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Óscar Ramírez Vahos.

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Incesto e inasistencia alimentaria: la cortina de humo de Petro para legalizar a la primera línea

Más allá de indignar la impunidad con la que Petro quiere premiar a los que tanto terror y violencia llevaron en el paro nacional, lo que debería despertar toda alarma es esta jugarreta que le abre las puertas de par en par al terrorismo urbano de la primera línea, que estaría protegido por ley.

10 de febrero de 2023

Se le hizo costumbre a este gobierno lanzar varias cortinas de humo entre sus escándalos diarios. Al ritmo que va Petro, al que le salta siempre un hecho bochornoso, el ciudadano no sabe con qué indignarse al final del día. Pero a veces esa indignación, que juega en contra del gobierno, está calculadamente direccionada por el mismo.

En el caso de la reforma a la política criminal, los ciudadanos han sentido una honesta indignación frente a la despenalización del incesto y la inasistencia alimentaria, y tienen razón: eliminar la cárcel para estas conductas no es otra cosa que un estímulo para que padres irresponsables no respondan por sus hijos y para que abusadores en entornos familiares normalicen sus aberrantes conductas.

Es posible que estos artículos se caigan en su trámite en el Congreso, y no será una derrota para Petro. Jugando con el dolor de madres y niños, cumplieron su función de distraer a la opinión pública de lo realmente importante: la liberación de la primera línea.

La actual reforma a la política criminal contempla eliminar los delitos de terrorismo y concierto para delinquir en el marco de manifestaciones. De llegar a aprobarse este sinsentido, a los presos de la primera línea se les aplicaría el principio de favorabilidad y quedarían en libertad.

La pregunta que surge naturalmente es por qué un acto de terrorismo no va a ser terrorismo si quien lo hace es un manifestante. Quemar un bus, bloquear un hospital, arrojar bombas molotov a seres humanos, son acciones que buscan generar terror. Si un criminal, de manera individual, las hace en un día normal, su acto no difiere en nada de quien lo hace en un día de protestas, pues genera lo mismo: un bus quemado, un hospital bloqueado, un ser humano calcinado, es decir, terror.

Lo mismo sucede con el delito de concierto para delinquir: si varias personas se unen para bloquear e incendiar una estación a través de una organización con mando jerárquico, financiación y orden, ¿no es un concierto para delinquir? ¿Por qué no va a ser delito en casos tan ordenados y destructivos como los de la primera línea?

Por eso, más allá de indignar la impunidad con la que Petro quiere premiar a los que tanto terror y violencia llevaron en el paro nacional, lo que debería despertar toda alarma es esta jugarreta que le abre las puertas de par en par al terrorismo urbano de la primera línea, que estaría protegido por ley. Porque eso es lo que va a pasar.

Si el terrorismo y el concierto para delinquir ya no son delitos para un manifestante, ¿qué se supone que va a suceder? La quema masiva de infraestructura pública, los bloqueos a hospitales y aeropuertos, y una campaña sostenida de terror son cosas más fáciles para los encapuchados ahora.

Sin embargo, y pese algunos conatos en vías de TransMilenio, es poco probable que la primera línea le bloquee el país a Petro. Su filiación con Gustavo Bolívar reduce al mínimo esta posibilidad.

El riesgo está en que se blinde jurídicamente el terrorismo de la primera línea de cara al próximo gobierno. Me explico.

No hay que ser un optimista opositor para saber que el gobierno de Petro acabará mal en términos de popularidad. El explosivo cóctel de inflación, recesión e impunidad ya de por sí tiene a medio país creyendo que el gobierno de Petro va mal, según la última gran encuesta sobre el tema. Este es un resultado conseguido en solo cinco meses de gobierno, y no augura nada bueno.

Es seguro que la próxima presidencia del país sea ocupada por un hombre o una mujer de derecha, o por lo menos lo suficientemente alejado de la izquierda radical petrista. Petro perderá el poder en las urnas y volverá a esa oposición contra el establecimiento que ha caracterizado su vida. La diferencia es que liderará una oposición cuya violencia ha sido previamente legalizada por él mismo.

El derecho a la manifestación social es fundamental en la democracia, pero no debería ser así cuando el abuso de dicho derecho atenta contra la existencia misma de la democracia. Pensar lo contrario es básicamente legalizar los golpes de Estado o las revoluciones violentas. En Colombia, después del paro nacional, no nos podemos ahogar en el matiz.

Por esto, considero importante que el país sea consciente del riesgo que correrá en 2026, año en el que la transición energética empezará a encarecer nuestra energía, y que además puede tener una oposición férrea con el margen legal para incendiar medio país. Porque si puede haber algo peor que Petro de presidente, solo puede ser Petro como expresidente.

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