Cuando un presidente de la República justifica una conducta indebida con el argumento infantil de ‘si tú lo haces, yo también’, no está defendiendo la soberanía nacional. Está revelando, con toda crudeza, que carece de la estatura moral e institucional que exige el cargo que ocupa.
Eso fue exactamente lo que ocurrió esta semana con Gustavo Petro. En una entrevista exclusiva concedida a la revista SEMANA el 18 de abril de 2026, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, criticó duramente la gestión de seguridad en la frontera colombo ecuatoriana. Noboa señaló que Colombia ha perdido el control de parte importante de su frontera sur, permitiendo que grupos armados y el narcotráfico operen con relativa libertad, lo que ha obligado a Ecuador a destinar cientos de millones de dólares anuales para contener la violencia que se desborda hacia su territorio.
En lugar de responder con argumentos de Estado, datos o diplomacia, Petro recurrió al viejo truco: “Si Noboa se mete en Colombia, yo me meto en Ecuador”. Publicó una fotografía de Noboa junto a candidatos ecuatorianos y acusó al mandatario ecuatoriano de apoyar el narcotráfico en Colombia. El mensaje fue claro: “Si tú intervienes, yo también tengo derecho a hacerlo”.
Este razonamiento es inaceptable en un jefe de Estado. El principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países no es opcional ni depende de lo que haga el vecino. Está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Que otro mandatario critique u opine no le otorga licencia de forma automática para responder con la misma moneda. La obligación de respetar las normas internacionales no disminuye cuando el vecino las ignora; al contrario, aumenta cuando se representa a todo un país.
Pero vayamos a los hechos que Petro prefiere ignorar.
La frontera colombo ecuatoriana, de más de 700 kilómetros, se ha convertido en uno de los corredores más peligrosos de la región. Desde que Gustavo Petro asumió la presidencia en agosto de 2022, Ecuador ha registrado un incremento dramático en el flujo de cocaína proveniente de Colombia. En 2023, Ecuador decomisó más de 220 toneladas de cocaína, la gran mayoría procedente de Colombia, y las cifras se mantuvieron en niveles récord durante 2024 y 2025.
Provincias como Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos se han convertido en zonas de alta influencia de grupos criminales colombianos como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el Eln. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023 y la ola de violencia carcelaria y urbana que sufrió Ecuador tienen una conexión directa con el fortalecimiento de estas estructuras en la frontera.
Mientras Ecuador se ve obligado a declarar estados de emergencia permanentes y gastar recursos millonarios en seguridad, el Gobierno colombiano ha impulsado una política de paz total que, en la práctica, ha significado una reducción significativa de la presión militar sobre los grupos armados en departamentos como Putumayo, Nariño y Cauca. El resultado ha sido predecible: los narcotraficantes han ganado terreno y utilizan el lado colombiano como base de operaciones contra Ecuador.
Noboa no está interviniendo por capricho. Está reaccionando a una realidad que Colombia no ha querido o no ha podido controlar bajo el Gobierno de Petro. Acusarlo de injerencia mientras se permite que el narcotráfico colombiano desestabilice a un país vecino no solo es cínico, es irresponsable.
Aquí se hace evidente el doble estándar de Petro: exige respeto absoluto a la soberanía cuando le conviene, pero se siente con derecho a opinar, atacar o intervenir en los asuntos internos de otros países cuando le place. Esa lógica no corresponde a un estadista, sino a un agitador político que nunca abandonó esa mentalidad.
Un presidente no puede comportarse como un ciudadano común en redes sociales. Sus palabras y acciones comprometen la dignidad y la seriedad institucional de todo un país. Cuando cae en la lógica del ‘ojo por ojo’, no solo se rebaja personalmente, sino que degrada la institución que representa.
La verdadera grandeza de un gobernante se mide por su capacidad de actuar con responsabilidad y mesura incluso cuando tiene motivos para no hacerlo. Petro, una vez más, eligió la pequeñez. Prefirió responder con resentimiento y doble moral en lugar de asumir la responsabilidad que le corresponde sobre el grave deterioro de la frontera sur.
Los presidentes pasan. Lo que queda son las consecuencias de su irresponsabilidad, su doble moral y su falta de estatura. La Presidencia de Colombia le queda a Gustavo Petro, simplemente, demasiado grande.