En una columna reciente publicada en Los Danieles y replicada en El Espectador, las periodistas Ana Bejarano y Ana Cristina Restrepo centraron su atención en el expresidente Andrés Pastrana. En el escrito, las autoras aluden a un derecho de petición que presentaron ante el exmandatario, compuesto por 33 preguntas sobre sus 37 apariciones en los archivos desclasificados del caso Jeffrey Epstein por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Si bien los interrogantes planteados no imputan la comisión de delitos, están formulados de manera sugestiva para sembrar dudas y exponer supuestos vínculos que podrían afectar la reputación del expresidente ante la opinión pública. El argumento central de las columnistas para exigir una respuesta es que, a su juicio, la cercanía de un exjefe de Estado con figuras vinculadas a una red de tráfico sexual no pertenece a su esfera privada, sino que constituye un asunto de interés público.
A diferencia de las opinadoras mencionadas, no pretendo ser juez ni reemplazar las funciones investigativas propias de la justicia. Sin embargo, bajo esa misma premisa —que considero legalmente cuestionable, pero políticamente efectiva para erosionar la imagen pública de una figura política—, me permito extender una serie de preguntas al Dr. Ramiro Bejarano Guzmán, exdirector del DAS durante la administración de Ernesto Samper Pizano, esperando que la financiación por parte del narcotráfico de la campaña de este último a la presidencia no sea considerada hacer parte de la esfera privada:
1. Sobre la financiación de la campaña 8000: ¿Mantiene usted su postura de negar la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper Pizano, pese a las múltiples condenas y confesiones judiciales posteriores?
2. Defensa de funcionarios: Tras su paso por la dirección del DAS, usted ha defendido desde sus columnas en El Espectador a figuras del gobierno Samper, como Horacio Serpa. ¿Cómo reconcilia esta defensa con los señalamientos sobre el transporte de dineros ilícitos en aeronaves desde San Andrés?
3. Contradicciones judiciales: ¿Tenía usted conocimiento de que la versión de Horacio Serpa fue cuestionada en declaraciones judiciales por otros miembros de la campaña liberal, quienes afirmaron que él tenía conocimiento directo del manejo de fondos, la violación de topes y las reuniones para ocultar el origen de los recursos?
4. Seguridad y el magnicidio de Álvaro Gómez: durante su gestión como director de inteligencia del Estado, ¿tuvo conocimiento de las amenazas o planes contra el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, cuya postura contra el régimen samperista y el narcotráfico era pública y notoria?
5. El caso de Santiago Medina: ¿Qué balance hace del fallecimiento bajo la custodia del Estado de Santiago Medina, extesorero de la campaña Samper, quien, tras ser capturado en 1995, fue el testigo clave que confesó el ingreso de capitales ilícitos con anuencia de la cúpula de la campaña?
6. Interceptaciones: ¿Qué opinión le merecen las denuncias públicas sobre presuntas interceptaciones ilegales realizadas por el DAS bajo su dirección para espiar a agentes de la DEA y críticos del gobierno Samper, información que habría sido utilizada en debates del Congreso?
7. Enemistad con Andrés Pastrana: ¿Es cierto que en 2001 usted renunció temporalmente a una columna en el diario El Espectador con motivo de la eliminación de una oración de uno de sus escritos, en la que acusaba al gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana de “ser experto en perseguir y difamar a sus opositores y en enriquecer a sus amigotes”?
8. Uso de sus escritos: ¿Es cierto que usted ha sido criticado públicamente en varias ocasiones por usar su calidad de columnista a favor de los casos en los que es parte?
9. Conflicto de interés: ¿Es consciente de la percepción de conflicto de interés que surge al notar que su hija, Ana Bejarano Ricaurte, impulsa activamente exigencias de rendición de cuentas contra Andrés Pastrana, quien fue el primer denunciante —y principal víctima política— de la entrada de dineros del cartel de Cali a la campaña de 1994?
Estas preguntas, formuladas con la misma metodología de la columna citada, ilustran cómo el simple ejercicio de interpelación pública tiene el potencial de dañar la reputación de cualquier figura. A diferencia de las periodistas mencionadas, no pretendo insistir en una respuesta formal. Sin embargo, considero necesario dejar constancia del que considero un evidente conflicto de interés que rodea esta narrativa mediática.