Colombia lleva meses viviendo una de las disputas electorales más reveladoras de su historia reciente. No porque los colombianos estén eligiendo entre dos proyectos de país, sino porque están eligiendo entre dos impulsos muy distintos: el de transformar y el de perpetuar. Entre quienes quieren construir algo nuevo y quienes, sencillamente, no quieren soltar el poder que ya tienen.
La izquierda colombiana lleva años perfeccionando un relato. El del pueblo oprimido, el de los olvidados, el de la deuda histórica que la élite nunca ha saldado. Es un relato que tiene partes verdaderas. Colombia tiene deudas sociales enormes, territorios abandonados, millones de personas que nunca han visto el Estado como aliado. Pero ese relato legítimo se ha convertido, con el tiempo, en un instrumento. Ya no es una hoja de ruta para cambiar el país. Es el combustible para mantenerse en el poder.
Porque si algo ha demostrado el Gobierno del presidente Petro es que la indignación no alcanza para gobernar. Cuatro años de retórica encendida, de enemigos declarados en cada esquina, de reformas anunciadas y naufragadas, de cifras discutidas y estadísticas maquilladas. El desempleo sigue siendo una herida abierta. La salud, un caos. La seguridad, una promesa rota. Y la respuesta del Gobierno a cada fracaso ha sido siempre la misma: más enemigos, más culpables, más polarización.
Eso no es gobernar. Eso es sobrevivir políticamente a costa del país.
La paz total fue el emblema. La gran promesa con la que Petro llegó al poder. Los números cuentan la historia mejor que cualquier discurso. Cuando este Gobierno comenzó, el Clan del Golfo tenía presencia en 145 municipios de 13 departamentos. Hoy opera en 296 municipios de 17 departamentos. Creció un 140 % en integrantes, de 4.000 a casi 10.000 hombres, según la Fundación Ideas para la Paz. No hubo paz. Hubo treguas que el Estado pagó con impunidad y que los grupos armados aprovecharon para reorganizarse, reclutar y expandirse. El Catatumbo ardió. El Cauca sangró. Y desde el Palacio de Nariño llegaban trinos, actos simbólicos y premios a gestores de paz que no trajeron paz.
Ahí está la pregunta que nadie en el Gobierno quiere responder. Si hubo gestores de paz, si hubo acuerdos, si hubo diálogos, ¿dónde están las víctimas en todo eso? ¿Dónde está la verdad sobre lo que pasó con sus muertos, con sus desaparecidos? ¿Dónde está la reparación, una reparación real, con tierras productivas, con condiciones dignas para seguir adelante, no un acto de televisión? ¿Cuántos años pagaron esos gestores de paz por sus crímenes? ¿Hubo algún reconocimiento público ante las víctimas, ante sus familias, ante los pueblos que pusieron los muertos? La paz sin verdad, sin justicia y sin reparación no es paz. Es impunidad con otro nombre.
Y cuando llega la crítica, la respuesta siempre es la misma. La culpa es de los gobiernos anteriores. De Uribe, de Santos, de Duque. De la herencia recibida, del Estado que encontraron roto, de las décadas perdidas que otros dejaron. Hay algo que quien aspira a gobernar debería tener claro desde el primer día. Nadie llega al poder mirando por el retrovisor. Se llega con un diagnóstico, con un plan, con la voluntad de construir hacia adelante. Cuatro años gobernando y la explicación sigue siendo la misma que usaron el primer mes. En algún punto, los fracasos dejan de ser herencia y se convierten en responsabilidad propia.
En ese contexto llega la segunda vuelta. Y la izquierda, que debería hacer un balance honesto de lo que fue este Gobierno, en cambio cierra filas. No alrededor de ideas. No alrededor de logros. Alrededor del poder. Porque perder la presidencia no sería solo una derrota electoral, sino el fin de una maquinaria que depende del Estado para funcionar, del presupuesto público para financiarse, de las instituciones para proyectarse.
Iván Cepeda no llega a la segunda vuelta como candidato de la esperanza. Llega como candidato de la continuidad. De la misma lógica que dividió al país, que agotó el debate público con trincheras permanentes, que convirtió la gestión pública en un escenario de guerra cultural. Su rechazo al escrutinio de los votos no fue un gesto de indignación democrática. Fue el reflejo de quien prefiere el ruido a la transparencia, la denuncia a la rendición de cuentas.
Frente a ese panorama, Abelardo de la Espriella representa algo distinto. Su apuesta no pasa por el resentimiento ni por la narrativa del enemigo permanente. Pasa por el trabajo, por el derecho, por la institucionalidad. Es un hombre que ha construido su trayectoria desde las causas concretas, desde la defensa. Esa es una escuela de vida que no se improvisa.
Colombia necesita un presidente que sepa distinguir entre adversario y enemigo. Que entienda que la oposición no es una amenaza, sino parte del sistema democrático. Que gobierne para todos, no solo para los que votan a favor. De la Espriella ha dado señales de ese temperamento. Su campaña no ha apostado por el odio ni por la fragmentación. Ha apostado por la reconciliación sin ingenuidades, por la firmeza sin arrogancia.
El hambre de poder tiene un rostro muy reconocible. Se disfraza de causa social, de lucha por los humildes, de resistencia frente a los poderosos. Pero cuando se le da la vuelta, cuando se mira desde adentro, solo hay una cosa: la voluntad de no soltar lo que se tiene.
Colombia se merece algo mejor que eso. Se merece un Gobierno que no necesite enemigos para justificarse. Que no confunda el megáfono con la gestión. Que entienda que gobernar no es tener razón en X, sino dar resultados en los territorios donde la gente vive, trabaja y espera.
El 21 de junio, los colombianos tienen la oportunidad de elegir entre el hartazgo y la esperanza. Entre la continuidad del caos y la posibilidad del orden. Entre quienes quieren el poder para perpetuarse y quienes lo buscan para servir. Esa diferencia no es menor. Es, precisamente, la que define el rumbo de un país.