El candidato presidencial Iván Cepeda reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella un día después de las elecciones presidenciales, manifestando textualmente: “Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso, que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática, para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos. Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana”.
Esta jornada resultó histórica por su nivel de participación, dejando al presidente electo de la Espriella con el 49.66% de los sufragios, equivalentes a casi 13 millones de votos, frente al 48.70% obtenido por Cepeda, luego de que el Consejo Nacional Electoral ratificara el triunfo al desestimar por falta de justificación las impugnaciones masivas presentadas por la campaña perdedora.
Aunque inicialmente el país recibió con satisfacción la postura madura de Cepeda, su discurso y coherencia cambiaron radicalmente días después, tras reunirse con el mandatario saliente y próximo jefe de la oposición, Gustavo Petro. Siguiendo las directrices del actual presidente, Cepeda adoptó un tono de alta confrontación y anunció un bloque opositor conjunto enfocado en promover la desobediencia civil mediante cuestionamientos de poca solidez jurídica, como la doble nacionalidad del mandatario electo, omitiendo que el propio Petro ha gobernado bajo esa misma condición.
Esta nueva estrategia de resistencia total refleja la línea tradicional del petrismo, la cual suele aceptar formalmente las reglas del juego democrático mientras opera de manera soterrada para condicionarlas y mantener la polarización que caracterizó a su administración durante los últimos cuatro años.
Más allá de esta retórica, el verdadero debate radica en el inicio de un nuevo gobierno que promete mano dura, la recuperación institucional y el cierre de una gestión fallida cuya política de “Paz Total” es señalada como una alianza con organizaciones criminales para debilitar la democracia. En este panorama, surge el interrogante de si un candidato derrotado y su colectividad pueden liderar legítimamente la oposición cuando pesan sobre ellos graves sospechas que aún deben esclarecerse.
Desde una perspectiva de decencia democrática, la respuesta es un no rotundo, ya que no existirá la autoridad moral necesaria para fiscalizar al nuevo gobierno hasta que investigaciones independientes determinen la influencia real del clientelismo y de los sectores vinculados al “Pacto de la Picota” en sus resultados electorales, pues actuar de otra forma equivaldría a “poner al zorro a cuidar el gallinero”.
La política de la “Paz Total” no es un fenómeno aislado en la configuración de los resultados electorales, afectando tanto a los comicios presidenciales como a los del Congreso de la República. El balance de esta iniciativa bandera de Gustavo Petro e Iván Cepeda es calificado de catastrófico, ya que, lejos de alcanzar la prometida reconciliación, su único fin real pareció ser la expansión de grupos armados que terminaron actuando como aliados políticos.
Organizaciones criminales como las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y diversas bandas urbanas consolidaron su control territorial amparadas en ceses al fuego constantemente incumplidos, negociaciones laxas y decisiones gubernamentales que, de manera sospechosa, favorecieron a estas estructuras en plenas épocas preelectorales. En esas regiones del país, el denominado voto fusil dejó de ser una teoría para transformarse en una realidad que se reflejó directamente en los resultados a favor del Pacto Histórico y del candidato Cepeda, lo que lleva a la ciudadanía a cuestionar cuántos votos se obtuvieron bajo la sombra y coacción de dichos grupos.
Por esta razón, los colombianos exigen absoluta claridad antes de aceptar que quienes promovieron este esquema pretendan erigirse como jefes de la oposición y guardianes de una institucionalidad que nunca fue su verdadero objetivo, dado que su proyecto real apuntaba hacia un modelo dictatorial compartido con sus aliados.
A este panorama se suma el papel del clientelismo tradicional ejercido desde un gobierno que se promocionó bajo la bandera del “Cambio”. Las evidencias de esta práctica se extienden incluso al proceso de empalme actual, demostrando que una parte considerable de la votación, además del voto fusil, fue el resultado directo de una contratación pública descarada y crónica durante la administración de Gustavo Petro.
Recursos presupuestales, programas sociales y nombramientos estatales se utilizaron sistemáticamente para aceitar la maquinaria del continuismo, lo que llevó a miembros del equipo de empalme entrante, observadores internacionales y ciudadanos a reportar niveles alarmantes de compra de votos y presiones indebidas. Ante este complejo entramado de poder y recursos a favor del oficialismo, resulta sorprendente para muchos sectores cómo Abelardo de la Espriella logró imponerse en las urnas y cómo el gobierno actual no consiguió retener el poder a pesar de su maquinaria.
En su momento, Petro intentó posicionar a nivel internacional la narrativa de un supuesto fraude en el software y en la Registraduría, una estrategia que fracasó rotundamente cuando las misiones de veeduría internacional ratificaron la transparencia del proceso electoral.
Este resumen demuestra de forma contundente la estrategia que utilizaron para consolidarse como el partido mayoritario en el Congreso y alcanzar una votación superior a los 12 millones de votos, un panorama que los descalifica por completo para liderar la oposición. Quien pretenda encabezar la fiscalización al gobierno en el legislativo y en las regiones debe hacerlo con las manos limpias; de lo contrario, la democracia se enfrenta a un doble veneno. El primer síntoma de esto, que no les funcionó como esperaban, consistió en impugnar resultados ajenos mientras ocultaban sus propios vicios, recurriendo a amenazas de desobediencia civil y a la victimización cuando los números finales no les favorecieron.
Colombia votó por un giro definitivo y, bajo estas nuevas circunstancias, el presidente electo ha sido claro en que la oposición tiene derecho a existir para vigilar y proponer. Sin embargo, esta labor no puede quedar en manos de una coalición como el Pacto Histórico, de un candidato derrotado y de un mandatario saliente que arrastran la sospecha de haber querido destruir la institucionalidad a cualquier costo, una conducta que el pueblo ya castigó en las urnas.
Los cuestionamientos sobre sus vínculos con los aliados armados de la “Paz Total” y la obtención de votos mediante el uso de la contratación pública no son un lujo de los vencedores, sino una exigencia de justicia. El país no puede darse el lujo de tener una oposición secuestrada por los lastres de sus propias actuaciones de los últimos cuatro años, las cuales deben investigarse a fondo, sin miedo ni parcialidad. Las democracias nunca se defienden desde las sombras, sino con la luz de la verdad, y esa es la gran responsabilidad que asume el nuevo gobierno.
Por todo esto, ni el Pacto Histórico, ni Gustavo Petro, ni Iván Cepeda tienen la legitimidad para liderar la oposición en Colombia.