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La ley del embudo

¿Por qué los políticos solo vigilan al Gobierno en el cumplimiento de los acuerdos? Queremos verlos exigiéndoles con el mismo rigor a las Farc.

Vicky Dávila, Vicky Dávila
11 de agosto de 2019

Estoy de acuerdo con que el presidente Iván Duque, así no haya firmado los acuerdos de La Habana con las Farc, hoy es el responsable del proceso de implementación. Un año después de estar en el poder, es lógico que el Gobierno pase al tablero en todos los temas, incluido el de la paz. Pero me pregunto: ¿quién les hace corte de cuentas a las Farc? Ellos también deberían pasar al tablero, porque es evidente que unos han cumplido y otros no. De hecho, hoy nadie da razón sobre Iván Márquez, Jesús Santrich, el Paisa, Romaña y 700 desmovilizados más. Según el alto consejero Emilio Archila, 2.500 exguerrilleros abandonaron el proceso. Poco se ha materializado de los compromisos adquiridos por los excomandantes en el acuerdo, que van más allá del desarme y de recibir beneficios. Ellos también adquirieron unas obligaciones; es justo que las Farc respondan por los incumplimientos.

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Empecemos por Iván Márquez. Después de haber sido el jefe negociador de las Farc en La Habana, no se posesionó en la generosa curul de senador que le otorgó el acuerdo; al contrario, la despreció, la dejó tirada e hizo quedar muy mal a su partido. Pero además desapareció hace meses sin dejar rastro, con la excusa de que el Estado no era capaz de cuidarlo. No dudo que haya amenazas en su contra, tampoco dudo que la verdadera razón para escapar, junto con Jesús Santrich, está relacionada con la captura por narcotráfico de su sobrino Marlon Marín. Márquez se fue por miedo a la extradición, ya que Marín llegó a una corte de Estados Unidos a confesarlo todo. Esto sin contar que en Colombia, Marlon, el sobrino ejemplar, tenía una banda dedicada a saquear los fondos de la paz, según denunció la Fiscalía. ¿Quiénes fueron sus cómplices? ¿Márquez, su tío, participaba?

El capítulo de Santrich asimismo ha sido funesto para el acuerdo y su implementación. Claro, quizás aquí se lleva la peor parte la justicia colombiana, que se pasó de garantista con un ciudadano pedido en extradición por narcotráfico y lo dejó volar en la madrugada del 30 de junio por una ventana, después de quedar libre tras hacer una huelga de hambre, cortarse las venas, mostrarse como un ciudadano indefenso, incapaz de matar una mosca. Aunque el presidente dijo que Santrich está en Venezuela, hasta ahora no ha pasado nada. Tampoco la JEP ha fallado el recurso de la Procuraduría. Respecto a Santrich, a pesar de las pruebas y de su prontuario, la justicia sigue siendo ineficaz, lenta y a mi juicio, muy complaciente. Lo único que queda es una orden de captura tardía en su contra por parte de la Corte Suprema de Justicia.

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Aunque el Paisa tiene una orden de captura desde mayo, no está en firme; las autoridades no lo pueden capturar. ¡Hágame el favor! Nadie da razón de él, y ni qué decir de Romaña. Estos personajes son muy peligrosos, capaces de hacer lo que sea. Son narcotraficantes, asesinos, secuestradores. Ojalá no estén planeando un regreso sangriento para Colombia; ojalá no se estén rearmando.

Aunque hago un reconocimiento a quienes han cumplido, como Rodrigo Londoño, Timochenko, quien incluso partió cobijas políticas con Márquez y tomó distancia desde el partido con los otros “evaporados”, es evidente que casi tres años después de la firma del acuerdo, en el campo de las Farc, la verdad no llega; tampoco la reparación de las víctimas y menos la justicia.

Cuándo sabrá el país cuántos menores reclutó el grupo armado y quiénes fueron los cerebros de este delito de lesa humanidad, y lo que es peor, cuándo sabremos qué pasó con esas niñas y esos niños. En qué momento se descubrirá cuántas mujeres fueron sus víctimas al ser violadas y muchas obligadas a abortar en las condiciones más miserables y peligrosas posibles. Cuándo los miembros de lo que fueron las Farc se pararán frente al mundo para reconocer cuántas toneladas de cocaína traficaron; cuántos millones de dólares ganaron con ese negocio de la muerte. Cuándo los veremos pedir perdón por la masacre de Bojayá, por la bomba del Club El Nogal y otros actos de terror. Cuándo se arrepentirán por haber secuestrado a miles de civiles y haberlos tenido en condiciones infrahumanas, hasta arrancarles a muchos la vida. Cuándo veremos a la cúpula de las Farc pedir perdón, sin vacilaciones, a las generaciones de colombianos que durante más de 50 años vivieron o sintieron el rigor de sus armas. Cuándo veremos su capital reparando a sus víctimas.

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Mientras tanto, Venezuela, con el inderrocable régimen de Nicolás Maduro, sigue de puertas abiertas para los ex-Farc y los bandidos que quieran cruzar la frontera para resguardarse y huir de las autoridades y de la justicia colombianas. También es muy grave que no tengamos datos ciertos y confiables que nos muestren la magnitud y el poder de las disidencias, narcos puros, y de su alianza con el ELN y las bandas criminales.

El acuerdo de paz de La Habana fue entre dos partes, y las dos están obligadas a cumplir. No se puede exigir a unos y a otros no; no se puede poner contra la pared al Gobierno, mientras las Farc posan como víctimas, siendo victimarios. Es inaceptable que a las Farc se les justifique todo. Si el Gobierno tiene que hacerlo todo para sacar adelante el posconflicto, las Farc y la justicia también. No podemos permitir que opere y triunfe la ley del embudo.

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