El cambiazo

Pasan cosas raras en la Fiscalía. Hace unos días desapareció de un expediente una resolución de preclusión a favor de unos procesados. La fiscal encargada del despacho fue removida y en su lugar designaron otro fiscal que asegura desconocer la existencia de la decisión anterior y que optó por proferir una resolución en sentido contrario.
No se quién tiene la razón en el caso, en el que la ex notaria 45 de Bogotá Irma Sus Pastrana denuncia a los constructores Mauricio Rachid y Julián Bonilla por la venta de un local en un centro comercial. No conozco a ninguno de los protagonistas, ni tengo información detallada del pleito. Pero salta a la vista que en este proceso se vienen cometiendo irregularidades.

El 23 de abril de este año, la fiscal seccional 153 encargada, Alba Mery Otálvaro, determinó que no había méritos para que los constructores fueran acusados de estafa y en consecuencia precluyó el proceso a favor de ellos y ordenó archivar las diligencias. Lo que debía seguir era la notificación a las partes, pero en este punto el tema se empezó a enredar.

El superior inmediato de la fiscal, coordinador de la Unidad III de delitos contra la fe pública y el patrimonio, Juan Carlos Lozada Perdomo, le pidió a la funcionaria judicial que le entregara todo el expediente. Cuando los abogados de los procesados fueron a pedir copia de la resolución de preclusión, el coordinador les dijo que esa resolución no existía.

Días después, la fiscal Otálvaro fue relevada del cargo y posteriormente trasladada a Medellín. Otra fiscal fue encargada del despacho, pero cuando se enteró de la existencia de la resolución perdida, se abstuvo de proferir medida alguna hasta que terminó su encargo.

Fue así como el coordinador Lozada encargó de la fiscalía 153 a Herles Max Cortés. El nuevo encargado decidió actuar como si la resolución de su antecesora realmente no existiera, y el 17 de junio de este año dictó resolución de acusación contra Rachid y Bonilla.

La resolución sí existe. Tengo una copia firmada y foliada con la numeración consecutiva del expediente del que fue extraída. El proceso, muy accidentado desde el comienzo, ha sido objeto de presiones por parte de directivos de la Fiscalía para favorecer a una de las partes. Otros funcionarios judiciales que también tuvieron conocimiento del caso recuerdan que suscitaba gran interés en Patricia Santamaría, la antecesora del coordinador Lozada, y en Melba Mogollón, entonces directora seccional de Fiscalías. Lo más grave es que no es la primera vez que fiscales reciben insinuaciones “desde arriba” en unos casos especiales.

Hace apenas unos meses, Claudia Guantiva, la fiscal que manejaba el caso Bancolombia, denunció en carta al Fiscal General que Melba Mogollón, la misma directora seccional de Fiscalías, y el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Ramiro Marín, le habían indicado el sentido de una medida que debía tomar en el sonado proceso.

Al final, de nada sirvió la denuncia, quien salió del caso fue la fiscal Guantiva.
Por eso, no creo que se pueda esperar mucho de la Fiscalía en la investigación de sus propios escándalos.

Los abogados de los afectados por el cambiazo se dirigieron al fiscal general, Mario Iguarán. Pidieron reasignar la investigación y denunciaron penalmente al fiscal Herles Max Cortés y al coordinador Juan Carlos Lozada.

Sobre el cambio de asignación ya les contestaron. Les dijeron que el señor Fiscal General lo está estudiando. Quien firma la carta es (asómbrense) Ramiro Marín, como Jefe de Fiscales Delegados ante la Corte, a cargo de “asignaciones especiales”.

La denuncia penal, será tramitada por un cuerpo elite anticorrupción. Se llama el Grupo de Investigación a Funcionarios de la Fiscalía, una severa unidad de moralización que opera bajo el mando de la antigua directora seccional Melba Mogollón.