Más gerencia, menos política

El primer año de alcaldía de Lucho Garzón indica una sintonía con sectores de la sociedad bogotana que tradicionalmente habían sido excluidos de los discursos y de las preocupaciones centrales de los gobiernos anteriores, si bien habían sido beneficiados con muchas de las acciones adelantadas por esas administraciones. Ahora, esa sintonía con lo social de Lucho hay que traducirla en procesos sostenibles de inclusión social que trasciendan el discurso, y para ello se necesitan mejores políticas públicas y una nueva concepción institucional del aparato administrativo distrital.

Es usual que los gobiernos dediquen su primer año más a la política que a la administración, al aprendizaje, al ensayo y al error. Esto obedece al necesario proceso de relegitimar ante los ciudadanos unos contenidos esenciales sobre la acción gubernamental. Pero después es necesario pasar a la gestión y concreción de estos anhelos. Lo que diferencia un gobierno populista de otro es que el populista se queda todo el tiempo haciendo política.

En Bogotá no se habla mucho de la necesidad de la reforma del Estado porque no hay problemas en las finanzas públicas. Los alcaldes han podido eludir ese debate y evitar el costo político de una reestructuración administrativa. Mockus, quien fue el único que se animó a plantear el tema, no logró materializar su proyecto. Es preciso una verdadera reconfiguración de la estructura administrativa del Distrito -debate que esta administración aplazó para el año entrante- para hacerla mucho más eficaz, eficiente y transparente. Lo cierto es que desde el año 1993 no se realiza una cirugía administrativa, y esta alcaldía tiene capital político para hacerla y dejar un legado a la ciudad de seriedad y responsabilidad.

En el Distrito, en los últimos 15 años, son más las entidades que se han creado que las desaparecidas, en contravía de los procesos de modernización del sector público. Parece haber consenso en que la estructura administrativa de Bogotá es excesiva -en entidades y funcionarios- y con problemas estructurales de coordinación, de articulación y coherencia a la hora de formular e implementar políticas públicas. El alcalde, sobre quien recae toda la responsabilidad política por las fallas de la gestión de las distintas entidades, no cuenta con las herramientas necesarias para darle coherencia a la administración distrital, ni para hacer seguimiento al avance de las distintas políticas públicas que buscan materializar los enunciados de política contenidos de manera general en el Plan de Desarrollo.

De entrada, y sólo para abrir el debate, podría decirse que hay algunas entidades que parecen sobrar y cuyas funciones podrían ser asumidas por otras. Así por ejemplo, el Idep -¿alguien sabe lo que hace?- podría hacer parte de la Secretaría de Educación como un programa de capacitación dentro de la política educativa del Distrito; Canal Capital bien puede aliarse con capital privado para hacerse rentable y sostenible desde el punto de vista financiero; la Caja de Previsión, Favidi, la Caja de Vivienda Popular y Metrovivienda deberían replantear sus funciones y ser integradas en una entidad que se encargue de las políticas de vivienda del distrito; Idipron y Acción Comunal deberían ser recogidas por el Departamento Administrativo de Bienestar Social, como la entidad responsable de la política social de asistencia.

El Instituto de Cultura y Turismo debería ser una Secretaría de Cultura que reúna a la Fundación Alzate Avendaño, la Media Torta, el Planetario Distrital, la Orquesta Sinfónica y la Cinemateca. El Jardín Botánico debería ser absorbido por el Instituto de Recreación y Deporte. La Corporación la Candelaria debería ser un programa de la Defensoría del Espacio Público. Ya hemos dicho que la Veeduría Distrital tiene un problema muy grave de identidad institucional que debe ser corregido, o desaparecer. El esquema de seis secretarias que recoja todo el nivel central, propuesta del proyecto de la administración de Mockus, sigue siendo válido, pero puede ser mejorado.

Es urgente, además de la reforma del sector central, la reforma administrativa de las alcaldías locales, tema en el que todas las administraciones han dado palos de ciego luego de la Constitución de 1991. Allí hay un importante escenario de mejoramiento de la gestión pública al nivel más cercano de la ciudadanía que tradicionalmente ha estado subutilizado en función de compromisos políticos con concejales y ediles.

La experiencia histórica reciente en materia de reformas del Estado indica que la gran mayoría han sido motivadas por el ajuste fiscal, pero muy pocas se han tomado en serio el mejoramiento de la capacidad del aparato gubernamental para elaborar e implementar políticas públicas. Así mismo, la evidencia señala que han sido procesos inconsultos a espaldas de los ciudadanos y de los funcionarios públicos, generalmente recomendaciones de comisiones de expertos y 'genios' alejados del debate democrático.

El alcalde Garzón está en inmejorables condiciones políticas para abrir un gran debate con ciudadanos, funcionarios, sindicatos, políticos y académicos sobre el alcance de la reforma administrativa del Distrito, no como una imposición de una receta que se quiere asignar en cualquier contexto por la necesidad del ajuste fiscal, sino como el consenso responsable promovido por una administración que sabe que no puede equivocarse porque el costo político será el de no poder consolidar una alternativa democrática al establecimiento político tradicional.

* Profesor de la Universidad Externado
jicuervo@cable.net.co