La reciente denuncia de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, no es un hecho aislado, sino el reflejo de lo que hoy es el Palacio de Nariño.
Más allá de los titulares sobre extorsiones y guerras de poder, el fondo es otro. Petro, cuando era senador, criticaba la ‘mermelada’, prometía un gobierno de expertos y juraba transparencia. Hoy esa promesa es apenas un recuerdo. Este gobierno la convirtió en su antítesis.
El punto de quiebre fue una decisión calculada: el nombramiento de César Manrique en el Departamento Administrativo de la Función Pública, uno de los cerebros detrás del escándalo de la UNGRD, y hoy prófugo de la justicia.
La Función Pública es la entidad encargada de definir quién entra al Estado, bajo qué reglas y mediante qué procesos de mérito. Es, en suma, la que debe garantizar la integridad de la administración.
Nombrar a un funcionario con antecedentes de corrupción —y hoy prófugo— a cuidar esa puerta fue el mensaje fundacional de este mandato. Si la entidad que debe velar por la rectitud y el mérito es entregada a quien encarna su antítesis, la legitimidad de todo el aparato gubernamental queda comprometida. Todo lo demás se contamina.
Al revisar la cúpula del Dapre, la torre de control de este gobierno, el panorama es desalentador al evaluar el paso de quienes la ocuparon. La gestión de Laura Sarabia fue insostenible, marcada por el escándalo de la niñera, el uso de polígrafos en sótanos —violando derechos fundamentales—, las chuzadas ilegales y la sombra sobre los negocios de su hermano que la implicaban. A esto se sumó el caso del coronel Óscar Dávila, cuyo “suicidio” sigue rodeado de dudas. La Fiscalía abrió líneas de investigación tras encontrar irregularidades graves en los procedimientos de Medicina Legal. Por otro lado, las grabaciones de su conversación con Armando Benedetti revelaron la entrada de recursos de procedencia cuestionable a la campaña presidencial, bajo la amenaza de que, si él hablaba, todos se irían presos.
El historial de Carlos Ramón González era conocido por todo el mundo político, pero Petro decidió ignorarlo. Fue escolta de Jaime Bateman Cayón en el M-19 y de ahí saltó a la política, construyendo poder regional. Se convirtió en un operador político y de negocios, especialmente en el sector salud. Tuvo cercanía con Luis Alberto ‘El Tuerto’ Gil, condenado por parapolítica, y juntos habrían tejido alianzas en Solsalud, una EPS que terminó intervenida y liquidada por irregularidades graves. Su perfil pasó de ser político a ser un articulador de poder entre contratos, política y burocracia, moviéndose entre gobiernos.
Petro lo nombró, a pesar de todo, y se convirtió en una de las cabezas del desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), en un entramado de corrupción que fue más allá de la institución y se convirtió en una organización delictiva, según la Fiscalía. Hoy es prófugo de la justicia.
Finalmente, Angie Rodríguez llegó como cuota del oscuro ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien hoy tiene en jaque la salud en Colombia y tiene muchas muertes sobre los hombros por su desidia. Ella, además, carecía de la experiencia necesaria para ejercer el segundo cargo más importante del gobierno. Su paso por allí, al igual que el de sus predecesores, fue desastroso. Esta semana salió a denunciar que la Casa de Nariño se convirtió en un concierto para delinquir. Habló de amenazas de extorsión, de saqueo sistemático y de una guerra de poder entre quienes rodean al presidente. Pero lo más grave es el nombre que puso sobre la mesa: Juliana Guerrero. Tiene 23 años, está imputada por falsificación de títulos y no tiene cargo alguno en el gobierno; sin embargo, según Rodríguez, es quien realmente maneja al presidente y el gobierno. La misma que le confesó tener cercanía con miembros del ELN. No se sabe con quién exactamente ni a qué nivel, pero la pregunta no puede quedar sin respuesta: ¿tiene algo que ver esa cercanía con las gabelas que este gobierno le ha entregado a ese grupo narcoterrorista?”
Vale aclarar que la señora Angie no está libre de señalamientos: carga sus propias denuncias por corrupción. Pero eso no cambia el cuadro: lo confirma.
A esto se suma un círculo de personas sin funciones públicas que ejercen una influencia determinante en el Ejecutivo. Los asesores catalanes se enriquecen gracias a su cercanía con la familia presidencial, mientras otras figuras se mueven impunemente entre procesos judiciales y privilegios.
Y como si eso no bastara, tres altos funcionarios han advertido públicamente que no se van a suicidar. Es la primera vez que algo así ocurre en Colombia. Eso solo muestra la podredumbre y la mafia que nos gobierna. La corrupción dejó de ser la excepción: es la regla.
El presidente Gustavo Petro no es un espectador; es el responsable. Él nombró a cada una de estas piezas conociendo su pasado, sus intereses y su deshonestidad. Al rodearse de estas personas, no solo está nombrando funcionarios, está entregando las llaves del gobierno a una lógica delictiva.
El “cambio” se convirtió en, según lo que dice la señora Rodríguez, un concierto para delinquir, donde la política se subordina a intereses oscuros.
Mientras discutimos el escándalo de turno, el daño de fondo persiste: un gobierno que, teniendo la oportunidad de dignificar la administración pública, decidió entregarle el poder a quienes, en el pasado, juró combatir.
Adenda:
Como si lo anterior no fuera suficiente, Petro entregó la Superintendencia de Salud —la entidad encargada de defender a los pacientes— a Daniel Quintero, un político imputado por corrupción que carga con el lastre de más de 43 funcionarios de su administración previa ya imputados o condenados. Simultáneamente, el control de la Nueva EPS, que maneja la salud de millones de colombianos, quedó en manos de Jorge Iván Ospina, también imputado por graves hechos de corrupción. Dos imputados con el control absoluto sobre la salud de todo un país. ¿Qué más se necesita para entender quién es realmente Petro? Ante este panorama, lo que dice la señora Rodríguez resulta evidente.