La próxima legislatura heredará varios desafíos estructurales: salud, seguridad, finanzas públicas, justicia y el funcionamiento mismo del sistema político. Tendrá que enfrentarlos en un escenario cada vez más fragmentado y con serias dificultades para construir acuerdos.
Hace unos días vi un debate en A fondo, el programa dirigido por María Jimena Duzán. Carolina Corcho y Andrés Forero, cabezas de lista al Senado del Pacto Histórico y del Centro Democrático, discutían sobre la reforma a la salud. Durante casi una hora el intercambio estuvo marcado por interrupciones, reproches y un tono cada vez más elevado. En varias ocasiones la moderadora preguntó si existía algún punto de acuerdo entre ambos. La respuesta fue, en la práctica, ninguno.
La escena resultó reveladora. Incluso en un tema tan urgente como la organización del sistema de salud —donde el país necesita acuerdos más que diagnósticos— la discusión política parece atrapada en una lógica de confrontación permanente. El próximo Congreso no solo heredará ese mismo clima político, sino también una agenda llena de decisiones aplazadas.
La reorganización del sistema de salud deberá volver a discutirse tarde o temprano, cualquiera que sea el modelo que adopte el país. La reforma política y la reforma a la justicia también siguen pendientes, aunque su viabilidad es incierta: muchas de las transformaciones propuestas afectan directamente al propio Congreso, lo que históricamente ha dificultado su aprobación.
Hoy existe además un diagnóstico compartido entre distintos sectores políticos: la seguridad se ha convertido en un asunto de atención inmediata y exige respuestas institucionales que trasciendan las divisiones partidistas. Aunque su conducción corresponde al Ejecutivo, el Congreso tiene un papel decisivo en la definición del marco legal de la política criminal y en la asignación presupuestal para enfrentar el crimen organizado y los grupos armados.
A esto se suma el frente fiscal. Durante más de una década el Presupuesto General de la Nación ha crecido en buena parte sostenido por endeudamiento, lo que implica que el próximo presidente enfrentará un margen financiero más estrecho que el de periodos anteriores.
También está el régimen pensional. Se aprobó una reforma que fortaleció el pilar solidario, pero el problema estructural de sostenibilidad permanece. La pirámide demográfica se ha invertido y la esperanza de vida es hoy mucho mayor que cuando se establecieron las edades de jubilación. Tarde o temprano el país tendrá que discutir ajustes a la edad de pensión, una decisión políticamente impopular pero difícil de evitar si se quiere preservar la viabilidad del sistema.
Colombia tiene problemas estructurales urgentes, pero el sistema político está demasiado fragmentado para resolverlos. Ese es, en el fondo, el principal desafío que enfrentará el próximo Congreso.
El país tiene un sistema de partidos profundamente fragmentado. Existen cerca de treinta organizaciones políticas con personería jurídica, aunque la mayor parte de la votación se concentra en menos de diez colectividades. Algunos partidos minoritarios ni siquiera tienen interés en crecer: funcionan como simples vehículos electorales o, peor aún, como negocio.
La fragmentación también se explica por la forma en que operan los partidos más grandes. En muchos casos las decisiones internas se concentran en sus directivas, lo que limita la renovación de liderazgos y empuja a figuras políticas a crear nuevas colectividades. El resultado es un sistema que multiplica el número de partidos sin mejorar la calidad de la representación política.
Ese proceso también ha diluido las identidades ideológicas del sistema político. Hoy los únicos partidos que mantienen cierta coherencia entre discurso y comportamiento legislativo son el Centro Democrático y el Pacto Histórico.
En el resto del espectro predomina un mosaico difícil de clasificar. En el Partido Liberal conviven corrientes muy distintas; en el Partido Conservador hay legisladores que votan como progresistas. La Alianza Verde, que históricamente se ha definido como una fuerza de centroizquierda, alberga liderazgos que incluso han reivindicado el estilo de gobierno de Nayib Bukele.
Algo similar ocurre con coaliciones recientes, como la del Nuevo Liberalismo con Mira y Dignidad y Compromiso. Reúne tradiciones políticas muy distintas y seguramente enfrentará tensiones cuando lleguen debates sensibles —por ejemplo, sobre el aborto— donde esas diferencias difícilmente podrán resolverse con una posición común. Esta alianza se gesta para sobrevivir al umbral, no por afinidad.
El resultado es que los partidos dicen cada vez menos sobre las ideas que representan. En esas condiciones, el elector termina votando más por nombres que por proyectos políticos reconocibles. Al mismo tiempo, esto complica la gobernabilidad: quien llegue a la Presidencia tendrá que negociar con intereses individuales y no con principios compartidos dentro de bloques políticos relativamente coherentes.
El diseño del sistema electoral también contribuye a este fenómeno. Las listas abiertas han fortalecido la competencia individual dentro de los partidos y han incentivado campañas centradas en liderazgos personales. Paradójicamente, los dos bloques que han logrado mayor cohesión —Centro Democrático y Pacto Histórico— lo han hecho mediante listas cerradas al Senado, aunque incluso allí la autonomía de los congresistas suele quedar condicionada por el margen de acción que permita su líder político.
Como mencioné antes, es poco probable que prospere una reforma política de gran alcance. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral probablemente será protagonista de las primeras discusiones en esta materia. Es un órgano de origen político —porque lo elige el Congreso— y al mismo tiempo tiene competencias decisivas en la regulación y desarrollo de los procesos electorales. Esa combinación resulta contradictoria y plantea preguntas legítimas sobre la solidez de nuestra democracia.
El cuestionado desempeño del CNE en los últimos años también ha servido como argumento para quienes promueven una asamblea constituyente, una salida que abriría una incertidumbre institucional difícil de prever. Evitar que esa narrativa gane terreno exige, al menos, revisar seriamente el diseño de esa institución.
El Congreso que está por elegirse tendrá que enfrentar todos estos desafíos en un momento político particularmente complejo. Muchas de las decisiones que el país ha venido aplazando terminarán llegando, inevitablemente, al debate legislativo.
El riesgo es que la fragmentación del sistema político vuelva a impedir los acuerdos necesarios y que Colombia siga administrando problemas que hace tiempo debió resolver.