Soy Pablo Przchodny y no quiero ser su presidente. Respeto profundamente y con sentido democrático la decisión de cada uno de los 41.421.972 colombianos restantes, pero les contaré para qué es mi voto.
Durante décadas, la izquierda, combinando todas las formas de lucha, había intentado tomarse el poder y, muy a mi pesar, por fin lo lograron en las elecciones del año 2022. Muy dentro de mí, abrigaba la esperanza de haberme equivocado en mis juicios y que el llamado “primer gobierno progresista” marcara una diferencia en la política nacional, pero el tiempo trascurrido me ha mostrado que no fue así. Hoy asistimos a un escenario complejo, no en virtud de la polarización política, que siempre ha existido, sino a la confrontación ideológica entre los ciudadanos del común, entre los que vivimos la historia, contra quienes les echaron un cuento.
Después de décadas, con miles de muertos y heridos de un bando y del otro —además de pobladores, que por mala fortuna estuvieron en medio— la democracia, (esa misma que los enfrentó y que les ofreció la paz) le entrega a una rencorosa izquierda la dirección de nuestra hermosa nación y el control de uno de los países más ricos del continente. Así, quienes en otrora fueran cabecillas del más alto nivel de la insurgencia, hoy ocupan curules en el Congreso y suman sus esfuerzos a los de otras organizaciones que, desde la vida civil y política, los apoyaron y fueron afines a su lucha en el monte.
Por su parte, el revolucionario del M-19 —quien, después de más de 40 años de vida pública, siendo militante activo y después de abandonar las armas en 1990, era elegido presidente de todos los colombianos— no lo entendió así, ni siquiera después de cuatro años de gobierno. La toma del poder se había producido de una forma sutil, civilista, democrática: sin el desfile de hordas armadas, montadas sobre vehículos militares como trofeos de guerra, sin grandes manifestaciones en las calles y sin juicios revolucionarios para los perdedores. Esto ocurrió de manera muy distinta a lo que se vivió en Cuba, en Nicaragua o en cualquier otra nación de las muchas que sucumbieron al ímpetu de la revolución en los años 50, 60 y 70 del siglo pasado.
La amplia experiencia de Petro, acumulada en su vida como concejal, personero, alcalde y senador, debió haberse reflejado en un conocimiento profundo del funcionamiento del Estado y en la estructuración de propuestas serias para ejecutar durante su mandato. Sin embargo, se impusieron el odio y el resentimiento, aquellos mismos factores con los que prometió no gobernar el día de su posesión. Así, la improvisación y el romanticismo terminaron por imponerse sobre la realidad de un país pospandémico, lleno de retos y complejidades, cuyo buen manejo habría sido la carta de presentación de un modelo progresista inédito en Colombia.
En estos cuatro años, la izquierda nos deja un país marcado por la fractura ideológica más profunda de nuestra historia. Ha logrado expropiar el pensamiento y el sentimiento político, para incrustarlos en el núcleo de nuestras familias y en lo más sensible de la sociedad. Por ello, la actual contienda electoral ya no se disputa entre partidos, sino entre sentimientos y narrativas personales. Este proceso está marcando la muerte definitiva de los partidos políticos tradicionales, abriendo paso a una nueva era de caudillismo.
Gustavo Petro recibió del gobierno Duque muchos problemas, y este, a su vez, los recibió de Santos; este, del anterior. Así como se entrega una posta con la cual se alimenta el discurso de los candidatos que aspiran a la primera magistratura del Estado, en un círculo vicioso y perverso interminable que acompañará a la nación mientras exista la sociedad democrática. Lo menos que espera el pueblo es que el nivel de vida, entre gobierno y gobierno, evolucione, que no se deteriore o, al menos, se mantenga; y en este gobierno eso se percibe dependiendo de qué lado se esté parado.
Este Gobierno progresista y de izquierda recibió un sistema de salud funcional, con amplia cobertura y un aceptable suministro de medicamentos. Este fue llevado al colapso financiero para inducir una reforma. La estatización de la salud es una intención que está en proceso y que necesita de la continuidad del gobierno para consolidarla. Ojalá los mayores les cuenten a sus hijos y nietos sobre sus experiencias con el Instituto Colombiano del Seguro Social y con Cajanal, modelo al cual el progresismo pretende volver.
En materia de seguridad pública y ciudadana en Colombia, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2272 de 2022, la cual modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de orden público para establecer su política de paz total. Un primer impacto negativo en la seguridad, según diversos críticos, se deriva de la creación del servicio social como alternativa para definir la situación militar. A esto se suma la autorización para suspender órdenes de captura vigentes, lo que ha permitido fortalecer la figura de gestores de paz, otorgando este estatus a cabecillas de grupos armados ilegales.
La Fuerza Pública entra en un periodo de incertidumbre operacional cuando se anuncian los diálogos con todas las estructuras armadas del país y la actividad militar en contra de ellas se paraliza, al mismo tiempo que el ministro de la Defensa anuncia la prohibición de emplear a soldados regulares en el desarrollo de operaciones ofensivas. En ese primer año de gobierno, se le hacen a la Fuerza Pública recortes presupuestales significativos y se inicia una reducción acelerada en las capacidades, especialmente en lo que tiene que ver con la movilidad aérea del Ejército, dejando por varios años la flota de helicópteros en tierra por falta de mantenimiento.
La purga sostenida de oficiales y de suboficiales fue notoria, especialmente con los relacionados con el arma de inteligencia, llegando casi al desmonte de este sistema de apoyo de combate. El proceso de incorporación al servicio militar actual presenta un gran reto para los responsables de hacerlo, pues el abolir la obligatoriedad no permite cumplir con las cuotas y, por ello, un alto porcentaje es cubierto por mujeres, las cuales no pueden cumplir misiones operacionales. El aumentar la bonificación, más que una acción de responsabilidad social del Gobierno, fue una medida desesperada para poder mantener los efectivos en un nivel aceptable.
Después de cuatro años, la seguridad está en niveles comparables con los de comienzo de este siglo. La paz total, así como la paz urbana —con la cual se cosechó votos entre las estructuras armadas de la Colombia rural y en las comunas de las grandes ciudades—, solo ha servido para que estas se fortalezcan financiera y logísticamente. Al aumentar la cantidad de hombres en armas y extender su control territorial, han dejado un panorama muy similar a lo que era el país antes del llamado “mejor acuerdo” de 2016.
Las finanzas del Estado, sin ser de las mejores, permitieron que Colombia afrontara crisis económicas mundiales y los efectos de la pandemia con un endeudamiento alto, pero con cierta solvencia para responder a los compromisos. Sin embargo, las políticas económicas del gobierno Petro dejan al país en una situación fiscal de cuidados intensivos, al igual que los sectores de salud y seguridad. El déficit fiscal es estructural, supera el 6 % del PIB y la deuda pública se sitúa por encima del 61 %. Sumado a esto, el Estado se ha convertido en el principal empleador, lo que ha generado un aumento desordenado del gasto público que los ingresos no logran cubrir. Los préstamos asumidos se penalizan con tasas de interés muy altas y los cortos plazos de pago ponen al país en riesgo financiero. La empresa estatal Ecopetrol, como fuente de financiamiento, va en retroceso, lo que agrava el panorama.
Colombia transita por la vía del asistencialismo, sin esperanza en un sistema que haga posible mantener las iniciativas sociales adoptadas por el Gobierno del Pacto. A corto plazo, esta situación pone en riesgo los recursos asignados para la poca inversión que se hace, los fondos de pensiones, las asignaciones de retiro y la sostenibilidad del pago de bonos, subsidios e, incluso, los salarios de los empleados oficiales. El temor real es que, al permitir que el Gobierno del cambio continúe con la dirección del Estado, ese cambio que se anunció con Petro en primera, con su heredero sea en reversa.
Mi voto es para que Colombia recupere su rumbo y recomponga sus finanzas mediante el impulso a la empresa privada, el ajuste al gasto público y la reducción de la burocracia desmedida de este Gobierno. Asimismo, para que se logre el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado, se recomponga las relaciones entre el Banco de la República y el Ejecutivo, y se haga un endeudamiento responsable que no ponga en riesgo la sostenibilidad de los beneficios sociales de los colombianos, aun los otorgados por esta administración.
Mi voto es para que se pueda recuperar la tranquilidad de transitar por las vías de la patria y para regresar sin temor a los campos y pueblos. También, para que la Fuerza Pública recupere, además de sus capacidades, el principio de autoridad que se menoscabó en este gobierno. Para que la tranquilidad ciudadana y la seguridad pública no sean producto de un acuerdo soterrado con los delincuentes, sino el resultado de la imposición de una autoridad y de una justicia que los someta de acuerdo con la constitución y la ley.
Mi voto es para que se instaure una educación libre de ideologías y centrada en el pensamiento crítico. Para que se implante un modelo que le permita al estudiante construir su propia realidad a partir de sus análisis y vivencias, y no por historias y relatos sesgados de docentes que olvidaron o nunca entendieron su verdadera responsabilidad.
Mi voto es para defender a la Colombia que de alguna manera ayudamos a construir con trabajo, esfuerzo y sacrificio. Esa Colombia social y de derecho, respaldada por la bondad de una constitución generosa y progresista, escrita por representantes de todas las fuerzas sociales. En su grandeza, esta carta magna define la separación de poderes, lo que hace posible que el Ejecutivo no se desborde en sus atribuciones y libra así a la nación de tiranos y dictadores.
Mi voto es para que el Gobierno promueva la iniciativa y el trabajo; que no condene a la juventud a la resignación de una pobreza que, con el tiempo, la arrastra a la miseria. Mi voto es para que el gobierno asuma la responsabilidad de enseñar a pescar, no solo dar el pescado.
Mi voto es para que el juramento que hice un día a la bandera no caiga en el vacío; para que mi Colombia sea siempre grande, respetada y libre, no sometida a los caprichos de un tirano.