"Fernando Londoño se equivoca"

No se debe permitir que una crítica inadecuada a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica que condenó al Estado colombiano al pago de casi siete millones de dólares, impida analizar sus verdaderas consecuencias. Por eso, es necesario denunciar con todo rigor la injusticia y arbitrariedad que implica la acusación que hizo contra las 19 víctimas el doctor Fernando Londoño en su columna de El Tiempo del pasado 2 de agosto, condenándolas, sin formula de juicio, como autoras del delito de contrabando.

La cosa no es por ahí. Las 19 víctimas, independientemente de lo que estuvieran haciendo, merecen nuestro mayor respeto y sus familiares toda nuestra solidaridad, porque es una iniquidad asesinar. Además esas personas, lejos de ser contrabandistas, eran honestos y trabajadores comerciantes. Prueba de ello es que en su contra no existe ni existió proceso judicial alguno, mucho menos una condena. Y en los Estados democráticos, aunque para alguien sea incómodo, quien no ha sido declarado culpable de un delito, tiene absoluto derecho a que se concedan los beneficios y honores legales, sociales, morales y éticos de su ganada calidad de inocente.

Pero que el doctor Fernando Londoño ataque la sentencia con tan arbitrarios argumentos no impide que al examinarla encontremos en ella arbitrariedades tan graves como las denunciadas.

La sentencia comete una gran injusticia condenando al Estado colombiano cuando determina: "puede afirmarse que al realizar un estudio global de los procesos tramitados para investigar los hechos que generaron las violaciones, e identificar y sancionar a los responsables, el Estado no observó el principio del plazo razonable consagrado en la Convención Americana". Hizo esta afirmación sin tener siquiera la delicadeza de mencionar que nueve funcionarios públicos, dos de ellos jueces de esa República condenada por no administrar justicia, fueron asesinados en el sitio La Rochela cuando en cumplimiento de su deber investigaban los dolorosos hechos. Más oprobioso aún es el hecho de que ese sacrifico, lejos de cambiar la percepción que los burócratas de San José tienen sobre la administración de justicia colombiana, esté también siendo juzgado en un nuevo juicio ante el mismo organismo interamericano contra nuestra patria, precisamente por las mismas razones.

En otra expresión de incomprensión de la realidad colombiana, la sentencia nos condena al pago de una suma promedio de 350 mil dólares por cada víctima. Sin dolernos porque parientes de tan atroces delitos reciban una indemnización significativa, no es posible olvidar que los jueces de San José están sometidos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos que impone la igualdad ante la ley como derecho humano fundamental (Art. 24). Fijar una cuantía indemnizatoria de 350 mil dólares por víctima como parámetro para Colombia, desconoce ese principio porque nuestra patria está en incapacidad física de destinar más de 19.165,3 millones de dólares para indemnizar a los parientes de más de 54.758 víctimas de nuestro conflicto que están en similares circunstancias de hecho que los 19 comerciantes desaparecidos. Esa suma es similar al presupuesto nacional.

Tampoco debe pasar por alto el hecho de que los jueces de San José así mismo olvidaron que el Estado colombiano para pagar los siete millones de dólares de la condena, no rebajará los sueldos de los magistrados de la Corte Constitucional, ni cancelará la compra del avión presidencial. Recurrirá a exprimir los rubros de gasto social y en el mejor de los casos, licenciará soldados y los grupos armados ilegales secuestrarán y asesinarán nuevos inocentes en los territorios que quedarán sin presencia de esa fuerza pública.

* Abogado analista de derechos humanos