En esta campaña por la Presidencia de Colombia estamos presenciando una degradación ética sin precedentes, marcada por la abierta participación política del Ejecutivo y de diversas instituciones del Gobierno en favor del candidato que representa la continuidad del actual proyecto político.
Atrás parecen haber quedado el respeto por los valores democráticos, el papel del presidente de la república como referente de la unidad nacional, así como la decencia y la imparcialidad que la Constitución de 1991 exige a quienes ejercen funciones públicas.
Dentro de las múltiples estrategias orientadas a preservar el poder se encuentran el desconocimiento de los resultados de la primera vuelta, las reiteradas e infundadas acusaciones contra la transparencia del sistema electoral colombiano y la utilización indiscriminada de recursos públicos, así como la injerencia de altos funcionarios para influir en el voto de los empleados del Estado. No menos preocupante resulta la coerción que ejercen estructuras armadas ilegales en favor del continuismo en un número significativo de municipios del país.
Estos cuatro años de gobierno se han caracterizado por una preocupante relajación de los valores éticos y por la pérdida de principios fundamentales que sustentan la convivencia y las normas de comportamiento civilizado. El concepto de autoridad se ha desvirtuado, la disciplina parece haber perdido relevancia y el respeto por las normas y los derechos ciudadanos tiende a debilitarse cada vez más.
Dar continuidad a las políticas y al pensamiento ideológico que hoy orientan al Gobierno significaría normalizar prácticas que conducen al debilitamiento institucional del país en detrimento del bienestar colectivo y de las libertades ciudadanas. Los valores propios de la democracia podrían erosionarse progresivamente, mientras la esperanza entra en una espiral descendente que afecta la confianza, las libertades y el optimismo de la población.
Todo eso está en juego el próximo domingo 21 de junio. Nos enfrentamos a una disyuntiva trascendental: preservar la democracia, con todas sus virtudes y defectos, o avanzar hacia un escenario de incertidumbre en el que la esperanza se vaya extinguiendo hasta poner en riesgo el Estado social de derecho que conocemos.
En este contexto, resulta cuando menos paradójico que la campaña oficialista afirme que se la juega por la vida, mientras figuras representativas de ese mismo movimiento político amenazan con incendiar el país en caso de una victoria de la oposición, una situación sin antecedentes recientes en Colombia.
Por el contrario, la campaña de Abelardo de la Espriella y de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, ha mostrado coherencia, conocimiento y claridad en sus propuestas para recuperar el rumbo nacional. Un amplio sector de la ciudadanía percibe que la seguridad, el orden, la justicia y el respeto por la institucionalidad son condiciones indispensables para reconstruir la confianza y retomar la senda del progreso. Solo así será posible impulsar nuevamente el desarrollo e inversión y afrontar con éxito los grandes desafíos sociales que tienen todos los colombianos.
Este domingo no debemos ser indiferentes. Salgamos a votar masivamente. Esa es la mejor manera de preservar la esperanza y de asegurar un futuro promisorio para las próximas generaciones.
Todavía estamos a tiempo. La solución y el futuro están en nuestras manos.