Imagínese que el Gobierno decreta que el kilo de papa no se puede vender por menos de 10.000 pesos: una berraquera para el que la cultiva, ¿no? Pero resulta que la gente no puede o no está dispuesta a pagar más de 3.000. ¿Qué pasa? Que la papa se queda en el camión, se pudre y nadie la compra.
Con el salario mínimo funciona igual: es un precio mínimo, el del trabajo. Y cuando ese precio queda por encima de lo que un negocio puede pagar, el empleo no se compra. Se genera informalidad y se cierra la puerta a contratar.
Desde mediados de 2025, a quien da empleo en Colombia le han llegado los golpes en fila.
Por un lado, el mínimo subió un 23 % en enero de este año, pasó de $1.423.500 a $1.750.905.
Por otro lado, nos clavaron una dañinísima reforma laboral. La hora nocturna empieza a las 7 de la noche, y no a las 9. El recargo de domingos y festivos ya está en un 90 %, y en julio de 2027 llega a 100 %. Bancolombia calcula que todo eso sube los costos laborales alrededor del 7,6 %, y las cuentas de Cotelco y Anato, para hoteles y turismo, dan un 6,3 %.
Y ahora resulta que la CUT pide subir el mínimo un 38,5 %, hasta $ 2.425.003, y los gremios proponen un aumento entre el 8 y el 9,5 %. O sea, la CUT pide entre cuatro y cinco veces más.
Es decir: quebrar a miles de micro y pequeñas empresas por puro populismo, con las elecciones regionales de 2027 a la vuelta de la esquina.
Un ejemplo para que logremos entender la gravedad de esto. Una hora de trabajo en domingo, para el que gana el mínimo, le costaba al dueño cerca de $ 11.600 en 2025. Hoy son $ 15.842, y si se aprobara la propuesta de la CUT, más el recargo del 100 % que llega en julio de 2027, serían cerca de $ 23.000. Casi el doble en dos años, por la misma hora de trabajo.
Impagable para las micro y pequeñas empresas, que son el 98 % del tejido empresarial colombiano.
Ahora pregúntese a quién le toca pagar eso. Hay tres opciones: el negocio, que muchas veces no puede; el cliente, con precios más altos; o el trabajador, con un despido o con un empleo que se vuelve informal. Y eso que ya, según el Dane, un 54,8 % de los ocupados del país está en la informalidad, y en las microempresas, 85 de cada 100.
Quien dice que un decreto sube el salario le está vendiendo un cuento. El salario lo sube la productividad: el trabajo de los colaboradores para que la empresa venda más, y un Estado que deje de ser un palo en la rueda poniendo trabas. Lo demás es plata de papel, falacias y embustes.
Por eso, después de un 23 % y de una reforma laboral que apenas se está sintiendo, otro 38,5 % sería la estocada final para miles de negocios que ya vienen agonizando. Y cuando cierra un negocio no solo pierde el dueño del comercio, también pierden los que trabajan ahí.
Por eso el mínimo no debe ser una historia irreal que emocione a la gente. Si no, ¿por qué no todos nos ponemos un salario mínimo de 10 millones al mes?