La audiencia que el gobierno dejó pasar

La audiencia en la que se oyeron a las bancadas de los defensores, por una parte, de la aspersión aérea de glifosato, y por otra, los que se oponen a esta forma de erradicar el mayor mal que golpea todos los rincones de la sociedad, los cultivos ilícitos. Extraña que el gobierno dejó pasar esta importante oportunidad sin argumentos sólidos para abrir el camino hacia sus pretensiones.

Bajo los auspicios del magistrado ponente Alberto Rojas Ríos, las posiciones se oyeron y se vieron en el territorio nacional, con los consecuentes comités de aplausos y de críticas, unos, liderados por el gobierno nacional, el ex presidente Uribe, los ministros del ramo, y otros, abanderados por el ex presidente Santos, el ex presidente Gaviria, su ex ministro de Salud.

El tema en debate había quedado marcado por la decisión adoptada en la Sentencia T-236 de 2017, en la que se estableció que “el principio de precaución exige que el Estado controle los riesgos contra la salud humana por medio de una regulación constitucionalmente razonable, cuando hay evidencia objetiva de dichos riesgos, aunque la evidencia no sea concluyente.”

La verdadera “almendra” del asunto, especialmente para el gobierno, estaba fijada en demostrar que lo establecido por la corte, en cuanto a que los niveles de riesgo aceptados son demasiado altos y que la regulación se dirigía principalmente a erradicar los cultivos sin proteger la salud.

El presidente Duque enfocó su discurso en el crecimiento desmedido de hectáreas sembradas con coca ocasionado por la suspensión de la aspersión aérea de glifosato, en la afectación social y económica que se le causa a las comunidades que viven bajo del imperio de las mafias y el restablecimiento del orden público y constitucional en esas zonas, solicitando que se module la sentencia.

Así las cosas, al gobierno le faltó demostrar, i) que con un plan de aspersión aérea con glifosato a proponer no se incumple el principio de precaución; ii) que este principio se garantizaría continuamente a toda actividad estatal o privada que genere un riesgo significativo para los seres humanos; iii) que no hay evidencia objetiva que demuestre con certeza un riesgo significativo para la salud humana, y; iv) que se expedirá una regulación dirigida a controlar el riesgo que cumpla con los parámetros constitucionales.

Tampoco desvirtuó las tesis que, como la del exministro de salud Alejandro Gaviria, están soportadas sobre la base del artículo 5 de la ley estatutaria de la salud, que le impone al Estado la obligación de abstenerse de afectar directa o indirectamente el disfrute de ese derecho fundamental y de expedir decisiones que lleven al deterioro de la integridad de la población.

El exministro de Santos enfocó su debate hacia el plano ético y académico; afirmó que la evidencia muestra que el principio activo del glifosato tiene un efecto adverso sobre la salud que puede ocasionar cáncer y que aumenta la mortalidad infantil; que produce problemas dermatológicos y respiratorios en el desarrollo embrionario en los seres humanos; y que no es una sustancia de baja toxicidad. Sustentó su intervención en los estudios de la Agencia Internacional sobre el Cáncer y los análisis realizados para Brasil y Colombia que muestran de manera fehaciente que el glifosato afecta la salud de las poblaciones expuestas.

En la audiencia no se pudo establecer que el costo para la salud resulta ser proporcional frente al costo de erradicar los cultivos ilícitos con glifosato, relación costo-beneficio que enmarca el debate en la dimensión ética propuesta y la quedó al margen del debate.

Finalizó su intervención el ex ministro acudiendo a una frase concluyente de un funcionario: “Esta guerra hay que seguirla dando, pero por el camino largo, sin atajos, con respeto por los derechos humanos y consideración por la salud de la gente.” Sobre esta máxima el ex presidente Santos, citando a Churchill, propuso la legalización de las drogas, porque como lo dijo el estadista: “Ustedes le están trasladando las utilidades de este negocio a la mafia, nosotros se las trasladamos al fisco.”

De estas tesis de quienes científicamente sostienen una y otra salida, lo primero que hay que decir es que el régimen de tutela debe ser eficaz y garantizar el cumplimiento de los fallos adoptados por la Corte Constitucional, admitiendo la modulación de los mismos, siempre y cuando se pretenda la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero en esta tarea, como lo aseguró el teórico del derecho Robert Alexis, los derechos reivindicados radian otros derechos con los cuales entran en tensión.

Sobre este soporte teórico, el gobierno debió ajustar su solicitud de modular las sentencias que hasta ahora se han producido en la alta corporación constitucional, explicando por ejemplo, que aún cuando se puede dar un grado de afectación a la salud, se aplicaría el principio de precaución, que con la aspersión se podría producir un grado de lesividad menor al que se traslada a otros alimentos, que no se va a tocar los parques naturales, ni los ríos, ni las comunidades humanas, y que no se producirá un sacrificio a la biodiversidad animal.

En el entendido que la aspersión realizada en avionetas genera mayores riesgos generales, el gobierno pudo proponer una aspersión focalizada que ante un mal mayor garantice un mal menor, como también, que a los antiguos raspachines se les provea de maquinaria para sus nuevos cultivos, insumos, acceso al crédito financiero y compra de sus cosechas.

El gobierno no demostró que el efecto nocivo del glifosato para la salud es menor o igual al daño que causa el tinto, las grasas, el azúcar, la sal, etc.

Al final, la percepción del común gira en torno a que el asunto se redujo a un debate propio de burócratas que desde la capital pontifican sobre lo divino y lo humano en relación con la ruralidad o zonas que históricamente han padecido la ausencia del Estado en todas sus formas, como así lo resumió en una frase el Personero de Nóvita, Chocó: “Que bueno que nuestros hijos tuvieran lo que tienen los hijos de los ricos, los hijos de ustedes, tan solo exigimos que a todos se nos trate como iguales”.

Le resultará difícil a la Corte modular la sentencia C-236 de 2017 y sus antecedentes, porque para dicha corporación, sin ser indiferente el problema del aumento de cultivos de coca en el país, como así lo ha reiterado, existe una necesidad de adoptar una política criminal con planes de erradicación de cultivos ilícitos más eficaz y que desarrolle los fines esenciales del Estado, y mayor eficiencia en la política antidrogas, procurando “el desarrollo de programas sociales que garanticen la estabilidad socioeconómica de las personas dedicadas al cultivo de plantas ilícitas, de manera tal que estos puedan encontrar un medio alternativo que permita la transición sustentable del cultivo de plantas estupefacientes a otras actividades económicas productivas”.

Hasta ahora la guerra está perdido y ojalá en cien años no estemos arrepintiéndonos por no haber tomado las decisiones soportadas en argumentos sólidos como los presentados por el ex presidente Santos, el ex presidente Gaviria y el ex ministro de salud, todos dirigidos a la legalización de las drogas.

Por ahora, aconsejamos al gobierno de Duque, que aporte las pruebas que considere pertinentes para soportar algún motivo que le permita a la Corte modular sus fallos.

(*) Abogado Constitucionalista.