Para entender por qué hoy Colombia está contra las cuerdas, hay que volver al origen: el pacto de La Picota. Lo que durante la campaña de 2022 se denunció como una negociación en las sombras con criminales terminó convirtiéndose en el plan de gobierno de estos cuatro años. La llamada paz total no fue otra cosa que la institucionalización de ese pacto: beneficios para los violentos a cambio de un respaldo que hoy, al final del cuatrienio, se siente en cada rincón del país. Dos nombres encarnaron ese modelo: Danilo Rueda y Otty Patiño. Dos comisionados que, en lugar de representar los intereses de los colombianos en una mesa de negociación, han actuado como garantes de la impunidad de los grupos armados: avalando sus listados, firmando beneficios y blindando a sus cabecillas frente a la acción de la justicia. El mismo Patiño que afirmó que los menores de edad se vinculaban a los grupos armados por voluntad propia —una mentira infame que despoja a las víctimas de su condición para proteger a sus victimarios— es quien hoy firma la resolución que suspende las órdenes de captura a los cabecillas del Clan del Golfo.
El balance de estos cuatro años es desolador. Bajo el amparo de la Ley de Paz Total, el gobierno Petro ha suspendido las órdenes de captura de 205 integrantes y cabecillas de grupos armados. Hasta ayer, 81 de esas suspensiones seguían vigentes, distribuidas así: alias “Calarcá”: 35 miembros del Estado Mayor Central; 11 de la Segunda Marquetalia; 10 de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano; 9 de Comuneros del Sur del ELN; 7 de las estructuras de alto impacto del Valle de Aburrá; 6 de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada; y 3 de las Autodefensas Gaitanistas. Hoy, a escasas tres semanas de las elecciones presidenciales, el gobierno acaba de añadir 29 cabecillas del Clan del Golfo, incluido su máximo jefe, alias Chiquito Malo, requerido en extradición por Estados Unidos. El total asciende a 110. Esto no es Paz Total. Es la ejecución del pacto de La Picota ad portas de las elecciones.
El caso de alias Calarcá es quizás el ejemplo más vergonzoso de esta entrega. Tras haber sido capturado, el gobierno permitió su libertad. Durante 762 días, su estructura dejó de ser objetivo de persecución operativa: tiempo suficiente para fortalecer su pie de fuerza hasta casi 3.000 hombres, infiltrar el Ministerio de Defensa y los organismos de inteligencia nacional y, según estableció la Fiscalía, mantener conversaciones con el autor material del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. El crimen fue ordenado por la Segunda Marquetalia, otro de los grupos beneficiados por la paz total, cuyo gestor de negociación —alias el Zarco Aldinever— terminó imputado por ese asesinato. La estructura de Iván Mordisco tampoco se quedó quieta: 459 días sin persecución operativa le bastaron para sitiar a Cali e introducir drones con explosivos en el conflicto. Eso es lo que produce la impunidad promovida desde este gobierno: consecuencias de sangre.
Hubo un año entero de cese bilateral con el ELN: 360 días de tregua que terminaron sin acuerdo y sin desarme. Lo mismo ocurrió, en distintos periodos, con las disidencias y con el Ejército Gaitanista. Mientras la Fuerza Pública permanecía atada de manos, el crimen organizado se fortalecía con la complacencia del Gobierno.
En medio de este desastre, el presidente Petro prefiere jugar a la víctima e inventar conspiraciones sobre un supuesto “fraude” para desviar la atención. Ayer, la Misión de Observación de la Unión Europea lo dejó en evidencia: el sistema electoral colombiano es “extraordinariamente sólido y robusto”. El verdadero peligro no está en los votos, sino en los fusiles que hoy deciden quién hace política en muchos municipios del país, especialmente en el suroccidente colombiano. Los números lo reflejan: en 35 municipios de alto riesgo del Cauca, el Pacto Histórico pasó de disputar votos con otras fuerzas a concentrar el 88 % de la votación, según un análisis de El Tiempo. Y al cruzar los datos oficiales del escrutinio de la Registraduría Nacional con el mapa de los 139 municipios declarados en riesgo extremo por violencia y presencia de grupos armados por la MOE, el Pacto Histórico concentró allí cerca del 55 % de sus apoyos al Senado. No es casualidad: como advirtió Roy Barreras, exembajador de Petro, la suspensión de órdenes de captura al Clan del Golfo en este momento beneficia directamente al candidato del gobierno, Iván Cepeda, uno de los principales arquitectos de este modelo.
Más grave aún es que el propio Petro ahora pretenda desmarcarse de lo que él mismo diseñó y ejecutó. En las últimas semanas ha publicado trinos dando instrucciones sobre cómo debe conducirse un proceso de paz, como si fuera un observador externo y no el presidente que lo promovió, lo firmó y lo sostuvo durante cuatro años. Dar órdenes sobre asuntos de seguridad nacional a través de X no es estrategia: es la confesión de que este proceso jamás tuvo una hoja de ruta seria.
No es paz lo que construyó este Gobierno. Es la ejecución de un pacto con los violentos, cobrado hoy en territorios, en sangre y en votos.
Al cierre de este gobierno, la realidad es inocultable. Petro tiene la obligación de proteger la democracia, no de sembrar dudas para ocultar que el país terminó entregado al crimen organizado. La atención debe estar en los territorios silenciados por las armas, donde esos 110 hombres que hoy no tienen órdenes de captura ya decidieron, a punta de intimidación y control territorial, por quién deben votar muchos colombianos.