Cuarenta años después, la herida sigue abierta

El 6 de noviembre de 1985 no solo marcó una tragedia nacional, sino también un punto de quiebre en la relación del Estado colombiano con la justicia, la verdad y la memoria. Cuarenta años después, la herida sigue abierta. Lo más grave es que los otrora actores, hoy en el Gobierno nacional, no ayudan a sanar; por el contrario, a través de su falsa narrativa y la distorsión de los hechos, agravan la herida que aquel atroz suceso dejó en la memoria de la República y del pueblo mismo.

La toma del Palacio de Justicia fue un ataque brutal y ruin directo al corazón del Estado de derecho. Más de noventa muertos, once magistrados asesinados y once desaparecidos no pueden reducirse a un “montaje” ni a un episodio de “rebeldía”. Fue una acción armada deliberada, ejecutada por el M-19, que buscó someter la justicia al fuego de la insurgencia y enviar un mensaje político mediante la violencia. A la fecha, negar esta realidad o reinterpretarla según intereses ideológicos es una ofensa a las víctimas y una agresión al propio sistema institucional.

El indulto otorgado al M-19, en nombre de la reconciliación, fue una decisión que pretendió cerrar un ciclo de guerra. Sin embargo, esa medida de perdón no puede transformarse en una licencia para la negación histórica, ni en un pretexto para deslegitimar la memoria de los caídos. Hoy, cuando el presidente de la República —exintegrante de ese movimiento armado— intenta relativizar la responsabilidad del grupo, se rompe el equilibrio ético que debe caracterizar al liderazgo político: el respeto por la verdad y por la dignidad de las víctimas.

El discurso oficial que “reivindica” al M-19 o minimiza sus actos no contribuye a la paz; al contrario, profundiza las fracturas e infecta las heridas. Es entendible y respetable que los dirigentes tengan una visión política, pero no se puede reescribir la historia a su conveniencia. En un Estado democrático, la autoridad moral del presidente se sustenta en la defensa de las instituciones, no en la indulgencia frente al terrorismo que las atacó.

Colombia no necesita mitificaciones ni discursos románticos sobre el pasado armado. Necesita justicia. Necesita verdad. Necesita respeto por la memoria. Los caídos del Palacio de Justicia no representan una página incómoda que se pueda borrar; son el símbolo del sacrificio de quienes defendieron la legalidad hasta el final. Ver hoy a sus victimarios convertidos en figuras de poder que los revictimizan, mientras sus familias siguen buscando justicia, es una afrenta a la ética pública.

La reconciliación nacional no se construye exaltando a los violentos ni deslegitimando a las instituciones que sostienen la democracia. Se construye al reconocer el dolor de las víctimas, al asumir responsabilidades y garantizar que la historia no se repita. El Palacio de Justicia no puede ser el símbolo de la impunidad; debe ser el recordatorio permanente de que, sin justicia, la paz será siempre una ficción.

En este contexto, resulta alentador constatar la unidad y la dignidad institucional de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Su presencia conjunta, en representación de los servidores de estos Altos Tribunales, constituye un acto de memoria y respeto hacia quienes ofrendaron su vida en defensa del orden jurídico y de los valores republicanos. Este gesto reafirma que, pese a las sombras del pasado y a las tensiones del presente, el poder judicial sigue siendo el pilar que sostiene la legalidad y la independencia del Estado.

En contraste, resulta profundamente lamentable la posición del presidente Gustavo Petro, quien insiste en reinterpretar la historia para justificar a sus antiguos compañeros de militancia en el M-19. Su narrativa no solo niega la gravedad de los hechos del Palacio de Justicia, sino que revictimiza a quienes fueron secuestrados, torturados y asesinados en nombre de una causa armada que pretendió subvertir la democracia por la vía de la violencia.

Colombia ha resistido múltiples intentos de destrucción institucional. En el pasado, la amenaza llegó desde los fusiles; hoy, se cierne desde los discursos del poder. Sin embargo, la nación ha demostrado una y otra vez que sus cimientos democráticos son más fuertes que cualquier proyecto personal o ideológico. Frente a los intentos de tergiversar la historia y debilitar las instituciones, el pueblo colombiano se levanta con firmeza, con lo cual reafirma que la República no se negocia ni se rinde.

A las familias Gaona, Medellín, Reyes, Gnecco, Calderón, González, Patiño, Medina, Montoya, Serrano, Velásquez y a todas las demás víctimas de la cobarde toma del Palacio de Justicia, les expreso mi más sincero apoyo y una voz que no callará hasta que se haga justicia. Porque recordar no es abrir heridas, es impedir que vuelvan a sangrar.