Una protesta que comenzó como un gesto de solidaridad, las tensiones entre el Ministerio del Interior y la bancada liberal y una diferencia en el artículo 65 marcaron el desenlace del Presupuesto General de la Nación para 2027.
El Gobierno consiguió los votos para aprobar el Presupuesto General de la Nación de 2027, pero no logró convertirlo en ley. Una diferencia entre los textos votados por el Senado y la Cámara de Representantes, que no fue conciliada dentro del plazo legal, terminó frustrando el trámite de un proyecto por $ 634,9 billones. Detrás de ese desenlace hubo una jornada de enfrentamientos políticos, advertencias sobre el procedimiento legislativo y decisiones que hoy plantean interrogantes sobre la conducción del Ministerio del Interior.
De acuerdo con una fuente de alta confiabilidad que conoce lo ocurrido durante aquella jornada, el fracaso presupuestal estuvo precedido por una rebelión de la bancada liberal que puso en evidencia el malestar de varios congresistas con la manera en que el entonces ministro del Interior estaba manejando la plenaria. La protesta comenzó cuando las mujeres liberales decidieron retirarse durante una hora en solidaridad con la representante de San Andrés, después de un incidente con el presidente de la República. A la manifestación se sumaron congresistas de otras colectividades, incluido el Pacto Histórico. Sin embargo, mientras las demás legisladoras regresaron a sus actividades, las liberales prolongaron la protesta y terminaron acompañadas por el resto de su bancada.
El motivo ya no era solamente la solidaridad con la representante de San Andrés. Durante la reunión de los liberales comenzaron a surgir cuestionamientos por el trato que recibían del ministro del Interior y por su forma de conducir las negociaciones. La inconformidad se concentraba en que buena parte de la interlocución política se estaba desarrollando a través de los representantes Ape Cuello y Carlos Cuenca, con quienes el ministro mantenía una relación cercana. Otros congresistas consideraban que estaban siendo marginados de las conversaciones y que sus posiciones no estaban siendo suficientemente escuchadas. La fuente hace una precisión fundamental: la rebelión liberal no estaba dirigida contra el ministro de Hacienda, como se habría interpretado en algunos sectores, sino contra el titular del Interior, a quien los congresistas cuestionaban por su falta de tacto y por el manejo de las relaciones con las bancadas.
La protesta se prolongó hasta entrada la noche. Hacia las seis de la tarde llegó al Congreso Simón Gaviria, quien encontró a los liberales reunidos y preguntó por las razones de su inconformidad. Las congresistas le explicaron lo que había sucedido y le manifestaron sus molestias con el ministro. Gaviria intervino entonces para facilitar el regreso de la bancada a la plenaria, algo que finalmente ocurrió entre las siete y media y las ocho de la noche. Su papel, según la fuente, fue contrario al que se le habría atribuido posteriormente desde algunos sectores. No promovió la rebelión ni buscó prolongarla. Llegó cuando el conflicto ya estaba en marcha y contribuyó a resolverlo. El episodio también habría dejado al descubierto una animadversión del ministro hacia Gaviria, una tensión personal cuyo alcance no ha podido establecerse de manera independiente.
Con la bancada liberal nuevamente en el recinto, el Gobierno continuó la discusión del presupuesto. El tiempo apremiaba y todavía era necesario garantizar que ambas corporaciones aprobaran un articulado idéntico. La fuente asegura que durante la jornada varios congresistas recomendaron solicitar a la Imprenta Nacional la publicación del texto que había salido del Senado, para que la Cámara pudiera conocerlo y adoptar esa misma versión mediante una proposición sustitutiva. La recomendación buscaba evitar que se votaran disposiciones distintas y que surgiera la necesidad de una conciliación cuando los términos estaban próximos a vencerse.
Lo que es claro esa que la propuesta no prosperó. De acuerdo con la fuente, el ministro del Interior estaba convencido de que contaba con mayorías suficientes para sacar adelante la votación artículo por artículo y prefirió continuar con esa estrategia. Su confianza descansaba, en buena medida, en el respaldo político que mantenía con Ape Cuello y Cuenca. La misma fuente asegura que el entonces ministro del Interior presuntamente había consumido alcohol durante la jornada y atribuye a esa circunstancia parte de su falta de atención a las advertencias sobre el procedimiento legislativo. Se trata de una acusación grave que requiere corroboración independiente, tanto sobre el supuesto consumo como sobre su eventual influencia en las decisiones tomadas durante la sesión.
Entretanto, el problema terminó apareciendo en el artículo 65. En el Senado se había presentado una proposición que modificaba su contenido, pero finalmente fue retirada. La Cámara, sin embargo, aprobó una versión del articulado que conservaba esa modificación. Así, mientras una corporación había dejado por fuera la proposición, la otra terminó votándola como parte del proyecto. La diferencia no fue advertida oportunamente y, al concluir la votación, se dio por entendido que los textos coincidían y que no era necesario convocar una conciliación.
La fuente sostiene que congresistas del Pacto Histórico identificaron la discrepancia antes de que vencieran los términos y optaron por guardar silencio hasta que ya no existiera margen para corregirla. De confirmarse, esa circunstancia abriría un interrogante adicional sobre el conocimiento que tuvieron las distintas bancadas de la irregularidad y sobre las oportunidades que pudieron existir para subsanarla. Por ahora, no hay elementos independientes suficientes para establecer quiénes conocieron el error con anticipación ni en qué momento lo detectaron.
Cuando se hizo evidente que el artículo 65 había sido aprobado de manera diferente en las dos cámaras, el plazo para adelantar la conciliación ya había vencido. El Gobierno se quedó sin una ley de presupuesto aprobada dentro del término correspondiente y tuvo que recurrir a la expedición por decreto de los $ 634,9 billones para 2027. La decisión permitió contar con un presupuesto, pero dejó por fuera las modificaciones introducidas en los debates posteriores que no estaban incorporadas en el texto aprobado en primer debate.
El fracaso dejó expuestas las dificultades de coordinación entre quienes conducían políticamente el trámite y los responsables de verificar el articulado. También puso bajo examen la decisión de continuar con una votación artículo por artículo cuando existía una alternativa que, según la fuente, había sido planteada para reducir el riesgo de diferencias entre las dos corporaciones. Conseguir las mayorías era indispensable, pero no bastaba. El Gobierno necesitaba que los textos coincidieran y que el procedimiento legislativo quedara concluido dentro de los términos establecidos.
La salida del entonces ministro del Interior, anunciada al día siguiente, ocurrió en medio de ese escenario. Sin embargo, las dificultades políticas que habían precedido al fracaso presupuestal permiten examinar su relevo más allá del episodio del artículo 65. La protesta liberal, los cuestionamientos por la interlocución con las bancadas y las tensiones con otros dirigentes forman parte de un contexto que pudo haber incidido en el desgaste de su relación con el Congreso. Establecer cuánto pesó cada uno de esos factores en la decisión del Gobierno requiere conocer las razones que se discutieron antes de su salida.
Lo ocurrido aquella noche dejó una contradicción difícil de pasar por alto. El Gobierno logró reunir los votos necesarios para aprobar uno de sus proyectos más importantes, pero terminó sin la ley que esperaba sacar adelante. La diferencia de un artículo hizo visible un problema que iba más allá de la redacción de una disposición presupuestal. Quedaron pendientes las explicaciones sobre quién preparó las versiones sometidas a votación, quién debía verificar su coincidencia, qué advertencias se hicieron y por qué no fueron atendidas. También quedó abierta la discusión sobre el manejo político de una plenaria en la que las mayorías no fueron suficientes para evitar el fracaso del trámite.