Los drones han cambiado por completo la guerra asimétrica, al permitir que grupos relativamente pequeños de combatientes utilicen tecnología barata y disponible en el comercio regular para luchar contra enemigos comparativamente más fuertes. Según cifras del Ministerio de Defensa, en Colombia se produjeron unos 382 ataques con drones entre abril de 2024 y noviembre de 2025.
Es una evolución otrora insospechada de la guerra asimétrica. Aparatos que llegaron al mercado como poco más que juguetes, con usos recreativos, creativos y artísticos, siendo modificados para transportar cargas explosivas de alto impacto. Lamentablemente, la reacción del Estado ha sido, cuando menos, torpe y ha estado plagada de irregularidades.
Lo de torpe tiene que ver con la Resolución 000242 de 2025 de la Dian, que desde enero de este año restringe y centraliza el ingreso de drones y sus partes a Colombia para reforzar la seguridad nacional. Es difícil no ver de dónde surge la justificación, pero tratar de atajar la entrada legal de drones por el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y el puerto de Cartagena, prohibiendo su llegada por cualquier otra ciudad, incluyendo vía tráfico postal o compras online, habla de la incapacidad para controlar su uso una vez en el país.
Para eso, para controlarlos, se planeó una de las inversiones en tecnología militar más elevadas en la historia reciente de la Nación: $ 6,3 billones de pesos asignados para la estructuración del Escudo Nacional Antidrones.
Lamentablemente, la evolución de esa idea, sin duda prioritaria y más que justificada, se ha visto entorpecida por vacíos preocupantes en materia de rigurosidad técnica en la selección e integración de los componentes tecnológicos de protección. Esta semana, cuando el Gobierno de Abelardo De La Espriella reveló El libro de la verdad con presuntos hechos de corrupción de la administración de Gustavo Petro, no sorprendió ver citado, entre sus casos, el del Escudo Nacional Antidrones.
En el libro se citan “cuestionamientos relacionados con la transparencia del proceso, la reducción de oferentes, la metodología de evaluación, presuntos conflictos de interés, aspectos que requieren mayor claridad en la planeación y la ausencia de pruebas integrales, pues la Contraloría identificó, en sistemas antidrones adquiridos durante el cuatrienio, detecciones de drones solo a 300 y 430 metros frente a requisitos mínimos de 2 km, además de fallas de identificación, georreferenciación e inhibición de drones, advirtiendo un riesgo operacional crítico”.
Un rango de cobertura inferior a 500 metros reduce el tiempo de reacción a unos pocos segundos, lo que en la práctica anula cualquier capacidad de neutralización o, incluso, evacuación. A esto se suman deficiencias documentadas en la inhibición efectiva de señales de radiofrecuencia, lo que convierte a las herramientas en dispositivos decorativos ante ataques coordinados o sistemas con capacidades de navegación autónoma mediante posicionamiento por satélite.
El problema, entonces, no radica en la necesidad de desplegar capacidades de neutralización, sino en los criterios técnicos utilizados para evaluar la efectividad de las herramientas adquiridas. La brecha entre las especificaciones en papel y el rendimiento en terreno es más que una falla en la fase de planeación, y expone vidas humanas en el contexto de una guerra asimétrica como la colombiana.
La complejidad técnica del proyecto exige que cualquier propuesta seria comience por abandonar la noción errónea de un domo impenetrable capaz de cubrir la totalidad del territorio nacional. La física de las ondas electromagnéticas, la topografía accidentada colombiana y la atenuación de señal por vegetación densa impiden la efectividad de una solución única y centralizada. Pretender proteger cada estación de policía, alcaldía o puesto avanzado con un modelo homogéneo resulta inviable desde el punto de vista presupuestal y logístico.
En una charla reciente con Luis Guillermo Sandoval, CEO de Bansat y experto en sistemas antidrones, conocí su visión de un modelo “multicapa y multitecnología”, que integre radares especializados, sensores de radiofrecuencia, sistemas electroópticos, plataformas de comando y control, y mecanismos de mitigación. Bajo esa mirada, esos sistemas deberían poder interoperar, compartir información y funcionar de manera ágil y coordinada. Creo que la cosa es por ahí y por ahí hay que avanzar.
Porque, que nadie se engañe, el Escudo Nacional Antidrones es necesario. Urgente. No puede ser que a la complejidad técnica de su estructuración se sumen inconsistencias en la metodología de evaluación. Sencillamente, hay demasiado en juego.
Interoperabilidad. Verificación previa del cumplimiento de los alcances espectrales. Transparencia en la selección. Esa es la ecuación que determinará la utilidad real de lo que es, en todo caso, un monumental gasto público. Como lo dice correctamente El libro de la verdad, “Colombia corre el riesgo de adquirir capacidades insuficientes o inadecuadas”, lo que comprometería la seguridad de miles de ciudadanos y desperdiciaría una inversión, en cualquier caso, monumental, que debe fortalecer, y no debilitar, la defensa nacional.