La crisis ecuatoriana y el problema de la independencia judicial

Muchos elementos indican que el detonador de la caída del Presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez el pasado 20 de abril fue una grave afectación de la independencia judicial por parte del gobierno y de ciertas fuerzas políticas. Este hecho merece ser destacado, pues nos recuerda que la independencia judicial es un elemento indispensable para lograr democracias sólidas y estables. A finales del año pasado, el presidente Gutiérrez, con el fin de lograr mayorías en el Congreso, hizo una extraña alianza con dos partidos que habían estado en la oposición: el PRE y el Prian, liderados por los ex presidentes Bucaram y Noboa, respectivamente. Esta alianza no muy santa llevó entonces a que el 8 de diciembre, el Congreso, con una estrecha mayoría de 52 de los 100 diputados, destituyera a 27 de los 31 magistrados de la Corte Suprema, con el fin de lograr una composición del tribunal que fuera afín con esas fuerzas políticas. Poco antes, ese mismo Congreso también había remplazado a la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Constitucional. No muy sorprendentemente, la nueva Corte Suprema, cuyo presidente Castro Dáger era amigo personal del ex presidente Bucaram, anuló, en marzo de 2005, los juicios por corrupción que se seguían contra Bucaram, Noboa y el ex vicepresidente Dahik. Estas decisiones judiciales, si es que pueden ser denominadas así, enardecieron los ánimos de la ciudadanía, que empezó a manifestarse en las calles. Las protestas se intensificaron con el retorno a Ecuador, unos días más tarde, de Bucaram, que se encontraba exiliado en Panamá. Frente a la magnitud de las protestas, el presidente Gutiérrez decretó el estado de emergencia el 15 de abril de 2005 y cesó en sus funciones a la Corte Suprema que había contribuido a nombrar en diciembre de 2004. El Congreso ratificó esa decisión presidencial. Pero esas medidas contra una muy desprestigiada Corte Suprema ya eran tardías, pues la protesta ciudadana estaba dirigida también contra el Presidente y el Congreso. "Que se vayan todos", gritaban en las calles. Las alianzas políticas se rompieron y el Congreso, prácticamente forzado por la movilización social, destituyó cinco días más tarde al presidente Gutiérrez, hoy asilado. La crisis ecuatoriana fue entonces activada por un intento de los poderes legislativo y ejecutivo por poner al sistema judicial a su servicio, lo que implicó un atentado grave contra la independencia judicial. A su vez, la crisis misma ha tenido costos muy importantes sobre dicha independencia. Hoy prácticamente hay un vacío en las cúpulas judiciales de ese país. Ha existido entonces una relación estrecha entre la afectación de la independencia judicial y la caída del presidente Gutiérrez. Y es importante destacar ese vínculo pues, como lo señalé al comienzo de este comentario, existen evidencias teóricas y empíricas sólidas que ligan la estabilidad democrática con la existencia de poderes judiciales independientes. Históricamente, las democracias más estables en el mundo se han caracterizado por un sólido respeto por la independencia judicial. Los casos inglés y estadounidense son paradigmáticos. Así, Inglaterra tuvo su última ruptura institucional en la llamada Revolución Gloriosa de 1688, uno de cuyos resultados fue precisamente el reforzamiento de las garantías a la independencia judicial. Desde entonces Inglaterra no ha conocido ni guerras civiles ni rupturas institucionales, a pesar de haber enfrentado períodos muy turbulentos, como la revolución industrial o las dos guerras mundiales. Algo semejante se puede decir de Estados Unidos. Una de las preocupaciones centrales de su constitución fue institucionalizar y asegurar la independencia judicial. Con la Constitución de 1787, esas 13 colonias se convirtieron en la principal potencia del mundo, con una sola crisis institucional grave, que fue la Guerra Civil. Por el contrario, otros países, con menor compromiso con la independencia judicial, como Francia, han tenido democracias menos estables. Entre 1789 y 1958, ese país conoce varias revoluciones, restauraciones monárquicas e imperiales y golpes de Estado. Es obvio que la continuidad de las democracias inglesa y estadounidense y la inestabilidad del régimen político francés no se explican exclusivamente por la independencia judicial; otros elementos han jugado un papel destacado. Pero el estrecho lazo histórico entre la consolidación de la independencia judicial y la conquista de la estabilidad democrática parece indicar que la primera es una condición necesaria, aunque no siempre suficiente, de la segunda. Este vínculo empírico entre independencia judicial y estabilidad democrática puede además ser explicado teóricamente. Sólo si existen jueces independientes, que tengan la capacidad de aplicar autónomamente y sin presiones las normas jurídicas, puede existir Estado de derecho, que es por definición un gobierno de reglas y no de personas. Y las democracias estables requieren un Estado de derecho, que permita que las disputas políticas sean resueltas por procedimientos reglados, cuya garantía corresponde a los jueces. Finalmente, sólo con poderes judiciales independientes puede existir un respeto de los derechos constitucionales, que es un requisito para que opere una democracia genuina. Y es que, como lo dijo alguna vez el jurista uruguayo Couture, "el día que los jueces tienen miedo, los ciudadanos no pueden dormir tranquilos" , pues no existe un guardián para sus derechos. Los colombianos no deberíamos olvidar este vínculo estrecho entre la democracia, el Estado de derecho y la independencia judicial, por cuanto, como lo han destacado ciertos estudios, una de las particularidades y fortalezas de nuestro país es que, al menos para los estándares latinoamericanos, Colombia tiene una cierta tradición de respeto a la independencia judicial. Pero también recurrentemente se oyen voces contra esa independencia judicial, como cuando algunos líderes políticos llaman al desconocimiento de los fallos judiciales que les sean adversos. Es importante comprender que lo que está en juego no es el cumplimiento o no de una sentencia aislada sino el respeto de la independencia judicial, que es una precondición de la democracia. Una última observación. Mi análisis ha destacado la estrecha relación que existe entre la crisis política ecuatoriana y la precariedad de la independencia judicial en ese país. Con ello obviamente no quiero decir que ese factor haya sido el único ingrediente que explica la caída de Lucio Gutiérrez. Existen muchos otros elementos, entre los cuales podrían citarse los siguientes: desde el inicio se trató de un mandatario políticamente débil, pues contaba con muy pocos parlamentarios de su propio grupo político; además, rápidamente Gutiérrez abandonó sus promesas electorales para poner en marcha un ajuste económico severo, con lo que perdió sus pocos apoyos, en especial el del movimiento indigenista Pachacutik. A lo anterior habría que añadir otros elementos que han contribuido a la aguda inestabilidad política ecuatoriana, que ha hecho que ese país haya tenido seis presidentes en ocho años. Algunos analistas señalan, por ejemplo, la enorme fragmentación política ecuatoriana, que impide que existan mayorías gubernamentales sólidas, o las oposiciones étnicas y regionales, que socavan la construcción de consensos nacionales básicos. A ello habría que agregar la propia configuración presidencialista de su régimen político, pues creo que el caso ecuatoriano refuerza aún más las tesis de quienes nos hemos pronunciado a favor del parlamentarismo. En efecto, la rigidez de los períodos presidenciales y la imposibilidad de adelantar constitucionalmente las elecciones ha hecho que las crisis gubernamentales se hayan transformado recurrentemente en Ecuador en graves crisis de Estado, que son resueltas por medios poco institucionalizados. Pero eso es otra historia. La crisis ecuatoriana es entonces compleja y no se explica únicamente por la afectación a la independencia judicial. Pero sin lugar a dudas la inestabilidad ecuatoriana se encuentra ligada a la precariedad de dicha independencia. Y es una lección que los colombianos no deberíamos ignorar, cuando existen tantas amenazas sobre nuestra todavía insuficiente pero de todos modos no deleznable tradición de respeto a la independencia judicial. * Director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, DJS, y profesor de la Universidad Nacional