Crónica de otra muerte anunciada

Mucho tenemos que aprender de la crisis que hoy atraviesa el sector turismo por cuenta de la suspensión de la operación de aerolíneas como Viva Air y Ultra. En esta contingencia, los que terminaron pagando los platos rotos fueron los más de un millón de pasajeros, que aún no tienen claro cómo les reintegrarán el dinero de sus tiquetes.

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, estaba alertado, pero no fue capaz de ejercer control y vigilancia. En lo que sí fueron muy efectivos fue en agudizar la crisis con una reforma tributaria que incrementó el IVA para los tiquetes y los servicios hoteleros. Este gobierno, que pretende suplir el petróleo con turismo, nada hizo para tomar medidas de urgencia y evitar las millonarias pérdidas en Semana Santa para las regiones que económicamente dependen de este sector. Ya son varias las iniciativas que cursan en el Congreso para bajar nuevamente el IVA, curiosamente, por parte de los mismos congresistas que votaron a favor del incremento.

Una situación muy similar están padeciendo los sistemas de transporte masivo del país que sin excepción alguna atraviesan por una crisis financiera. Dicha crisis en los sistemas de transporte se agudizó con la pandemia, la situación es tan grave, que las ciudades principales están a punto de quedarse sin transporte público, el incremento de las tarifas no logró que ciudades como Cali, Bucaramanga, Cartagena, Bogotá, entre otras, superaran las millonarias pérdidas.

En Bogotá crearon la rolita, el primer operador ¨público¨ de Colombia, pero lo que nadie sabe es que Enel-Codensa la empresa de energía de Bogotá, una entidad mayoritariamente privada, termino siendo socio sin mucha claridad de las condiciones contractuales, derrocharon 10.000 millones de pesos solo en capital para seguir bajo las mismas condiciones, sin ninguna proyección de sostenibilidad, importante conocer cómo se cumplieron los principios de transparencia, publicidad, participación y competencia. Poco se ha hablado del tema, que engaño para los bogotanos y para el Concejo que aprobó en el plan de desarrollo una empresa 100 % pública.

Lo cierto es que estas ciudades movilizan más de 3 millones de personas diariamente, la radiografía nacional es bastante preocupante: rutas que desaparecen, sistemas que se quedan sin buses; operadores que paran por falta de pago, sistemas liquidados, deudas, colados, etc., los impactos han sido muchos, por el incremento del déficit y el panorama no es para nada alentador, es necesario con urgencia lograr otras fuentes de financiación, trabajar articuladamente con los operadores, Gobierno Nacional y Gobiernos territoriales para enfrentar la crisis.

Actualmente, la tarifa que pagan los usuarios es la principal fuente para financiar estos sistemas, pero con la disminución de pasajeros, es inevitable que la desfinanciación aumente. Los directamente afectados son por supuesto los ciudadanos que padecen la mala prestación del servicio. El transporte público colectivo y masivo no debe ser una preocupación exclusiva de las entidades territoriales, los mandatarios locales difícilmente podrán solventar la crisis sin la ayuda del Gobierno nacional. Por ahora, la movilidad de millones de colombianos que no pueden desplazarse a sus trabajos y a sus casas en un helicóptero, está en manos de la adición presupuestal que se discute en el Congreso de la República. A 4 billones de pesos asciende el déficit y este Gobierno solo dejo aprobados en el presupuesto de este año 300 mil millones de pesos ¡para todos los sistemas! Somos varios los congresistas que hemos alzado la voz y generado muchas alertas.

El transporte eficiente impulsa la economía, mejora la calidad de vida, es esencial para la equidad y la lucha contra la pobreza, ayuda a enfrentar el cambio climático y conecta a las personas con los servicios básicos, después de los esfuerzos realizados, de los avances en infraestructura física y tecnológica y de los recursos invertidos, no es momento de dejar el transporte de los colombianos a la suerte. Esperemos que se cumpla la palabra del gobierno que se comprometió con no menos de 1 billón de pesos para la adición presupuestal. Esperamos que el presidente cumpla con su compromiso de entregar flotas eléctricas y ayudar a los sistemas de transporte, y que, en el caso de Bogotá, la ciudad que lo eligió, permita que se continúe con la construcción del Regiotram de occidente (que hoy está frenado por la ausencia de una licencia ambiental) y ayude con la cofinanciación del Regiotram del norte y los cables aéreos.

Pero, sobre todo, espero que el presidente Petro permita que la primera línea del metro avance y le deje a Bogotá viable la tercera línea del metro sin anteponer sus caprichos sobre el beneficio de la ciudadanía.