Tanto el Foro de São Paulo como el Grupo de Puebla son espacios de articulación política de la izquierda en América Latina y el Caribe. El primero es una instancia permanente que reúne partidos y movimientos políticos de izquierda de la región, cuyo principal referente ha sido el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde el Partido de los Trabajadores. Su objetivo central ha sido la coordinación de posiciones políticas, la oposición al modelo neoliberal y la promoción de la integración latinoamericana bajo el principio de la soberanía de los Estados.
Esta estrategia ha tenido resultados evidentes en los últimos años, cuando dichos sectores lograron acceder al poder en la mayoría de las hoy debilitadas democracias de América Latina y el Caribe.
A este proceso se suma el Grupo de Puebla, un foro político integrado por partidos y líderes progresistas de América Latina, así como de España y Portugal, que complementa y refuerza esta articulación ideológica y estratégica a nivel internacional.
Michelle Bachelet, José Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Correa y Gustavo Petro han sido algunos de sus principales líderes y hoy son señalados como responsables del giro político que ha experimentado la región, impulsado en gran medida por intereses particulares.
Estos dos grupos tuvieron una prioridad y un desarrollo políticos significativos durante las últimas décadas, lo que les permitió gobernar con amplia libertad, especialmente en América del Sur y Centroamérica. Sin embargo, este prolongado ejercicio del poder fue generando un desgaste progresivo entre sus electores, lo que ha propiciado un cambio radical en el rumbo político de la región.
El péndulo, que durante años se inclinó hacia la izquierda, ha girado con fuerza hacia ideologías de derecha, tendencia que ha venido consolidando especialmente en la última década.
Este giro responde, en gran medida, a un profundo descontento social y económico. Paradójicamente, uno de los principales ejes discursivos de estos gobiernos —la lucha contra la corrupción— terminó siendo el punto en el que muchos de ellos cayeron. La mayoría de los gobiernos de izquierda han sido señalados por graves escándalos de corrupción y por una deficiente gestión pública, lo que erosionó de manera significativa su legitimidad y su respaldo popular.
A ello se suma la falta de implementación de políticas económicas eficaces, el aumento de la inseguridad, las recesiones y las recurrentes crisis económicas vividas en la última década, factores que condujeron a un profundo desencanto ciudadano.
Este contexto abrió paso a la llegada de líderes de derecha y conservadores, muchos de ellos catalogados como populistas, pero que han logrado capitalizar el compromiso con el orden, la seguridad y el crecimiento económico, recuperando así la confianza que los ciudadanos habían perdido en sus gobernantes.
Dentro de este giro político resulta relevante destacar casos como el de Argentina, con la elección del libertario Javier Milei; Paraguay, con Santiago Peña; Ecuador, con Daniel Noboa; Chile, con la reciente elección de Antonio Kast; y Bolivia, donde dos candidatos de centro-derecha disputaron la segunda vuelta, resultando vencedor Rodrigo Paz. En Centroamérica, el reciente triunfo de Nasry Asfura en Honduras, respaldado por Donald Trump y alineado con el modelo de gobierno de Nayib Bukele en El Salvador —hoy principal referente regional—, confirma esta tendencia, con la excepción de México.
Todo ello evidencia el agotamiento y el cierre de un ciclo político que, aunque fue temporalmente exitoso, marcó el accionar del Foro de São Paulo y del Grupo de Puebla.
A ello se suma que los actuales líderes de la izquierda, representados por figuras como Lula da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, ya no generan confianza en su narrativa política. Su discurso se ha visto debilitado por la cercanía y la influencia de actores y estructuras asociadas al crimen organizado, cuyo principal referente regional es hoy Nicolás Maduro.
Esta situación ha sido aprovechada estratégicamente por el presidente Donald Trump, quien entendió que, mediante apoyo financiero, militar y político, podía poner en jaque no solo a los líderes progresistas de la región, sino también impulsar un giro ideológico hacia la derecha, escenario que probablemente se consolide próximamente en países como Colombia y Brasil.
El cambio político que se está produciendo en Sudamérica y Centroamérica abre la puerta a la implementación de modelos económicos de corte neoliberal, caracterizados por la reducción del gasto público y el impulso al crecimiento económico, como ya se observa en países como Argentina, Ecuador y El Salvador.
Este giro hacia gobiernos de derecha fortalecerá de manera inevitable las relaciones con los Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Trump, y afectará directamente los vínculos con China y Rusia, los cuales se habían intensificado durante los gobiernos progresistas en la región.
En materia de seguridad, no cabe duda de que se están implementando —o se implementarán— políticas de mano dura contra la delincuencia y el crimen organizado, siguiendo modelos como el aplicado por el presidente Nayib Bukele, que hoy se presenta como un referente regional en esta materia.
Al cierre del presente año y a las puertas de tomar la decisión más importante para el futuro de nuestra democracia en 2026, los colombianos deberemos definir si continuamos con un gobierno aliado de la llamada “paz total”, cuyos efectos han sido gravísimos en materia de seguridad y de un crecimiento desbordado de la violencia.
Los grupos al margen de la ley han aprovechado esta coyuntura política para fortalecerse y expandir su influencia, no solo en las zonas rurales, sino también en las áreas urbanas. La persistencia de negociaciones con organizaciones criminales ha consolidado un escenario de impunidad que afecta profundamente la institucionalidad y la gobernabilidad del país, erosionando la confianza de los ciudadanos en el Estado.
Estoy convencido de que la mayoría de ustedes, amigos lectores, no desea ese camino para sus familias ni para las futuras generaciones. La alternativa es tomar la determinación de derrotar al actual gobierno e implementar una política de mayor autoridad, que permita recuperar la seguridad, restablecer la presencia del Estado y fortalecer la institucionalidad. Este cambio abriría la puerta a mejores relaciones con los países del hemisferio que ya han optado por ese rumbo, así como a una política económica más liberal, capaz de atraer inversión nacional y extranjera y de impulsar un crecimiento económico sostenido.
Poner fin a la política de “paz total”, recuperar la autoridad del Estado y encaminar nuestra democracia por los mismos principios que hoy adoptan la mayoría de los países de la región permitirá la conformación de un bloque sólido que garantice un mejor presente y un futuro estable para nuestro país. Ese objetivo solo será posible si participamos masivamente en las elecciones de 2026 y, entre todos, logramos recuperar la institucionalidad y la democracia.
A todos ustedes, amigos lectores, les deseo una feliz Navidad y un próspero 2026, lleno de éxitos.
Nos tomaremos un breve descanso y retomaremos nuestra columna habitual a partir de mediados de enero. Un saludo y un fuerte abrazo para todos.