La política económica de la administración Petro

La administración Petro recibe la economía con elementos positivos, pero también con varios negativos e inmensos desafíos. El elemento positivo es la recuperación que ha tenido la economía entre mediados de 2021 y mediados de este año. En todo caso, dada la fuerte contracción que había tenido la economía durante la pandemia, el crecimiento económico entre 2018 y 2022 será apenas de 3,0 por ciento anual. El empleo se ha recuperado, pero la tasa de desocupación sigue siendo muy alta, 11,3 por ciento en junio, y el comportamiento del mercado de trabajo sigue afectando negativamente a las mujeres y a los jóvenes.

En lo negativo se cuentan la inflación, de origen fundamentalmente internacional, y la desaceleración de la economía mundial. El primero de estos fenómenos ha dado lugar a un fuerte aumento de las tasas de interés en el mundo entero, a la cual el Banco de la República no podía ser ajeno. Sin embargo, dado el origen de la inflación, asociada a fenómenos de oferta, las tasas de interés solo lograrán bajar la inflación en forma muy gradual y afectan el crecimiento de la economía.

Otro elemento preocupante es el alto déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Durante el primer trimestre de 2022, llegó al 6,4 por ciento del producto interno bruto, uno de los niveles más altos de América Latina. Esto se ha dado pese al auge internacional de precios de productos básicos. A ello se agrega un ajuste fiscal incompleto, como lo señalo más adelante.

La política económica tendrá, por lo tanto, enormes desafíos. El primero es enfrentar la desaceleración, que se hará evidente durante el segundo semestre del año, durante el cual Fedesarrollo espera un crecimiento de apenas el 2 por ciento. El reto para 2023 es igualmente claro, dada la fuerte desaceleración de la economía mundial. Las políticas monetaria y fiscal del país tendrán que tener en consideración esta realidad; en el primer caso, respondiendo, además, al dictamen de la Corte Constitucional de Colombia de 1999 según el cual el Banco de la República debe tener en cuenta, aparte de la inflación, los efectos de la política monetaria sobre el empleo y la actividad productiva.

Más allá de la coyuntura, la política de desarrollo productivo deberá contribuir a acelerar el crecimiento y diversificar la actividad económica y especialmente la exportadora, ya que el país debe dejar de ser dependiente de las exportaciones de petróleo y carbón. Se diseñará una política que, utilizando diversos instrumentos, promueva la diversificación productiva y exportadora, apoyada en un sector empresarial dinámico. Entre los instrumentos esenciales, se incluirán una política de ciencia y tecnología que promueva nuevas actividades económicas y el aumento de la productividad, y un manejo muy activo de nuestros cuatro bancos de desarrollo (Finagro, Bancóldex, Findeter y la Financiera de Desarrollo Nacional).

En el terreno productivo, se contará también con una política muy activa enfocada en la economía popular y que apoye la pequeña y microempresa en todos los sectores económicos (agropecuario, minería de oro, industria y servicios). Esa política buscará un mayor acceso de estas empresas al crédito, a la tecnología y a mecanismos adecuados de comercialización de sus productos. Apoyará iniciativas locales, ojalá con el respaldo del propio sector empresarial.

En el terreno fiscal, hay el doble desafío de responder a las demandas sociales y culminar el ajuste fiscal. En este último sentido, hay que resaltar que el déficit del año en curso es todavía del 5,6 por ciento del PIB, al cual se agrega un faltante del 3 por ciento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El presupuesto presentado por el Gobierno Duque para 2023 no solo no incluye los programas sociales del Gobierno que ganó las elecciones, sino inmensas inflexibilidades, que se han agudizado con decisiones de gasto de último momento, en una escala que no tiene precedentes en la historia del país. Deberá ser, por lo tanto, revisado en forma sustancial para incluir los nuevos programas sociales y revisar a fondo esas decisiones de última instancia.

La reforma tributaria que se presentará responde a ese doble desafío, social y de ajuste fiscal, así como a la tarea de corregir dos de las grandes deficiencias de nuestro sistema tributario: el bajísimo nivel de recaudos de impuestos a las personas naturales (1,2 por ciento del PIB vs. 8,1 por ciento en el promedio de los países de la Ocde) y los altísimos niveles de elusión y evasión tributaria (entre 5 y 8 por ciento del PIB, según diversos cálculos). Cabe agregar que por una y otra vía se limita la equidad y progresividad que debe caracterizar el sistema tributario, como lo demanda, por lo demás, nuestra carta política.