 36 países europeos, junto con la Comisión Europea, ha dado luz verde y ratificado el acuerdo que establece el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania. Operará bajo el patrocinio del Consejo de Europa y tendrá como misión juzgar a los máximos responsables políticos y militares por la invasión rusa del país y los crímenes cometidos contra la población. La OEA bajo Almagro adhirió a dicha iniciativa en febrero de 2023.
El libro deja clara la doctrina de Almagro: reafirmar a la OEA como el principal foro político del hemisferio, regida por principios universales y con actuaciones globales. Pues, por lo expuesto, en tanto existan obligaciones mutuas, que son sistémicas, no hay problemáticas locales. Por cierto, ello evoca a Martin Luther King en 1963: “La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Estamos atrapados en una red ineludible de reciprocidad. Lo que afecta a uno directamente, afecta a todos indirectamente”.