Colombia sin ‘paz total’ y con inseguridad absoluta

El discurso sobre los derechos humanos ha sido fundamental en la agenda política, legislativa y judicial de Colombia, buscando su protección y defensa. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la creciente violencia ha alcanzado niveles alarmantes, sin soluciones a la vista. La iniciativa de ‘paz total’ del Gobierno nacional ha sido percibida como un manto de impunidad para grandes perpetradores de crímenes atroces, alentando a otros actores armados a continuar delinquiendo, al ver la falta de consecuencias legales.

La percepción de inseguridad se ha convertido en una realidad palpable para los colombianos, con un aumento significativo en la violencia en todo el país. Ciudades como Cali, Buenaventura, Santa Marta, Cartagena, Palmira, Cúcuta, Barranquilla y Sincelejo han sido catalogadas como algunas de las más violentas, y las cifras de secuestros y robos han experimentado un incremento alarmante en los últimos años.

En el primer semestre de 2023, se registraron 1.081 robos por día, lo que representa un robo cada minuto y medio. Los casos de hurto a personas aumentaron 23 % respecto al año anterior, mientras que los de extorsión se dispararon en un 38 %. Estas cifras son un reflejo claro de la crisis de seguridad que enfrenta Colombia.

Además, las Fuerzas Militares han reconocido estar enfrentando una crisis interna, destacándose la importancia de mantener la cohesión entre las generaciones de militares para garantizar la transferencia de conocimientos y experiencias. La institucionalidad de las fuerzas armadas está en grave peligro.

Para abordar esta crisis, es imperativo adoptar nuevas políticas que combinen una postura firme contra los delincuentes, con esfuerzos para recuperar la confianza en las instituciones. Es necesario priorizar la seguridad ciudadana, aumentar el pie de fuerza en centros urbanos y entender la complejidad del conflicto, que involucra a diversos actores, como insurgentes, paramilitares, narcotraficantes y bandas criminales.

Asimismo, es crucial revisar los acuerdos de paz para asegurar su eficacia y combatir la impunidad, así como replantear una política integral de seguridad que incluya planes efectivos y recursos adecuados para equipar a las fuerzas de seguridad. Se debe implementar reformas institucionales y normativas en el sistema carcelario y fortalecer el sistema judicial para garantizar el Estado de derecho.

En conclusión, es hora de fortalecer el vínculo entre la sociedad y las autoridades, promover los valores familiares y educar en derechos humanos de manera integral. El Estado debe garantizar los derechos de todos los ciudadanos, no solo de los delincuentes. Es urgente enfrentar con determinación a quienes amenazan la seguridad y el disfrute de los derechos de la población civil. El Gobierno debe comprometerse a mantener el Estado de derecho y devolver el concepto de autoridad a la fuerza pública. Es solo a través de un esfuerzo conjunto y decidido que Colombia podrá superar esta crisis de seguridad y avanzar hacia un futuro más seguro y justo para todos sus ciudadanos.