La entonces locuaz ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica –mediante asambleas prefabricadas–, puso en la mira el contrato de administración del Fondo Nacional del Café por parte de la Federación Nacional de Cafeteros, vigente desde julio de 2016 por una década. El Gobierno Petro, al parecer, pensó entregarlo a la Fiduprevisora o a algunas “cooperativas” que intentó promover.
Esa intención destructiva coincidía con las tesis neoliberales extremas, como las del exasesor programático de Sergio Fajardo, J. J. Echavarría, quien en un reconocido texto propuso la desaparición de dicho convenio. Una idea en contra de la garantía de compra de todo el grano producido, de la participación en la exportación del 20 por ciento del café verde, del sistema de cooperativas (que es la red interna de compra) y, en últimas, de la protección al productor en un mercado donde mangonea un oligopsonio de compañías transnacionales.
Para evaluar lo que ha ocurrido con el contrato, hay cifras oficiales acerca de la administración de la fuente básica de ingresos del Fondo: la contribución cafetera de 6 centavos por cada libra exportada que los cafeteros aportan, independientemente de la cotización internacional, como cuota parafiscal. Es un recurso público sujeto al control que la ley dispone.
El resultado más importante es la evolución del valor del patrimonio del Fondo Nacional del Café en estos diez años (en millones de dólares), lo cual permite saber si la administración del Comité Nacional de Cafeteros –donde se sientan cuatro ministros y los representantes gremiales– conservó o incrementó esta cuenta de la hacienda nacional.
Con la contribución de 6 centavos de dólar, el Fondo apalanca las exportaciones institucionales y alimenta, a partir de 2020, con medio centavo el Fondo de Estabilización de Precios. Además, capta las utilidades de la fábrica de Café Buendía, las regalías de las tiendas Juan Valdez y otras actividades de la Federación para consolidar los ingresos anuales. De 2016 a 2025, la contribución cafetera sumó 3,32 billones de pesos, las regalías se acercaron a 345.000 millones y las transferencias de la compañía Buencafé (entre 2021 y 2025, por ejemplo) alcanzaron los 1.150 millones de dólares.
¿Qué gastos financia el Fondo con esos recursos? Apalanca los créditos para la compra interna del café destinada a la exportación institucional, la cual no da más del 2,5 por ciento de rentabilidad sobre la venta, porque traslada al caficultor casi el 90 por ciento del precio internacional; asimismo, apoya a la industria cafetera con bienes públicos (investigación, publicidad y extensión) por 3,96 billones de pesos en el último decenio; traslada plata a los comités departamentales y paga las mesadas pensionales de la Flota Mercante Grancolombiana (FMG) por decisión de la Corte Constitucional, lo que en la última década costó 707.000 millones de pesos.
Estos factores han de considerarse para explicar la caída (ver gráfico) del patrimonio del Fondo Nacional del Café, entre 2016 y 2025, así como también la incidencia de la volatilidad de la tasa de cambio. No obstante, el mayor bajón –entre 2019 y 2024– es fruto del fracaso estrepitoso (y de sus réplicas en todo el sistema institucional) cuando Roberto Vélez Vallejo, gerente desde 2015 hasta abril de 2023, impulsó las ventas a futuro del grano verde con un esquema especulativo erróneo que trajo pérdidas por 116 millones de dólares.
Es inexplicable que la Contraloría, que auditó el faltante, y las nuevas autoridades cafeteras, que pudieron pasar el bache contable y retornar a una curva patrimonial ascendente, no hayan emprendido las acciones de repetición contra los máximos responsables.
Ese disparate es conocido por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien, como ministro de Hacienda y de Comercio en esos años críticos, estuvo en el Comité Nacional de Cafeteros. En dicha condición, debería explicar por qué no ejerció el poder de veto que la legislación le otorgaba frente a las perjudiciales y gravosas decisiones tomadas por Vélez y su grupo.
Las instituciones cafeteras deben preservarse frente a cualquier desaguisado depredador y mejorarse, para lo cual urge un respaldo sólido al sistema cooperativo, un mayor porcentaje de las regalías provenientes de las tiendas Juan Valdez, reforzar el control al gasto en las regiones, eliminar la reelección en los comités cafeteros a todo nivel, trasladar a otra entidad de la Hacienda el pago pensional de la FMG y crear un protocolo de absoluta transparencia, incluida la publicación abierta de las actas del Comité Nacional.
Las últimas noticias hablan de una prórroga temporal del contrato por cinco meses para “estructurar” el nuevo. Ya no será en el Gobierno Petro, se va sin firmarlo. ¡Colorín colorado!