Hace 15 días se posesionó un gobierno nuevo. En su discurso prometió incorporar a Colombia a la cuarta revolución industrial, priorizar la educación en inteligencia artificial, programación, ciencia de datos y robótica, y afirmó que nuestros jóvenes deben ser creadores y no simples consumidores de tecnología ajena. Aunque la orientación es correcta, no incluyó una sola cifra, meta ni asignación presupuestal. No lo señalo como reproche a una administración de 12 días, sino porque describe con exactitud el estado del país: llevamos años hablando de inteligencia artificial sin haber tomado una decisión política de fondo. Y la claridad política, en este caso, no consiste en tener una opinión sobre la tecnología, sino en decidir, financiar lo decidido y responder por el resultado.
Empecemos por el inventario honesto, porque no partimos de cero. Colombia adoptó el primer marco ético de inteligencia artificial para el sector público de América Latina; se aprobó el Conpes 4144, la Política Nacional de Inteligencia Artificial; se presentó, con la Unesco, el informe de evaluación de preparación del país en gobernanza ética; y se sancionó la Ley 2502. Ahora, veamos el otro lado del balance. El proyecto de ley que regula la inteligencia artificial se radicó, pero se hundió, se volvió a radicar, recibió mensaje de urgencia presidencial y en mayo de 2026 seguía en primer debate. De los diez proyectos tramitados en la legislatura 2024-2025, se aprobó uno y se archivaron nueve. La reforma a la ley de protección de datos fue archivada. La ley de datos del Estado se quedó en el tercer debate. Y del Conpes 4144 no hay informe público de avance. Tenemos documentos, pero lo que no tenemos es una política. La diferencia entre las dos cosas es sencilla: un documento describe; una política decide y paga. Y ahí la prueba es aritmética. El presupuesto, por ejemplo, de MinCiencias pasó de cerca de 267.000 millones de pesos en 2025 a poco más de 120.000 millones en el proyecto de 2026. Invertimos alrededor del 0,3 % del PIB en investigación y desarrollo frente al 2,71 % del promedio de la OCDE, graduamos 18,3 doctores por millón de habitantes cuando el promedio latinoamericano es 65, y bajamos del puesto 61 al 71 en el Índice Global de Innovación. Este deterioro viene de varios períodos y de varios colores políticos, y no se corrige con un cambio de gobierno, sino con un acuerdo de Estado que sobreviva a los gobiernos.
En la política educativa es donde el problema se vuelve estructural. Según el formulario C600 del DANE, 21.343 sedes educativas del país no tienen internet, y 5.450 no tienen servicio eléctrico. En las pruebas Pisa 2022 obtuvimos 383 puntos en matemáticas frente a 472 del promedio de la OCDE. En Saber 11 de 2025, la brecha entre colegios privados y oficiales creció a 31 puntos y la brecha urbano-rural, a 26. Sobre esa base material queremos formar creadores de tecnología. Mientras tanto, estudiantes y docentes ya decidieron sin esperarnos, porque la usan sin haber recibido ninguna formación, siendo primeros en adoptarlas. Y no existe un lineamiento vinculante del Ministerio de Educación sobre su uso en el aula.
Traducido a política pública: sin reglas, la inteligencia artificial no cierra las brechas educativas del país; las ensancha. Y no decidir también es decidir, solo que por omisión y a costa de los mismos de siempre. No se trata de hacer más diagnósticos o de formular preguntas retóricas sobre la inteligencia artificial, sino de actuar para crear la política necesaria y definir bajo qué fines se diseña, con qué datos se alimenta, quién la gobierna, cómo se regula y a quién rinde cuentas.
Un país no gana claridad repitiendo consignas sobre la innovación, sino sometiendo sus decisiones tecnológicas al escrutinio, al dato y a la rendición de cuentas. Colombia difícilmente va a liderar esta transformación, pero sí está a tiempo de decidir qué papel quiere desempeñar en ella. Porque un país que no decide sobre su tecnología no se queda neutral: acepta, sin haberla discutido, la decisión de otros.