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Andrés Vélez Serna Columna Semana

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La historia se repite

Las normas requeridas para controlar el mercado de cigarrillos electrónicos no se han podido aprobar porque la industria desarrolla un fuerte lobbying que involucra a múltiples actores que reciben financiamiento de ésta.

25 de enero de 2023

En 1953, los directores de las tabacaleras más grandes del mundo se reunieron en el Hotel Plaza de la ciudad de Nueva York para impedir que la gente conociera los efectos deletéreos de los productos que ofrecían.

Para lograr este objetivo diseñaron un plan encaminado a contradecir lo que demostraba la evidencia acerca del cigarrillo. Contrataron estudios para generar dudas acerca de los efectos del consumo de los productos de tabaco. Financiaron médicos para que manifestaran públicamente que fumar beneficiaba la salud. Difundieron publicidad engañosa sobre el cigarrillo e interfirieron en los órganos de toma de decisiones públicas de los Estados para evitar que se adoptaran medidas de control sobre sus productos.

De acuerdo con el filósofo estadounidense Lee McIntyre, la estrategia puesta en marcha por la industria marcó el punto de inicio del fenómeno de la posverdad, debido a que logró el posicionamiento de un discurso contrario a la evidencia científica y evitó que esta fuera tenida en cuenta en la toma de decisiones públicas. A las tabacaleras les generó un enorme beneficio porque pudieron vender sus productos al público libremente. El consumo de cigarrillo se normalizó en hogares, sitios de trabajo, restaurantes, aviones y otros ámbitos de encuentro social.

Pasaron cinco décadas hasta que fue posible alcanzar un acuerdo internacional para adoptar medidas de control para hacer frente a la epidemia del tabaquismo. En 2003 se adoptó el Convenio Marco de Control de Tabaco (CMCT) al que han adherido 177 estados, entre ellos Colombia. Este instrumento internacional de protección de derechos humanos marcó un hito en la historia de la salud pública, debido a que incorporó medidas basadas en evidencia para reducir la oferta y la demanda de productos de tabaco.

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del CMCT Colombia impuso tributos específicos a los productos de tabaco -que a la fecha están en mora de ser incrementados-. También, estableció espacios libres de humo para proteger a las personas no fumadoras de estar en contacto con las sustancias que libera el cigarrillo. Asimismo, adoptó advertencias sanitarias sobre los riesgos relacionados con el consumo de tabaco y prohibió toda forma de promoción, publicidad y patrocinio de estos productos. No olvidemos que hace un poco más de una década la liga de fútbol profesional llevaba el nombre de una marca de cigarrillos. De otra parte, fortaleció la prohibición de venta y exposición de personas menores de dieciocho años a los productos de tabaco.

La efectividad de estas medidas ha sido notoria. De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del Dane, entre 2016 y 2021, el porcentaje de fumadores (o prevalencia) bajó del 8,3 % al 5,6 %.

Esto quiere decir que hay cerca de un millón de fumadores menos en Colombia. Un verdadero éxito en salud pública si se considera que el 50% de los fumadores mueren a causa de enfermedades provocadas por los productos de tabaco.

Sin embargo, la utilidad de estas medidas llevó a la industria a acelerar el desarrollo y comercialización de productos novedosos, entre los que sobresalen especialmente los cigarrillos electrónicos. Estos son dispositivos electrónicos que calientan una solución líquida compuesta por diferentes sustancias, entre las que se encuentran: glicerina vegetal, propilenglicol, nicotina y saborizantes. Al calentar la solución se produce un aerosol que es inhalado por el consumidor y luego liberado a la atmósfera.

Los productores de cigarrillos electrónicos han desarrollado estrategias directamente encaminadas a atraer al público adolescente y juvenil que involucran el uso de sabores, colores y formas especialmente atractivos para esta población. De hecho, en los Estados Unidos la compañía Juul está obligada a pagar indemnizaciones por cerca de 440 millones de dólares por haber diseñado acciones de mercadeo dirigidas a menores de edad. No obstante, las estrategias diseñadas por la industria para atraer a adolescentes y jóvenes han dado sus frutos.

En Colombia, de acuerdo con información del Dane, se estima que alrededor de 200.000 personas menores de 18 años han consumido cigarrillos electrónicos. Esta cifra resulta alarmante porque el consumo de estos productos está asociado al desarrollo de graves afectaciones pulmonares y cardiovasculares. En adolescentes se ha verificado que incrementa la posibilidad de consumir cannabis y triplica la probabilidad de consumir cigarrillos convencionales. Adicionalmente, la nicotina es una de las sustancias más adictivas que se registran y ha demostrado afectar el desarrollo neuronal en personas menores de veinticinco años.

A pesar de la gravedad del asunto, Colombia todavía no ha implementado ninguna medida de control frente a los cigarrillos electrónicos y no es porque las autoridades sanitarias, la sociedad y la academia no se hayan percatado de este problema. De hecho, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Cancerología han advertido la gravedad de esta amenaza.

Asimismo, padres, madres, cuidadores, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y la academia libres de conflicto de interés claman la adopción de medidas de control. Las normas requeridas no se han podido aprobar porque la industria desarrolla un fuerte lobbying que involucra a múltiples actores que reciben financiamiento de esta. Apelan a datos que han sido desmentidos por las autoridades de salud, como que los cigarrillos son 95 % menos dañinos que los cigarrillos convencionales, o que ayudan a dejar de fumar, todo con el propósito de buscar una supuesta regulación más blanda que no afecte sus ventas, o, mejor dicho, que se mantenga el statu quo.

La historia se repite setenta años después. A pesar de que se tiene evidencia acerca del impacto que pueden tener los cigarrillos en la salud y que se ha demostrado que contienen sustancias carcinogénicas, la industria promueve un discurso contrario a la evidencia para evitar que se adopten medidas. Por esta razón, desde Red PaPaz promovemos el proyecto de #LeyVapeadoresRegulados con el propósito de que las medidas de control de tabaco que han probado ser efectivas, se extiendan a los cigarrillos electrónicos y demás productos novedosos, como lo ha recomendado la propia OMS para que no se siga repitiendo una historia que tristemente ya sabemos cómo termina.

*Socio de Edulegal y asesor legal de Red PaPaz

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