Ciertamente

Como casi todos los colombianos, me enseñaron en el colegio que cuando el gran escritor francés Víctor Hugo leyó la constitución de Rionegro de 1863, dijo que ese documento era “para ángeles”. Nadie sabe con certeza si esa frase es real o si es una leyenda, o si Víctor Hugo se tomó el tiempo de revisar el texto o aun si hablaba español, mas no importa: ya forma parte de nuestro conocimiento colectivo. Al igual que los gringos con el cuento de que su primer presidente, George Washington, había manifestado que él “no podría decir mentiras”. Esas historias muchas veces reflejan las aspiraciones de una nación. Para Estados Unidos, era la honestidad de sus gobernantes. Para Colombia, la exaltación de esa cita de Víctor Hugo en las aulas revela tres características de nuestra idiosincrasia.

Primero, es excepcional el valor que le damos a la opinión de los extranjeros, aun sin importar su experticia. Hugo no era conocido precisamente por sus conceptos constitucionales.

Segundo, si bien Santander nos dijo a los colombianos que las “armas os han dado la independencia, pero sólo las leyes os darán la libertad”, en la práctica no ha sido así. Somos expertos en redactar leyes impecables, no tanto en aplicarlas. Tal vez porque cuando se gestan, pensamos más en el Cielo que en la Tierra. En fin, nuestros códigos y estatutos, no sólo la carta magna de 1863, tienden a ser incumplibles. Incluso por ángeles.

Tercero, vivimos en la negación de las primeras dos características. Proclamamos nuestro nacionalismo al mismo tiempo que entregamos decisiones soberanas a foráneos. Promulgamos leyes y reformas calificadas de históricas pero sin medir su alcance. Todos sufrimos de ese mal; las cortes, cuando garantizan el derecho a la salud de todos los colombianos. Como si eso fuera gratis. Los partidos políticos, cuando proponen asambleas constituyentes como la solución de todos nuestros problemas. Como si necesitáramos otra constitución.

Creemos firmemente, gracias a Santander, en las normas. Nuestra fe en el concepto universal de la justicia es absoluta, mas no en nuestra vida cotidiana. Pero no dudamos, cuando se presentan unas diferencias o un conflicto, en recomendar o sugerir que lo resuelvan los tribunales. O en criticar a un ciudadano cuando no ha puesto la denuncia correspondiente a la Fiscalía. Que las autoridades investiguen, es la frase de cajón que se repite a cada hora. Realmente, alguien cree que acudir a  un sistema judicial tan abrumado de casos sin resolver como el nuestro sea la solución de todos los problemas. O que promulgar un raudal de leyes por sí sola resuelve miles de problemas. 

El reconocido académico James Robinson generó polémica hace unas semanas cuando en un artículo en El Espectador dijo que era inviable ejecutar lo prometido en la Ley de víctimas y restitución de tierras y que, increíblemente, fue diseñada para fracasar.

Igual o mayor a nuestro apego por las leyes teóricas es nuestro respeto casi fanático en la sabiduría de los de afuera. Recibimos con puertas abiertas a todas las institucionales internacionales. Somos prácticamente una sede alterna de las Naciones Unidas, dada la proliferación de agencias de esa organización ancladas en el país. Queremos quedar bien con todos. Nuestras ansias por la aceptación llevan a nuestros dirigentes a hacer giras por Washington y Europa. En ese campo, confluyen Uribe y Cepeda.

La gran pregunta de La Habana – ¿cuánta impunidad es aceptable? – es frecuentemente condicionada a qué dirán los norteamericanos, los tribunales de derechos humanos o la Corte Penal Internacional. En este debate, la opinión de los colombianos pasa a un segundo plano.

Por eso es tan oportuna la propuesta del expresidente César Gaviria de que el proceso de paz con las FARC debería culminar con un acuerdo de justicia transicional que permitiera a Colombia pasar la página. Todos los participantes del conflicto quedarían cobijados. Con siete millones de víctimas, decenas de miles de victimarios, otros cuantos corresponsables, no hay otro camino viable. Ningún sistema judicial del mundo puede tramitar esos procesos. Ninguno.

Con su pragmatismo, Gaviria ha trazado un camino para que los colombianos aterricemos sobre nuestra realidad y entendamos que ante semejante desafío, es posible que en esta ocasión el recurso no sea una andanada de leyes inaplicables sino más bien una, sencilla y contundente, que garantice un antes y un después.

Otros países lo han hecho. España. Mozambique. Sudáfrica. Irlanda del Norte. En todos primó lo práctico. Lo ideal –cárcel para los asesinos y terroristas– lo dejaron por fuera. Para los libros de historia. Para los críticos de escritorio.

Si el Gobierno acoge los planteamientos de Gaviria, su mayor reto no será  persuadir a los colombianos de sus méritos, sino a los expertos juristas y activistas en la La Haya, San José, Washington y Nueva York que quieren que Colombia sea el conejillo de indias de una justicia internacional aún en pañales.