Las Fuerzas Armadas que Colombia necesita

Nos falta un debate nacional sobre el desempeño y el tipo de Fuerzas Armadas que requerimos en una Colombia que trata de superar el conflicto armado (el cual aparece como un referente claro) y de consolidar un Estado Social y de Derecho como el que nos propusimos construir desde la promulgación de la Constitución Nacional de 1991. Ahora, en su vigésimo aniversario, su balance nos muestra que es mucho el camino que hay que recorrer para que la nación se ajuste a este derrotero.

El presidente Juan Manuel Santos, quien ha anunciado su propósito de modernizar a Colombia, muy seguramente va a liderar un proceso hacia una finalización pactada de la vieja confrontación con las guerrillas de las FARC y el ELN. Es lo mejor que le puede ocurrir al país para no abocarnos a la larga agonía de unas fuerzas guerrilleras que pueden permanecer por una década o más siendo factor de perturbación y reforzando las estructuras más conservadoras de poder. Esto no va a suceder pasado mañana, pero en esa dirección se encamina si guerrillas y élite en el poder actúan de manera responsable, con un apoyo ciudadano hacia un escenario de postconflicto y reconciliación.

Si avanzamos hacia una finalización pactada del conflicto armado, cabe preguntarse: ¿cuál será el tipo de Fuerzas Armadas que se necesitan en una consolidación democrática? En busca de una respuesta, se requiere una ampliación de la capacidad del Estado para ser garante de las libertades ciudadanas y el pleno respeto de los derechos humanos.

La primera tarea a asumir dentro de las Fuerzas Armadas, con el liderazgo presidencial, es una postura abierta a reconocer cuál fue su desempeño y el tipo de motivaciones e intereses que defendieron durante el conflicto. Es decir, un balance de sus responsabilidades institucionales y de los comportamientos de los mandos y dirigidos, que tiene como centro el aceptar sus responsabilidades en graves violaciones de derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Si esto no se logra, será imposible que entren en los escenarios de justicia transicional que se requiere para tramitar las responsabilidades de todas las partes, lo cual no equivale a igualar a las partes en confrontación, sino a reconocer sus responsabilidades y a tener el carácter para ir hacia un escenario de postconflicto y reconciliación.

Si cerramos este largo conflicto armado, debemos discutir el tamaño y el tipo de recursos que las Fuerzas Armadas requieren. Hoy tenemos un Ejército Nacional del tamaño del de Brasil, un país con ocho veces más territorio y seis veces más población, lo cual nos debería indica que el nuestro está ‘engrandecido’, lo cual se explica por la amenaza real que representaron las FARC a finales del siglo XX. Pero sin esa guerrilla, podríamos regresar a un Ejército mas pequeño, y desmontar buena parte de la Infantería de Marina, lo cual tendría como correlato un mejoramiento en los planes de formación y en la remuneración del conjunto de las Fuerzas Armadas, que al igual que maestros y trabajadores de la salud y la justicia, deben ser los cuatro sectores en los que la sociedad y el Estado apliquen mejores esfuerzos de remuneración.

Hay que avanzar además en los niveles de coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Aquí ya es mucho el camino positivo recorrido, por lo que ahora se requiere una reingeniería de sus coordinaciones y responsabilidades, y mantener ese sentido de liderazgo del poder civil, democráticamente definido, sobre el rumbo y actuación de las Fuerzas Armadas. Lo que hemos vivido en las dos últimas décadas nos muestra como referente unas Fuerzas Armadas que cada día de manera más estricta actúan como una institución apegada a la legalidad, por lo cual habría que lograr mejoras en dos campos: una supresión definitiva de la justicia militar, y una clarificación de los procesos disciplinarios internos. Esto se traduce en que los delitos cometidos por militares deben ser juzgados en la justicia civil y debe haber un régimen interno disciplinario que avoque los temas de funcionamiento y conductas de sus integrantes, en lo referente a delitos investigados por la Fiscalía y juzgados por el poder judicial, lo cual debe tener como correlato una adecuada y profesional defensa jurídica de los militares, como parte de la estructura del Ministerio de Defensa.

Por ultimo, como aporte a este debate pendiente, en la medida en que seguimos en pleno conflicto, hay que fortalecer y ampliar los estudios académicos y de instituciones civiles sobre los temas de seguridad y defensa nacional. Para ello Colciencias debería definir estos como una prioridad en su plan de acción, y la Escuela Superior de Guerra debería transformarse en una Escuela Superior de Defensa Nacional, como lo ha propuesto el prestigioso maestro Francisco Leal Buitrago, pionero desde los años 60 de una reflexión sobre los temas de Fuerzas Armadas y la seguridad nacional, secundado en las dos ultimas décadas por el Grupo de Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad Nacional de Colombia y coordinado por el maestro Alejo Vargas, ejemplos de que desde la academia se puede aportar de manera sistemática a tan delicados asuntos.

Estamos tal vez como nunca antes ad portas de avanzar en el cierre de este prolongado conflicto, y de allí las Fuerzas Armadas deben salir fortalecidas como institución vital para la supervivencia de nuestra democracia.

*Coordinador de la línea de Incidencia Política de la Corporación Nuevo Arco Iris - lcelis@nuevoarcoiris.org.co