La elección de Jorge Eliécer Laverde como nuevo contralor general pasó casi inadvertida en medio de la emergencia que atraviesa el país. Fue elegido con 269 votos de 286 congresistas que participaron en la votación y tendrá durante los próximos cuatro años la responsabilidad de vigilar una parte sustancial de los recursos públicos. La reconstrucción posterior al terremoto será, además, una de sus primeras grandes pruebas.
Hay por lo menos tres retos que deberían marcar su gestión.
El primero es la independencia. Un respaldo tan amplio del Congreso otorga legitimidad para comenzar, pero también aumenta la responsabilidad de demostrar autonomía. La Contraloría vigila recursos administrados por gobiernos nacionales y territoriales en los que participan prácticamente todos los sectores políticos que estuvieron representados en su elección. Los 269 votos sirvieron para llegar al cargo. Desde su posesión, ninguno debería convertirse en un compromiso.
El segundo es llegar antes. Durante décadas, buena parte del control fiscal colombiano tuvo una limitación evidente. Podía identificar el daño cuando los recursos ya se habían perdido. La reforma constitucional de 2019 fortaleció el control preventivo y concomitante y creó nuevas herramientas para anticipar riesgos sin intervenir en las decisiones de la administración.
Una de ellas es la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, conocida como DIARI. Su capacidad para cruzar grandes cantidades de información permite identificar anomalías y orientar la vigilancia hacia los lugares donde existe mayor riesgo para los recursos públicos. El desafío del nuevo contralor será convertir esa información en una herramienta cada vez más efectiva. No todos los contratos representan el mismo riesgo y el Estado tampoco tiene capacidad para vigilarlos con idéntica intensidad. La tecnología debería permitir concentrar los esfuerzos donde más se necesitan.
El tercero será encontrar un punto medio particularmente difícil durante los próximos meses. La reconstrucción movilizará enormes cantidades de recursos en poco tiempo. La urgencia obliga a contratar y ejecutar con rapidez, mientras el control exige transparencia y rigor. La Contraloría no puede convertirse en un obstáculo que paralice las decisiones necesarias para atender la emergencia, pero tampoco puede aparecer años después para explicar cuánto dinero terminó perdiéndose.
Ese equilibrio resume buena parte del desafío que recibe Laverde el primero de septiembre. El control concomitante permite acompañar la ejecución y advertir riesgos mientras ocurren, pero la Constitución establece que no puede implicar coadministración. Vigilar oportunamente sin reemplazar al funcionario que toma las decisiones será determinante para que la reconstrucción avance con velocidad y garantías.
La eficacia del control fiscal no debería medirse solamente por su capacidad para encontrar responsables cuando el daño ya está hecho. Su mayor valor está en conseguir que los recursos cumplan el propósito para el que fueron destinados.