El paragrafito

La investigación por la que se le llama a indagatoria por soborno y fraude procesal es posterior a febrero de este año, ha recalcado la Corte Suprema en sus comunicaciones. Esta historia es una verdadera vuelta de tuerca, la fábula de un cazador cazado o la confirmación de que, entre encubrimientos y tergiversaciones a la verdad, tarde o temprano las cargas se le voltean al mafioso. En este caso, él mismo se puso frente a la justicia para denunciar a Iván Cepeda, y el máximo tribunal no solo eximió al senador del Polo, sino que le abrió investigación a Uribe por evidentes irregularidades en el proceso de la acusación.

Cuando la corte le notificó la indagatoria, este poderoso entre los poderosos publicó un trino (porque aun nada que radica la carta formal de renuncia en el Capitolio) que dejó tambaleando la institucionalidad. “La Honorable Corte Suprema me ha llamado a indagatoria, moralmente me siento impedido para actuar como senador y al mismo tiempo adelantar mi defensa. Por lo anterior renuncio al Senado de la República y pido se me acepte la renuncia”. El presidente electo Iván Duque y el bachiller Macías desde la Presidencia del Senado, soltaron perlas de respaldo a su jefe político, le pidieron no renunciar y tendieron manto de duda sobre la idoneidad del requerimiento de la Corte Suprema.  

Me atrevo a asegurar que en cualquier otro país no es así: no creo que en Perú, donde sacaron de la presidencia a Pablo Kuczynski por corrupción, o en Panamá que recibió extraditado de Estados Unidos al expresidente Martinelli para juzgarlo en su país, o en el Brasil de Lula y Dilma, y ni siquiera en la caótica Argentina, cabría duda de que aunque renuncien o los juzguen y condenen, a estos personajes siempre los investiga y juzga la máxima instancia de la justicia, en razón a su investidura, a su cargo y al poder que detentan.

Pero en Colombia no. Inmediatamente ocurrida la noticia del tuit de Uribe anunciando la renuncia, sus abogados y defensores de oficio nos enfrascaron en la discusión sobre la falsa ambigüedad que plantea lo que parece ser un mico que cuelga del artículo 235 de la Constitución, que define las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, y en la Reforma de Equilibrio de Poderes en 2015 sembraron este injerto: PARÁGRAFO. Cuando los funcionarios antes enumerados (incluye senadores, obviamente) hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas.

Esto es un texto de enmarcar. ¿Acaso alguna conducta punible puede tener relación con un cargo público?; fuera del prevaricato y el tráfico de influencias, ¿algún otro delito se puede relacionar con las funciones de senador? Porque entonces, si el soborno y la manipulación de testigos no están en el manual de funciones de los senadores, la Corte Suprema le tendría que dar paso a la Fiscalía, instancia menor en poder y en jerarquía, para asumir el proceso. Como si no se tratara de un expresidente senador, sino de un corrupto de tercer nivel.

Cuando lo grave en términos de la opinión deja de ser que Uribe es requerido por la justicia y pasa a ser la discusión sobre la posibilidad de que reciba tratamiento de justicia ordinaria como cualquier hijo de vecino, el debate público ya está muy distorsionado. Se vuelve como un reality en el que un tipo consigue solidaridades haciéndose el perseguido y cada quien saca de paseo a su leguleyito impune por las redes y los noticieros para opinar lo que la justicia debería y no debería hacer. El parágrafo aquel, el impreciso y ambiguo, permite creer a la gente que la máxima instancia de justicia no debería ser la encargada de investigarlo. ¡Hágame el favor!

Este galimatías inútil y extenuante, así como los audios que son parte de la prueba para acusar a Uribe, están circulando en las redes al alcance de cualquiera que quiera entender cómo este senador y expresidente se ha movido por los bajos fondos para tratar de amañar la verdad y evadir a la justicia que rastrea sus huellas por el paramilitarismo en Antioquia. No es más que seguirle la pista a “Esta llamada la están escuchando esos hijueputas”, para encontrar la evidencia de que una cosa son el derecho y los parágrafos torcidos, y otra la ética. Y así cada quien verá si sigue permitiendo que le metan los dedos en la boca.