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JUAN MANUEL CHARRY

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Cierres del Congreso

Petro ha encontrado una Constitución Política muy bien afianzada, que ni él se atreve a decir que se debe cambiar.

Juan Manuel Charry Urueña
13 de junio de 2024

Desde la Constitución de 1886, el Congreso se ha interrumpido seis veces. Fue disuelto en 1899 y restaurado en 1903; clausurado en 1904 y restablecido en 1911; en 1944 por decisión propia no concurrió a la apertura de la legislatura; fue cerrado desde 1949 a 1951; fue nuevamente cerrado desde 1953 hasta 1958; finalmente se interrumpieron sus sesiones en 1991 para instalar un nuevo Congreso a partir de 1992 (Cf. Bravo Lira, Bernardino. El Estado Constitucional en Hispanoamérica, 1811-1991, Escuela del Derecho Libre, México D. F. 1992). Parece “cumplirse el hado que prohíbe que en Colombia un parlamento sesione regularmente por más de 33 años” (Ibid, página 61).

Si se cumplieran las predicciones de Bernardino Bravo Lira, los 33 años después del cierre del Congreso en 1991, se cumplirían este año 2024. Las condiciones, como en otras ocasiones del pasado, son las de un gobierno enfrentado al Congreso, en un ambiente pugnaz con brotes de violencia.

Sin embargo, hay notables diferencias. En esta oportunidad, el presidente Petro ganó en segunda vuelta, con estrecho margen, gracias a sectores minoritarios que se sumaron en ese momento. El partido de gobierno no alcanzó siquiera el 20% de la representación en el Congreso. Hubo un primer año de coalición donde el gobierno cohabitó pacíficamente con el Legislativo, lamentablemente se deshizo en forma prematura.

De otra parte, el gobierno ha estado salpicado de escándalos provenientes de sus propias filas, su hermano, su hijo, su jefe de campaña, su jefe de gabinete, funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, que ponen en tela de juicio la financiación de la campaña presidencial y las relaciones con miembros de Congreso, presuntamente sobornados.

Según la Constitución Política, en caso de probarse debidamente la violación a los topes de financiación de la campaña presidencial, presidente y vicepresidente perderán sus cargos, en cuanto al primero mediante un juicio político por indignidad adelantado por el Congreso.

Así las cosas, el presidente Petro ha hablado de asamblea constituyente; de referendo constitucional; de acuerdos con la insurgencia que permitirían reformas por procedimientos fuera de la Constitución; de constituyente primario difuso y amorfo, que recientemente osó identificar con la “primera línea” y el mal llamado “estallido social”.

Mientras tanto, el orden público se deteriora, la criminalidad crece, la economía se desacelera, la inflación no cede, la inversión se diluye, la prestación de servicios de salud flaquea, las finanzas públicas crujen, y la administración nacional se torna ineficiente.

Hasta el momento, el presidente Petro ha acudido al micrófono, ha arengado a sus bases, ha reclamado el cambio ganado en las urnas, ha criticado a las élites, ha divido entre viejas prácticas y nuevos porvenires.

El panorama puede empeorar al término de la presente legislatura en el Congreso si no se aprueban los proyectos bandera del gobierno, las leyes de educación, trabajo y pensiones. Y en la siguiente, el gobierno perdería las presidencias de las cámaras y las comisiones.

Petro ha venido midiendo el ambiente político y social, ¿qué tanto se socava la confianza en las instituciones?, y ¿cuánto temor despierta rememorar los bloqueos y las revueltas? Pero ha encontrado una Constitución Política muy bien afianzada, que ni él se atreve a decir que se debe cambiar; unas fuerzas militares comprometidas con el orden constitucional; una sociedad civil dispuesta al cambio, pero dentro de la institucionalidad; y una investigación por violación a los topes de campaña, para la cual no tiene explicaciones satisfactorias hasta el momento.

Cita de la semana: “La mayor parte de los disturbios del mundo son cuestiones de gramática. Nuestros procesos solo surgen del debate sobre la interpretación de las leyes.” Ensayos, Michel De Montaigne (1533-1592).

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