De vencedores y vencidos

No es grato tener que hacerlo, pero si se tiene en mente que lo prevalente es la pacificación del país, hay que decirlo. Los “ganadores” –al menos en el corto plazo– con la explosión del carro-bomba la semana pasada, fueron sus autores intelectuales, y lo fueron más que por su perversión, por la reacción del Presidente de la República. Y claro está, perdimos las colombianas y los colombianos, empezando por los rehenes en poder de las Farc.

Sean quienes hayan sido, las características sobresalientes del atentado denotan unas perversas y sofisticadas mentes en el planeamiento y la ejecución. El momento político escogido parece haber sido analizado detenidamente. Por esa mente desfilaron los elementos resaltantes del clima de opinión: primeros meses del re-electo Presidente de la Seguridad Democrática en los que no se percibía mucho entusiasmo, los presuntos “falsos positivos” de miembros del Ejército sin aclarar satisfactoriamente, el “ablandamiento” del gobierno hacia las Farc, el incipiente proceso de paz con el Eln, el debate en el Congreso –detonado por el computador de ‘Jorge 40’– poniendo en entredicho el proceso de paz con las Auc. En fin, una coyuntura política clave para “pescar en río revuelto”.

Si sumamos las potenciales víctimas directas, el lugar escogido y la meticulosidad táctica y técnica en la ejecución del atentado, no estamos ante mentes improvisadas ni desesperadas. Por el contrario, se trataría de una especie de “club de ajedrecistas” fríos y calculadores. A los que hay que responder con serena inteligencia y audacia acompañada de pensamiento y voluntad realmente estratégicos.

Ahora bien, ¿quiénes pudieron haber sido y por qué? La hipótesis (tesis para el gobierno) de las Farc tiene argumentos importantes diferentes a la interceptación de comunicaciones que, dicho sea de paso, es un indicio débil. En la historia de las guerras abundan los casos de operaciones de engaño con base en comunicaciones interceptadas.

A las Farc les convenía poner en entredicho la implementación de la política de seguridad democrática con el atentado. Después de cuatro años de “aguante”, qué mejor momento para hacer esa demostración de fuerza “no desesperada”. Qué mejor manera de hacer ver que cuando la respuesta del gobierno al reto que plantean se centra en lo exclusivamente militar..., “cuando la guerrilla no pierde gana, y cuando el Estado no gana pierde”; y las pocas veces que “gana” la guerrilla su impacto en la opinión pública es mayor, especialmente con un acto terrorista de las mencionadas características.

También es probable que a la vez hayan decidido abortar abruptamente el “intercambio humanitario”. Sea porque no lo veían viable dadas las últimas posiciones adoptadas por el Presidente y el Ministro de Defensa, o porque los rehenes les estarían proveyendo una especie de cortina de seguridad contra bombardeos en la selva apoyados por la tecnología de Estados Unidos.

Pero también habría otros a quienes les convenía el atentado. Aquellos de quienes, sin dar nombres, habló Carlos Castaño (q. e. p. d) en el libro Mi Confesión. Los que se reunían a puerta cerrada para decidir a quién “le tocaba el turno de morir”. Personas –incrustadas en la elite socio-política– hoy rondando quizá los 60 años de edad con hijos (as) ya mayores, incluso con nietos, que no podían correr el riesgo de que se conozca la verdad detrás del paramilitarismo, puesto que se derrumbaría estrepitosamente el paradigma que han constituido para los suyos y allegados.

Los mismos que estaban viendo con preocupación creciente el “ablandamiento” del Presidente, que llegó incluso a mencionar una Asamblea Constituyente como punto de llegada de un proceso de paz. Quienes calculan que cuando se crece el “monstruo de las Farc”, obviamente se endurecen las posiciones de “guerra contra la guerrilla”, y, “de carambola” se ablanda la manera de ver el paramilitarismo: “dejen de fregar tanto con la verdad, al fin y al cabo están en un proceso de paz, y siempre han sido ‘un mal menor’”.
Mensaje este que también esperan llegue al Departamento de Estado de Estados Unidos, donde hay funcionarios como Nicholás Burns, quien respondiendo a una pregunta relacionada con posible impunidad en la ley de “Justicia y Paz”, acaba de decir: “…Trataremos de seguir financiando algunos aspectos. Hay temas que deben ser tratados. Por ejemplo, si algunas previsiones de la ley son demasiado indulgentes y si se está haciendo justicia” (El Tiempo, 26-10-2006. p 1-4).

Los presuntos responsables del atentado de esta segunda hipótesis lo único que pondrían es la idea, la decisión, y el dinero, seguramente proveniente de narcos. El resto lo harían otros que bien pueden ser paramilitares, militares retirados corruptos, o, eventualmente, algún activo de grado mínimo coronel, doblemente corrupto.

Pero hay otras hipótesis que surgen de combinar las anteriores: ¿Es acertado partir de la premisa de que la unidad de las Farc es monolítica? Por el dinero, ¿puede la idea original salir de aquellos miembros de la elite y terminar siendo ejecutada por elementos de las Farc? En fin, dejemos que los investigadores cumplan con su deber.

De cualquier manera que haya sido, el punto lamentable y de mayores consecuencias en contra de la pacificación del país es el de poder afirmar que con el tono y buena parte del contenido del discurso del Presidente a raíz del atentado, el primer mandatario actuó a favor de las pretensiones de cualquiera de los posibles autores intelectuales.

Si fueron las Farc, porque –además de satisfacer las conveniencias ya mencionadas– siempre que se les da la oportunidad buscan, tanto en lo político como en lo militar, poner al gobierno en el papel del “toro bravo”, asumiendo ellos el del “torero”. Calculan que, generalmente, el último lleva las de ganar. Aun más, si fue decisión de un jefe de las Farc sin aprobación previa de los demás, los términos con que se refirió el Presidente a tres de ellos les evitaron el problema de manejar peleas internas en plena guerra. Si fueron aquellos incrustados en la elite socio-política del país, cualquier comentario sobra.

Todo lo anterior lleva a concluir que si no se revalúa la conducción de la Política de Seguridad Democrática, si los máximos responsables de su implementación no hacen un alto en el camino y dejan a un lado el –en términos estratégicos– inconducente “eficientismo” que se ha pretendido reforzar con el “efectismo de la comunicación pública”, estaremos presenciando el comienzo del fin de la legitimación que ha logrado dicha política.

(*) Coronel retirado. Magíster en estudios políticos, profesor Universidad de la Sabana.