Hay momentos en los que el Estado debe dejar de administrar las crisis y empezar a resolverlas. El sistema penitenciario colombiano llegó hace mucho a ese punto. Cada nuevo escándalo dentro del INPEC, cada red criminal que opera desde una cárcel, cada extorsión ordenada desde una celda y cada caso de corrupción que involucra a quienes deberían garantizar la seguridad demuestra que el problema no es un funcionario aislado ni un director de turno. El verdadero problema es un modelo institucional que perdió su capacidad de cumplir la misión para la cual fue creado. Si de verdad queremos recuperar la autoridad del Estado, la discusión ya no puede limitarse a cambiar nombres, expedir circulares o anunciar planes de choque. Es momento de asumir que el sistema penitenciario colombiano necesita una transformación de fondo.
La magnitud del desafío explica por qué ya no bastan soluciones parciales. Hoy Colombia tiene la responsabilidad de administrar un sistema penitenciario que alberga 102.949 personas privadas de la libertad en establecimientos de reclusión, pese a contar con una capacidad de apenas 81.387 cupos, lo que mantiene un preocupante nivel de hacinamiento. Si se incluyen quienes cumplen medidas alternativas como la prisión domiciliaria y la vigilancia electrónica, el sistema penitenciario y carcelario supera las 169.000 personas bajo custodia del Estado. Esta enorme responsabilidad recae sobre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), cuyos funcionarios, especialmente el Cuerpo de Custodia y Vigilancia, tienen a su cargo la seguridad, el control y la resocialización de una de las poblaciones más complejas que administra el Estado colombiano.No estamos hablando de una entidad cualquiera de la administración pública. Estamos hablando de una institución que administra una población equivalente a la de una ciudad intermedia colombiana y cuya capacidad de control tiene efectos directos sobre la seguridad nacional.
Durante décadas, Colombia ha reaccionado a cada crisis penitenciaria exactamente de la misma manera: cambia un director, se anuncian investigaciones, se ordenan requisas masivas, se prometen nuevas tecnologías y, durante algunos días, parece que el problema estuviera bajo control. Sin embargo, apenas pasa la atención mediática, todo vuelve a ser igual. Las estructuras criminales continúan funcionando desde las cárceles, los teléfonos celulares reaparecen, las extorsiones siguen cobrando víctimas y la corrupción encuentra nuevas formas de adaptarse. Esa repetición permanente demuestra que el problema no es coyuntural. Es estructural.
Lo más preocupante es que el país ha terminado normalizando una realidad que debería resultar inaceptable para cualquier Estado que aspire a ejercer autoridad. Hoy nadie se sorprende cuando se descubre que un jefe criminal sigue dirigiendo una organización desde una prisión de máxima seguridad, cuando se conocen videos de fiestas al interior de los establecimientos penitenciarios o cuando aparecen funcionarios involucrados en el ingreso de armas, drogas o equipos de comunicación. Cada escándalo genera indignación durante unos días, pero rápidamente se convierte en una noticia más. Esa resignación colectiva ha sido uno de los mayores triunfos de la criminalidad.
La corrupción ha profundizado esa crisis. Sería injusto afirmar que todos los funcionarios del INPEC hacen parte de ella. Miles de hombres y mujeres cumplen diariamente su labor con profesionalismo, arriesgando incluso su vida en condiciones difíciles. Sin embargo, también es evidente que durante años la institución no ha contado con mecanismos suficientemente eficaces para prevenir, detectar y sancionar a quienes terminan colaborando con organizaciones criminales. Un funcionario corrupto dentro de una cárcel puede causar más daño que varios delincuentes actuando desde afuera, porque conoce el funcionamiento interno del sistema y tiene la capacidad de facilitar aquello que precisamente debería impedir.
La discusión, entonces, no debería ser si el INPEC necesita ajustes. Esa respuesta ya la dio la realidad hace muchos años. La verdadera pregunta es si el país está dispuesto a seguir sosteniendo un modelo que ha demostrado repetidamente sus limitaciones o si finalmente asumirá una transformación estructural que permita recuperar la autoridad del Estado dentro de los establecimientos penitenciarios.
Porque mientras las cárceles sigan funcionando como centros de operación criminal, ninguna política de seguridad estará completa. Es precisamente desde esa realidad que debe plantearse una reforma profunda del sistema penitenciario colombiano.
Esa transformación debe comenzar con la transformación actual INPEC, mediante una ley de la República o a través de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso al Presidente, para dar paso a una Policía Nacional Penitenciaria y Carcelaria, una institución especializada que asuma de manera integral las funciones de seguridad, custodia, vigilancia y resocialización de las personas privadas de la libertad. La diferencia no sería simplemente un cambio de nombre, sino un cambio de naturaleza institucional: dejaría de ser un organismo civil para convertirse en un cuerpo especializado de nuestra Fuerza Pública, con una estructura de mando más sólida, mayores controles disciplinarios, procesos de formación altamente especializados y una capacidad operativa superior para enfrentar las organizaciones criminales que hoy se fortalecen desde las cárceles. Esta nueva institución tendría la responsabilidad de garantizar la seguridad de todos los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, custodiar a la población privada de la libertad, realizar los traslados de internos bajo los más altos estándares de seguridad, combatir las estructuras delictivas que continúan operando desde los centros de reclusión, proteger la infraestructura penitenciaria y fortalecer los procesos de resocialización en un entorno donde prevalezcan el orden, la disciplina y la autoridad del Estado. Los funcionarios del actual INPEC que hayan desempeñado su labor con honestidad y no tengan investigaciones o vínculos con hechos de corrupción podrían ser incorporados a la nueva institución o reubicados en otras entidades del Estado, preservando su experiencia y garantizando sus derechos. Quienes hayan traicionado la confianza pública deberán responder con todo el peso de la ley.
Solo una transformación de esta magnitud permitirá recuperar el control efectivo de las cárceles y convertirlas nuevamente en instituciones al servicio de la justicia y no de la criminalidad. Colombia necesita un sistema penitenciario capaz de custodiar de verdad, resocializar de verdad y contribuir efectivamente a la seguridad de todos los colombianos. Seguir administrando un modelo agotado solo prolongará una crisis que ya dejó de ser penitenciaria para convertirse en un problema de seguridad nacional.