La columna de hoy se la voy a dedicar a hacerle una invitación al doctor Alejandro Ramelli —presidente de la JEP— y a sus colegas magistrados. Es una invitación sencilla, pero que puede resultar provechosa ante la campaña de victimismo a ultranza que han emprendido como consecuencia del recorte de cien mil millones de pesos del presupuesto anual de esa jurisdicción.
Señores magistrados y doctor Ramelli: ya que ustedes se sienten tan abrumados por su hercúleo esfuerzo de cuatro sentencias en ocho años, los invito a irse una semana al Complejo Judicial de Paloquemao —o a cualquier otra sede judicial del país— a visitar los juzgados y los múltiples despachos de la Fiscalía General de la Nación.
Por si no les queda tiempo —ustedes son personas en exceso ocupadas—, les voy a resumir el panorama de miles de funcionarios judiciales. Empecemos por los juzgados que cumplen funciones de garantías. Ahí encontrarán jueces que salen de una audiencia para meterse a otra. En pocos minutos recae sobre sus hombros la responsabilidad de decidir sobre legalidades de capturas, controles previos y posteriores, incautación de elementos y medidas de aseguramiento. Pura adrenalina. Si pasan a los juzgados del circuito de conocimiento, encontrarán colegas suyos en interminables audiencias de acusación, preparatorias o de juicio. Personas que deben, entre diligencia y diligencia, dictar fallos en los que se define si alguien sale absuelto o recibe penas que pueden superar los 40 años.
En las fiscalías la cosa no mejora. Hay despachos con más de dos mil expedientes. Hay fiscales que salen de un juicio para ir a otro en una rutina que arranca el lunes y termina el viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Todo eso mientras, en el mejor de los casos, tienen un asistente que se multiplica para atender usuarios, contestar derechos de petición, citar testigos, ayudar en la emisión de órdenes a policía judicial y registrar actuaciones. Y si no lo tienen, al fiscal le toca hacer el trabajo de dos.
Dirán los que lean esta columna que la Rama Judicial está llena de gente poco productiva. Y, en efecto, los hay. Pero también hay una buena cantidad de funcionarios que se toman su trabajo muy en serio. Todos los días, sin mayores quejas, sobrepasan con creces su jornada laboral y sacrifican sus días de descanso. No envían cartas lastimeras ni amenazan con la Corte Penal Internacional. Trabajan. Se ganan el sueldo bien ganado.
Todo esto para recordarles a los señores magistrados y al doctor Ramelli que hacen parte del extremo glamuroso de la justicia. Trabajan en un edificio suntuoso, bien ubicado y con comodidades. Muy cerquita de donde despachan los banqueros de Colombia. Tampoco sufren escasez de personal. La JEP cuenta con veinte magistrados en el Tribunal para la Paz y 18 en Salas de Justicia, apoyados por 97 magistrados auxiliares. Todos con sueldos muy superiores a los 35 millones de pesos. Súmele, además, 1456 funcionarios de planta y la nómina paralela de 1218 contratistas. Una burocracia cuantiosa que supera con creces los casi 800 cargos de la Corte Suprema de Justicia, que cierra los procesos penales, civiles, laborales y de familia de todo el país.
¿Tan mal están? ¿Tanta alharaca hay que hacer porque les van a recortar cien mil millones de los excesivos 947.642 millones que solicitaron? ¿Les cuesta hacer su trabajo con casi 820 mil millones de pesos?
Por si no lo saben, el país atraviesa una grave crisis fiscal. No solo ustedes deben tener consideración, sino todos los colombianos. Claro, a nadie le gusta que le toquen el bolsillo, pero todo el sector público debe aprender a convivir con el recorte. Así a quienes viven en la opulencia les cueste más trabajo.
Aprovechen la crisis fiscal para recortar sus escandalosos gastos y trabajar más eficientemente. Les propongo que dejen de gastar en nimiedades como aquella obra de teatro que contrataron con Fabio Rubiano, que costó casi 200 millones de pesos y que nadie vio. O los 1465 millones que le pagaron a la RTVC de Holman Morris para hacer una serie de televisión que exaltara su labor. O el monitoreo de medios por 106 millones que contrataron. O los miles de contratistas de prestación de servicios que tienen ganándose honorarios vergonzosos. Gastos que nada tienen que ver con la labor puntualísima que la Constitución Política les encomendó: verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado.
Señores magistrados y doctor Ramelli: aterricen. Ustedes administran justicia en un país en el que hay personas que se han hecho matar con tal de darle la majestad que merece a la labor judicial. Pongan el ejemplo y empiecen a trabajar duro, en vez de regatear migajas presupuestales. Dóblense la jornada, si es del caso, que para eso bastante les pagan. A ver si así este año, el noveno de su gestión, logran la proeza de, al menos, expedir su quinta sentencia.