
Opinión
Guardianes de la Constitución
A la fecha, y en el transcurrir del Gobierno Petro, se han elegido dos magistrados nuevos de la Corte Constitucional.
Desde 1991, el constituyente colombiano contempló la existencia de un tribunal constitucional que tendría, en principio, la función específica de ser el guardián de la Constitución. Dicha atribución, a su vez, tiene dos finalidades muy precisas: proteger la supremacía y resguardar la integridad de la Constitución. En otras palabras, con la nueva Constitución de 1991 se abre paso en el ordenamiento jurídico nacional a una nueva corporación judicial llamada a ser plural e interdisciplinaria, cuyos miembros se caractericen por poseer los más altos estándares éticos y jurídicos, cuya misión no será otra sino la de proteger la esencia misma del texto superior y hacer prevalecer el carácter de norma de normas de nuestra carta magna sobre cualquier disposición, incluso sobre normas legales o administrativas.
Para el cumplimiento de lo anterior, el diseño constitucional y legal aplicable a la Corte Constitucional contempla que esta tendrá nueve magistrados y que la elección de estos corresponde al Senado de la República, previa conformación de ternas por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la República, según corresponda. En este punto, es importante resaltar que cada uno de los encargados de conformar ternas tiene asiento fijo en la Corte Constitucional en proporción equitativa: cada uno tiene tres escaños. Así, cuando exista una vacante definitiva en la Corte, corresponde primeramente identificar quién fue el postulante de ese magistrado/a que generó la vacante definitiva, para que sea solamente esa corporación —Consejo de Estado o Corte Suprema— o autoridad —presidente de la República— la que presente la terna para que el Senado de la República finalmente elija.
Recientemente, vimos la puesta en marcha de este diseño cuando le correspondió al Consejo de Estado proveer la terna que elegiría el reemplazo del magistrado Antonio José Lizarazo. De la terna enviada al Senado el 19 de noviembre de 2024, fue elegido el magistrado Miguel Polo Rosero. Anteriormente, el 17 de octubre de 2023, el Senado de la República había elegido a Vladímir Fernández, quien fue ternado por el presidente Petro. Lo anterior obedece a que le correspondía al primer mandatario integrar la terna para suplir la vacante de Alejandro Linares, quien otrora había sido postulado en la terna por el entonces presidente Juan Manuel Santos.
A la fecha, y en el transcurrir del Gobierno Petro, se han elegido a dos magistrados nuevos de la Corte Constitucional. Lo anterior reviste especial importancia justamente por el enfrentamiento y perfilamiento del Ejecutivo con las altas cortes, y en especial con esta dignidad judicial. Para Petro, la Corte se ha convertido en el muro de contención de los intentos de este gobierno para trastocar la realidad institucional y constitucional de nuestro país. Bajo este delicado contexto, el presidente Petro debe conformar la terna para la elección del reemplazo de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, cuyo periodo vence el próximo 15 de mayo. Asimismo, la magistrada Diana Fajardo culmina su período en junio de 2025 y el magistrado José Fernando Reyes, actual presidente de la Corte Constitucional, finaliza en septiembre de este año. Estos dos últimos reemplazos le corresponden a la Corte Suprema de Justicia, que debe ternar a los aspirantes a reemplazar a Fajardo y Reyes, respectivamente.
Lo más leído
El momento que atraviesa nuestro país, y en especial la Corte, es trascendental. En este año llegan cuatro nuevos magistrados que, sumado al que llegó en 2023, implica una renovación en sus mayorías, tendencias y afinidades ideológicas. Hoy más que nunca se resalta que la Corte ha ejercido digna y celosamente la función de guardián de la integridad y la supremacía de la Constitución ante los viles y mezquinos ataques del Ejecutivo; como respuesta a ello, los magistrados han recibido improperios y descalificativos públicos del primer mandatario y de su horda de bodegueros y seguidores.
Ya se ha advertido el talante dictatorial de Petro, la vocación autoritaria y lo mucho que le complace la ilegítima dictadura venezolana, ello sin contar con los públicos afectos que ha manifestado el presidente colombiano con la figura de la reelección presidencial y las perpetuidades en el poder, como las de Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua. Petro va por la Corte Constitucional, necesita a como dé lugar derribar ese muro de contención que hasta ahora le ha impedido cumplir sus sueños hedonistas y sus soberbias y revanchistas aspiraciones.
Confiamos en la Corte Constitucional, en la imparcialidad de la justicia, en la potestad autonómica que tienen sus magistrados y en el juramentado encargo de ser guardián de la Constitución; esta asignación supera por mucho la “deuda de gratitud” de los magistrados con quien, o quienes, los incluye en la terna, o inclusive con quien los elige. El compromiso de la Corte Constitucional y sus magistrados es con el pueblo colombiano y su Constitución. Los retos de este 2025 son una realidad y las proyecciones hacia 2026 son inminentes. Las libertades ciudadanas, la propiedad privada y el Estado de derecho se encuentran en constante amenaza, la intención de sustituir la Constitución es una realidad urgente y grave a la que corresponde hacerle frente desde la institucionalidad de nuestros altos tribunales. Una vez más, abogamos por el entendimiento y sabiduría que tengan los magistrados actuales, y por elegir, de nuestra Corte Constitucional para que ejerzan con toda probidad y diligencia la honrosa labor de guardianes de la Constitución.