En vísperas de un nuevo ciclo electoral, Colombia no puede permitir que el reconocimiento tardío de crímenes sistemáticos cometidos por las FARC se convierta en una estrategia de legitimación política; la memoria de las víctimas exige coherencia, verdad plena y responsabilidad real, no cálculos electorales.
El reciente reconocimiento expreso de responsabilidad por parte del antiguo Secretariado de las FARC ante la Jurisdicción Especial para la Paz sobre el reclutamiento y la utilización sistemática de menores de edad constituye la admisión de una de las formas más graves de victimización del conflicto. Los propios exdirigentes aceptaron que niños, niñas y adolescentes fueron incorporados a la fuerza, sometidos a tratos degradantes, expuestos a violencia sexual, obligados a abortar y privados de su libertad, de su integridad y de su proyecto de vida.
Se trata de conductas que durante años fueron negadas de manera reiterada y que ahora emergen oficialmente en un momento políticamente sensible, con toda la carga jurídica y moral que implica reconocer que la afectación no fue incidental, sino parte de una práctica prolongada y estructural.
En cuanto al reclutamiento ilícito, la propia Jurisdicción Especial para la Paz ha señalado en el macrocaso correspondiente que, al menos, 18.677 niños, niñas y adolescentes fueron incorporados a esa organización armada entre 1996 y 2016, quedando expuestos a graves vulneraciones de sus derechos. Se trata de una de las infracciones más serias del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos fundamentales de la niñez, con consecuencias profundas e impactos intergeneracionales.
A estas cifras se suman decenas de miles de desapariciones forzadas, secuestros y miles de homicidios atribuidos a esa estructura insurgente a lo largo del conflicto armado.
Lo que resulta políticamente inquietante es que los máximos responsables hayan recibido primero los beneficios derivados del acuerdo —curules garantizadas, participación directa en el Congreso, garantías políticas y amplio protagonismo nacional— y solo ahora, cuando se aproxima el ocaso del período especial concedido y en plena contienda electoral, admitan crímenes que durante años negaron de manera sistemática.
La secuencia resulta profundamente cuestionable: primero se consolidaron las prerrogativas políticas; solo después llegaron los reconocimientos. En ese orden, la duda no es retórica, sino legítima: ¿estamos ante un acto auténtico de responsabilidad o frente a una admisión estratégicamente calculada en vísperas de un momento electoral decisivo?
La inquietud se acentúa porque, más allá de las declaraciones, no se evidencian todavía hechos contundentes de cumplimiento efectivo de sanciones ni de reparación real y verificable a las víctimas por parte de quienes encabezaron esa estructura.
En esa misma línea se inscribe la activa campaña política de la senadora Griselda Lobo en busca de su reelección, acompañada de una intensa presencia en foros legislativos y en escenarios académicos de alto nivel, donde pretende presentarse como referente de criterios éticos y de orientación moral en la vida pública.
La ironía resulta inevitable: se proyecta como adalid de valores democráticos mientras arrastra un pasado guerrillero marcado por graves cuestionamientos y sin que haya mediado condena judicial alguna en su contra. Esa exposición pública coincide, además, con los reconocimientos tardíos del antiguo Secretariado, lo que refuerza la percepción de un momento políticamente calculado más que de una verdadera rendición de cuentas.
La situación adquiere mayor sensibilidad si se tiene en cuenta que la Fundación Mujeres Cuerpo Rosa Blanca ha solicitado que su nombre sea incluido también dentro de los procesos que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz, reclamando presunta participación directa en prácticas de vulneración de derechos y abusos contra menores de edad reclutados por la organización insurgente.
Es evidente que en democracia todo actor político tiene derecho a participar y defender sus posturas. Sin embargo, la opinión pública tiene también el deber de ejercer memoria crítica. La justicia transicional se basa en verdad plena, reparación efectiva y garantías de no repetición. Cuando la verdad emerge en momentos políticamente convenientes, el análisis no puede ser ingenuo.
Si el sistema transicional se fundamenta en verdad plena y en la centralidad de las víctimas, toda persona señalada por conductas graves debe someterse sin ambigüedades al escrutinio de la Jurisdicción Especial para la Paz. No corresponde evadir responsabilidades ni diluirlas en discursos políticos, sino permitir que esa jurisdicción determine, con rigor probatorio, el alcance individual de los hechos.
Distinto ha sido el tratamiento institucional frente a las ejecuciones extrajudiciales, hechos que merecen el más enérgico rechazo y la sanción ejemplar de sus responsables. En ese ámbito, la Corte Constitucional de Colombia ha sostenido en su jurisprudencia que tales conductas no constituyeron una política de Estado formalmente adoptada, sino graves violaciones cometidas por miembros de la Fuerza Pública que actuaron al margen de la ley, quebrantando la Constitución y traicionando la misión institucional.
Resulta especialmente grave que Iván Cepeda, hoy presentado como heredero del actual proyecto político, haya sostenido una cercanía ideológica y política notoria con los máximos cabecillas de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ejerciendo en distintos escenarios públicos una defensa explícita de sus posiciones durante la negociación y la implementación posterior del acuerdo.
La gravedad se profundiza porque esa defensa recayó sobre dirigentes que hoy reconocen su responsabilidad en crímenes particularmente aberrantes contra menores de edad, incluidos el reclutamiento forzado, abusos y otras conductas que lesionaron de manera irreparable la dignidad y la vida de las víctimas.
Defender de manera consistente a quienes hoy reconocen graves violaciones de derechos humanos no es un hecho políticamente neutro. Implica una toma de posición que debe ser evaluada por la ciudadanía. En democracia, las afinidades ideológicas y las apuestas estratégicas tienen consecuencias, y es legítimo que los electores definan en las urnas si esa cercanía y esa visión del conflicto merecen continuidad o deben tener un costo político en las próximas elecciones.