Tras el discurso de posesión presidencial, Abelardo De La Espriella afirmó: “He planteado convertir la Altillanura en el Mato Grosso colombiano, un eje fundamental para expandir la frontera agrícola, transformar los Llanos Orientales y consolidar la gran despensa del país”. A esta visión se suman las primeras declaraciones del nuevo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, experto y conocedor del diagnóstico de la región, quien ha reiterado que la Altillanura es “la despensa natural y el mayor motor productivo potencial del país, pero permanece frenada por la deficiencia en infraestructura, la inseguridad jurídica y la falta de liderazgo”.
El mensaje es claro, el desarrollo de la Altillanura es una prioridad de Estado y el modelo de referencia es el gigante agrícola brasileño. Con el camino trazado y la voluntad política expresada, el reto actual consiste en traducir esa decisión en hechos concretos.
Antes de transformar el Cerrado y Mato Grosso en una potencia agrícola global, Brasil enfrentaba limitaciones jurídicas, políticas y técnicas similares a las de Colombia. Hasta las décadas de 1960 y 1970, esa región era considerada improductiva debido a sus suelos ácidos, pobres en nutrientes y con alta toxicidad por aluminio. La actividad se limitaba a una ganadería extensiva de muy baja productividad (entre 5 y 20 hectáreas por animal) en medio del aislamiento y la escasez de infraestructura, lo que obligaba a Brasil a ser un importador neto de granos.
Brasil superó estas barreras mediante decisión política e innovación. Un actor clave fue Embrapa (Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria), encargada de desarrollar tecnologías para la corrección de suelos, la adaptación de variedades de soya y maíz y la implementación de sistemas competitivos. Este antecedente marca la ruta para el nuevo Gobierno colombiano, que es fortalecer la investigación aplicada, la transferencia tecnológica y la extensión rural para convertir la Altillanura en una realidad productiva.
Hoy en día, las fazendas de Mato Grosso alcanzan productividades cercanas a las 3,9 toneladas de soya por hectárea, cultivan más de 12 millones de hectáreas y superan una producción anual de 50 millones de toneladas. Esta transformación también cambió la realidad de los pequeños productores y campesinos que pasaron de una agricultura de subsistencia y una ganadería precaria a integrarse como asociados y proveedores de cadenas productivas clave. Con acceso a tecnología, asistencia técnica y precios justos, la pobreza rural dio paso a una economía generadora de empleo formal y riqueza local.
Colombia no parte de cero en este camino. En la Altillanura existen casos de éxito operativos que demuestran la viabilidad del modelo, como lo son el proyecto La Fazenda, que integró con éxito la producción de maíz y soya a gran escala con la porcicultura, y también la comunidad menonita en Puerto Gaitán transformó decenas de miles de hectáreas mediante disciplina técnica y altos rendimientos agrícolas.
A pesar de este potencial probado, el país continúa importando más de 7,3 millones de toneladas de maíz amarillo al año, comprando en el exterior lo que perfectamente podría cultivar en su propio suelo.
La herramienta jurídica para revertir esta situación ya existe, es la Ley 1776 de 2016, que creó las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres). Diseñada para áreas de gran vocación agrícola, pero con altos costos de adaptación y baja densidad poblacional, esta norma permite asociar predios, atraer inversión privada e incorporar tecnología a gran escala. No hace falta crear una nueva legislación; basta con reglamentarla según las prioridades del nuevo Gobierno y ponerla en marcha.
La declaratoria de la Altillanura como Zidres genera beneficios claros e integrales. Para los empresarios representa seguridad jurídica, la posibilidad de asociar tierras, acceso a tecnología y reglas de juego estables para inversiones de largo plazo. Para los campesinos, se traduce en inclusión productiva real, la oportunidad de vincular sus predios a proyectos de gran escala, acceder a asistencia técnica, financiamiento e ingresos dignos, evitando quedar atrapados en el minifundio improductivo. Tal como ocurrió en Mato Grosso, no se trata de exclusión, sino de integración.
Sin embargo, es previsible que la oposición busque imponer obstáculos para perpetuar la brecha entre campesinos y empresarios. Mantener al campo en la pobreza, con títulos sobre tierras improductivas y sin alianzas estratégicas, responde a una lógica de confrontación que históricamente ha frenado el desarrollo rural del país.
El rumbo trazado por el presidente y el ministro de Agricultura es claro y respaldado por la voluntad política. Las evidencias en el terreno, como La Fazenda o la comunidad menonita, demuestran que el modelo funciona, y el marco legal ya está vigente. El paso a seguir no requiere más discursos, sino hechos concretos: reglamentar la norma, delimitar las primeras zonas, impulsar la investigación al estilo de Embrapa y ejecutar con firmeza.
La Altillanura no puede seguir postergándose como una eterna promesa. Ha llegado el momento de convertirla en la primera gran victoria productiva de Colombia. El camino está trazado; ahora solo corresponde recorrerlo.