EL FALLO DE LA PROCURADURIA

Es comprensible la reacción de horror que sufrió la opinión pública cuando se enteró de la petición de destitución contra el general Jesús Armando Arias Cabrales.

Al fin y al cabo, la opinión sólo cuenta con los elementos que tiene en su escenario, en este caso dos totalmente enfrentados: de un lado el M-19, el agresor, absuelto, dueño del Ministerio de Salud y a punto de convertirse en el gran reformador de la Constitución Nacional. Y al frente el defensor, el general Arias Cabrales, condenado, llamado a calificar servicios y ahora "pedido en destitución," por su actuación en la recuperación del Palacio de Justicia.

No debió faltar quien pensara amargamente en todo lo que ha cambiado el país. ¿Quién iba a creer, hace cinco años, que Antonio Navarro saldría por los canales de la televisión solicitando clemencia y perdón para el general Arias Cabrales?
Lo que a la gente, precisamente colocada en tan absurda disyuntiva, le queda difícil entender, es que la Procuraduría hizo exactamente lo que le tocaba hacer. No hizo ni más, ni menos. Por el contrario, de no haberse pronunciado sobre este caso, cuya investigación, como ordenaba la ley, fue iniciada y continuada por los tres procuradores anteriores al actual, se habría cometido prevaricato, porque entre las funciones de la Procuraduría está precisamente esa: enjuiciar a los funcionarios públicos por omisión de sus funciones o por extralimitación en el ejercicio de éstas.

El actual procurador, Alfonso Gómez Méndez, le ha dado al país, en las difíciles épocas en las que le ha correspondido estar ahí, pruebas más que suficientes de rectitud y de integridad. Y precisamente haciendo lo que le tocaba hacer le demostró al país que, al contrario de lo que se dijo en un comienzo, no era la clase de funcionario que había llegado a su cargo a defender los intereses particulares de Germán Montoya o de Jaime Michelsen. En varias ocasiones se ha apartado abiertamente de las inclinaciones del Gobierno, éste y el anterior, porque así lo ha exigido el fallo en favor de los intereses de la nación. Su campaña contra el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos ha activado una valiosa arma de la sociedad contra la corrupción administrativa, que existía hace diez años pero que estaba sin estrenar. Y algo más, que saben los periodistas: depuró a fondo sus propias dependencias, donde antecesores suyos toleraron -no necesariamente por complicidad tanto como por inodolencia- la existencia de telarañas del narcotráfico.

Ignoro cuáles fueron esos elementos jurídicos que tuvo en cuenta la Procuraduría para fallar como falló. Yo, personalmente, habría absuelto al general Arias, por la sola consideración de que a un hombre que salva 300 rehenes no se le puede condenar porque no pudo salvar a 90. Por lo demás, tengo una estupenda impresión personal del General, un militar calmado, modesto, discreto y pobre, que en el reino de los militares que exhiben suntuosas mansiones al lado de sus estrellas, constituye una prueba de inobjetable virtud.

Pero todas estas son consideraciones románticas que me impedirían ejercer adecuadamente las funciones de un juez. El investigador de la Procuraduría tuvo ante sí elementos de probatorio peso específico, como las muertes de rehenes no atribuibles a armas guerrilleras, la desaparición de una guerrillera repetidamente vista por fuera del Palacio, y los indicios de que más que la vida de los rehenes, tuvo prelación la derrota de la guerrilla.

El propio presidente Gaviria expresó sus públicas reservas sobre la forma como se desarrolló el operativo militar, cuando en noviembre 12 de 1985 dijo: "El acto fue tan condenable como la agresión, porque la respuesta fue tan sangrienta y cruel que el resultado hace equiparable el acto ilegal con el de la defensa de la ley,"

Por eso, no cabe duda, entre los primeros cambios militares que hizo el nuevo Gobierno en coherencia absoluta con el pensamiento de su Presidente, estuvo el de llamar a calificar servicios al general Arias Cabrales, que iba en directa línea de ascenso hacia el Ministerio de Defensa. La solicitud de destitución de la Procuraduría sólo vendría a tener un efecto simbólico sobre un hecho cumplido.

Lo único que tengo claro es que la ecuación agresor-libre vs. defensor- condenado es uno de esos embotellamientos de la justicia que le duelen en el alma a un país.

Pero si la Procuraduría, dejando simplemente que prescribiera este caso, hubiera permitido que la oportunidad del fallo primara sobre su contenido, habría actuado parecido a la Corte Suprema, que por razones políticas confesas absolvió la inconstitucionalidad evidente de la Asamblea Constitucional. Sin embargo, el país no se puede acostumbrar a que sus jueces hablen por razones políticas. Ni tampoco, como parece estársele exigiendo en este caso al Procurador, que callen por razones políticas.