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Opinión

  • | 2001/07/02 00:00

    El ‘tonito’ de ‘The New York Times’

    Debemos concentrarnos en tratar de que el mundo entienda que los colombianos estamos en el derecho de defendernos

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Por fin ese lagarto internacional que dirige el Human Right’s Watch, el tal señor Vivanco, se dio cuenta de lo que los colombianos estamos intentando contarle a gritos al mundo: que la guerrilla viola los derechos humanos.

Pero este reconocimiento tan elemental, venía siendo opacado por las ONG con la absurda tesis de que sólo los Estados u organismos de origen estatal pueden violar los derechos humanos, porque su obligación es protegerlos, ¡y la de la guerrilla no!

Casi simultáneamente con el reconocimiento del HRW, y en un tonito bastante imperialista, un editorial de The New York Times de la semana pasada le daba categóricas instrucciones al presidente Pastrana para que se abstenga de sancionar la ley de seguridad y defensa nacional, que supuestamente, según ese periódico, “les daría a los militares peligrosos nuevos poderes sobre los civiles”.

Así como es de espectacular la ciudad de Nueva York es de detestable su periódico a nivel editorial. Mientras que la información sobre Colombia es bastante equilibrada, a cargo del corresponsal Juan Forero, las opiniones editoriales sobre nuestro país, a cargo de Tina Rossemberg, totalmente alienada por la línea de las ONG, nunca han reflejado la realidad de lo que está sufriendo el pueblo colombiano. Su editorialista está convencida de que esta es una guerra de la guerrilla contra el Ejército, y que el resto de los colombianos no estamos en el conflicto. No ha entendido que esta es una guerra de la guerrilla contra el resto del país y que los colombianos, por lo tanto, tenemos la desesperada necesidad de buscar métodos constitucionales para defendernos. Uno de ellos es la mencionada ley, que según el NYT, “contiene reformas antidemocráticas y potencialmente abusivas” que “contribuirán a la impunidad de las Fuerzas Armadas”. En ningún lado se registra, desde luego, que la intención de esta ley, más que proteger a los militares, es la de proteger a los civiles.

A la editorialista de The New York Times no le gusta esta ley, queda claro, pero a cambio de que no le guste no tiene, ni ha tenido jamás, una sola propuesta factible para sacar a Colombia de esta crisis tan negra. Qué contraste con un reciente artículo de Anastasia O’Gravy, que la semana pasada, en la página editorial en el Wall Street Journal, interpreta el tema de los derechos humanos en Colombia con una sorprendente perspectiva en el marco de la guerra que estamos viviendo.

La verdad es que después de todas las reformas que sufrió esta ley durante su trámite, porque lo que sí es cierto es que en su primera etapa era bastante más atrevida y controversial, su verdadera esencia ha quedado reducida a que en casos excepcionales, y en sitios a donde no pueda entrar la Fiscalía, se puedan otorgar facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares. Eso, que suena lógico en un país donde ya, de hecho, existe una vasta zona geográfica sin la presencia de autoridades ni de policía, ni judiciales, ni siquiera eclesiásticas, es lo que tiene a la editorialista de The New York Times levantándole insolentemente el dedo al Presidente de Colombia para exigirle, no se sabe con cuál autoridad o política, o moral, o intelectual, que no sancione una ley que busca que los colombianos defendamos mejor nuestras vidas.

A esta petición de The New York Times se sumó la semana pasada la voz de varios congresistas norteamericanos en el mismo sentido. Lo que ni unos ni otros saben es que ya, hoy, la Constitución de Colombia le permite al Fiscal hacer eso mismo, o sea, otorgar facultades de policía judicial, de manera transitoria, a determinadas entidades, incluyendo al Ejército. No es mucho, pues, lo que estamos avanzando. Personalmente creo que en esencia se está aprobando algo que ya se podía hacer.

Superada ya, pues, la etapa en la que los colombianos hemos logrado que el mundo comprenda que la guerrilla viola los derechos humanos, debemos concentrarnos, en esta segunda, en tratar de que el mundo entienda que los colombianos estamos en el derecho de defendernos.

Porque nos encontramos al frente de dos tipos de guerra. La de adentro, contra las farc, y la de afuera contra todos aquellos ciudadanos del mundo, o instituciones estatales, u organizaciones políticas, incluyendo a The New York Times y a un sector del Congreso de Estados Unidos, que por cuenta de una bien librada guerra de propaganda no sólo ven a nuestros insurgentes con simpatía, sino que opinan que los únicos derechos humanos que hay en Colombia para defender son los de ellos.
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