El nuevo presidente ha declarado en su discurso de posesión una batalla cultural orientada a recuperar “el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto por la ley, el amor por la patria, la creencia en Dios y la responsabilidad individual”. El alcance de cada uno de estos conceptos es ambiguo. ¿Será que entendemos la familia o a Dios de igual manera? ¿No son esos los ámbitos de la intimidad en los que nadie tiene derecho a penetrar?
Esas palabras responden, desde la orilla opuesta, a la agresión sistemática, desarrollada por Gustavo Petro, contra los numerosos sectores de la sociedad que desprecia; su ostensible propósito fue conceder a otros una preeminencia violatoria del principio de igual dignidad de los ciudadanos. Petro jamás gobernó para todos.
Abelardo, para honrar sus compromisos de gobernar en función del bien común, tendría que corregir algunas posiciones de campaña, las mismas que afloraron con tanta fuerza en sus palabras como en la simbología utilizada al asumir el mando. El gobernante, que cerró su intervención en ese evento exaltando a “Cristo Rey”, no tuvo en cuenta que la Constitución invoca la protección de Dios, pero no elige a ninguna de sus posibles denominaciones.
Petro y Abelardo no son figuras insulares. Hacen parte de las corrientes extremistas que se han impuesto en otras partes del mundo. Tanto para ellos como para Putin y Trump, entre muchos otros, la disputa ya no gira solo alrededor de políticas públicas, sino también de valores, identidades, símbolos y modelos de vida. En este terreno, la Constitución de 1991 —pluralista, laica y garantista— se convierte en el campo de batalla y, al mismo tiempo, en el límite infranqueable de la confrontación.
Colombia es una nación plural y diversa. Reconoce la multiplicidad cultural como fundamento de la nacionalidad; consagra un Estado laico; protege el libre desarrollo de la personalidad y garantiza, sin excepción, los derechos humanos. Este marco ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en una jurisprudencia que, durante tres décadas, ha definido derechos y protegido identidades diversas. Esos conceptos y valores están en el centro de la disputa cultural.
Abelardo supone que la conducta moral de los ciudadanos no es asunto exclusivo del fuero personal, lo cual equivale a decir que el Estado puede ser, en lenguaje bíblico, el pastor que guía a sus ovejas, un postulado autoritario. Recuerda uno con espanto la utopía comunista: “Hacer surgir el hombre nuevo”. La sociedad avanza, así ignoremos hacia dónde, y podemos incidir en su curso, pero es funesto el empeño de alterar la naturaleza humana. Nadie puede arrogarse la facultad de decirnos en qué o en quién debemos creer y cómo debemos actuar en el ámbito de la vida privada. Si lo permitimos, la libertad personal quedaría aniquilada.
Corolario de lo anterior es que, en una sociedad liberal, la política solo cabe en relación con los asuntos comunes: el agua, la energía, la salud, la moneda, la pobreza, la desigualdad. Pero nunca sobre la vida ultraterrena, la divinidad, los vínculos afectivos. Todo esto, desde luego, bajo reglas para proteger a otros y a nosotros mismos de la posibilidad de abuso. Libertad no es libertinaje.
Petro chocó numerosas veces con el modelo liberal y pluralista de la Carta, pero, que yo recuerde, en estas materias no entró en conflicto con los tribunales. Sin mayores problemas, pudo llevar a altos cargos a personas ineptas por la sola razón de pertenecer a etnias minoritarias. Las componendas con un sector indígena para comprar apoyos políticos no fue una política cultural censurable, sino una sucesión de actos de corrupción. Convertir a los aprendices del Sena en comparsas de sus movilizaciones es reprochable, aunque no por motivos culturales.
Las batallas culturales de Abelardo pueden resultar más difíciles de afrontar que las de Petro. En especial, si intenta modificar las normas que definen la familia, el aborto, la eutanasia, los derechos de las personas que no viven su sexualidad de una cierta manera, la adopción por parejas del mismo género. Sobre estas materias la jurisprudencia constitucional ha desarrollado con precisión sus alcances. Pretender efectuar cambios legales sobre esas materias, cuando sobre ellas existe cosa juzgada constitucional, lo colocaría en dificultades para cumplir su promesa de ceñirse a la Constitución. Ha dicho la Corte que sus sentencias de constitucionalidad son “inmutables, vinculantes y definitivas”.
Aún más compleja sería su tarea si se propone “expulsar a Marx de las aulas y lograr que Dios a ellas regrese”. Lo digo porque el carácter laico del Estado está definido directamente en la Carta. Desde mi óptica agnóstica añado un punto que me parece crucial. Dios no asume partido en las contiendas políticas; no tiene pueblos elegidos. Todos somos sus hijos. Su neutralidad es absoluta. Y, por supuesto, expulsar a Marx de las aulas sería un acto de censura inaudito.
La guerra cultural en Colombia no puede resolverse por la vía de la imposición. Ninguno de los dos proyectos extremistas puede reclamar la totalidad del espacio público sin vulnerar una Constitución respetuosa de las libertades. De La Espriella tiene derecho a promover sus valores, pero no a convertirlos en moral oficial. La Constitución exige pluralismo, no hegemonía.
La pregunta de fondo es si Colombia será capaz de tramitar esta guerra cultural dentro de los límites constitucionales o si, por el contrario, la confrontación simbólica terminará erosionando, aún más, la convivencia democrática. La guerra cultural convierte al adversario en enemigo mortal, destruye la confianza pública y transforma la política en un campo de batalla permanente.
Colombia enfrenta, desde el Gobierno pasado, un desafío enorme: defender la Constitución como territorio común en medio de una disputa por el sentido moral de la Nación. La guerra cultural no desaparecerá. Pero puede ser tramitada con reglas, con límites y con respeto. La Constitución de 1991 no nos pide pensar igual: nos pide convivir en la diferencia. Ese es el verdadero desafío cultural del país.
Epígrafe. Dice san Pablo: “Ya no hay judío ni griego… porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús”. En el Evangelio de san Juan se reitera la misma idea: “A todos los que lo recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios.”