Colombia enfrenta un momento crucial de su historia, en el que la continuidad del actual proyecto político implicaría la profundización del deterioro institucional, la pérdida de control territorial y el fortalecimiento de estructuras criminales, por lo que la elección del 31 de mayo de 2026 no es una competencia electoral ordinaria, sino una decisión estructural sobre la supervivencia de la democracia.
Muy a pesar del desastroso balance del llamado gobierno del cambio, de haber probado el caos de la izquierda y, a menos de una semana de la primera vuelta presidencial, resulta inverosímil que el heredero político Iván Cepeda continúe liderando las encuestas e incluso aparezca con opciones de imponerse en primera vuelta. Colombia, considerada una de las naciones más hermosas del mundo por su riqueza hídrica, su biodiversidad y la resiliencia de su gente, permanece atrapada en una contradicción histórica que frena su desarrollo: mientras las grandes potencias avanzan en inteligencia artificial, innovación científica y tecnologías de vanguardia, el país aún convive con guerrillas criminales del siglo pasado, economías ilícitas y un progresivo deterioro institucional alimentado por visiones ideológicas fallidas en varias latitudes.
Así las cosas, surge una pregunta inevitable: ¿hasta cuándo los colombianos seguiremos tolerando que esta contradicción se convierta en el principal obstáculo para el progreso, la inversión y el bienestar colectivo? ¿Cómo explicar que, tras el evidente fracaso de la paz total, el deterioro del sistema de salud, el aumento de la deuda externa, los reiterados escándalos de corrupción, la baja ejecución gubernamental y el enfriamiento de relaciones estratégicas con aliados como Estados Unidos e Israel, aún exista un sector dispuesto a prolongar este modelo político?
No se trata de especulaciones, sino de hechos verificables. Iván Cepeda ha planteado públicamente la convocatoria de una asamblea nacional constituyente en caso de llegar a la Presidencia, junto con reformas estructurales que incluyen la eventual eliminación del Consejo de Estado, entre otras, en un alineamiento con la visión de Gustavo Petro para la conducción del país.
La contradicción es evidente: mientras se promueve la idea de un “gran acuerdo nacional”, simultáneamente se impulsa un rediseño profundo del orden institucional mediante una constituyente. En la práctica, ello implicaría que el voto por Cepeda no solo define una presidencia, sino también un proceso de transformación estructural del Estado con capacidad de alterar sus contrapesos fundamentales.
Dentro de esa misma línea, se plantea la continuidad de las negociaciones con el ELN, una estructura armada que ha evolucionado hacia dinámicas predominantemente criminales, sustentadas en el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Tras más de tres décadas de intentos fallidos de diálogo y un proceso marcado por la fragmentación interna del grupo, no existen evidencias de que el enfoque actual pueda producir resultados distintos.
A ello se suma un elemento político relevante: el propio candidato Cepeda ha reivindicado su participación en estos procesos durante más de 15 años, lo que inevitablemente plantea una pregunta de fondo sobre la viabilidad de insistir en una intención completamente fracasada.
Lo que hoy se observa no es una improvisación política ni un giro coyuntural, sino la consolidación de un proyecto con clara coherencia ideológica y estratégica. Cepeda, con formación en círculos académicos europeos de influencia, encarna la continuidad de una visión orientada a la reconfiguración del poder institucional. El riesgo no radica únicamente en sus propuestas, sino en la normalización de señales que, de materializarse, podrían alterar el equilibrio republicano.
Las preocupaciones se profundizan al analizar su entorno familiar e ideológico. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, fue dirigente del Partido Comunista Colombiano, y no es menor el hecho de que un frente de las Farc llevara su nombre. A ello se suman sus reconocidos vínculos políticos con exintegrantes del antiguo secretariado de esa organización, lo que durante años ha generado debate en distintos sectores del país.
Más inquietante aún es la persistencia de afinidades ideológicas que parecen extenderse a escenarios contemporáneos de violencia. Evidencias difundidas públicamente han mostrado cómo estructuras disidentes están tratando de incidir en procesos políticos locales mediante intimidación y coerción social, incluso promoviendo abiertamente la candidatura del doctor Cepeda. Este tipo de dinámicas, de confirmarse plenamente, refuerzan la preocupación sobre la interacción entre actores armados y la disputa política.
En paralelo, el candidato se ha declarado defensor de la denominada paz total y ha manifestado su intención de profundizar ese modelo. Sin embargo, los resultados están a la vista: las organizaciones armadas han aprovechado el desespero del Gobierno y la improvisación para fortalecerse militar y financieramente, expandir su control territorial y consolidar economías ilegales, mientras el Estado pierde capacidad de control efectivo en amplias regiones.
Colombia atraviesa un punto de quiebre en el que la continuidad del rumbo actual solo agravaría el deterioro institucional, la expansión de la criminalidad y la pérdida progresiva de la autoridad del Estado. La decisión en las urnas resulta determinante, pues el proyecto que busca prolongar el actual modelo de gobierno no se presenta como una alternativa viable, sino como una vía abierta al fracaso como nación.
Se impone, por tanto, la necesidad de un liderazgo con capacidad real de recuperar el control del territorio, robustecer la Fuerza Pública y enfrentar sin ambigüedades a las organizaciones criminales que desafían al Estado. La política de sometimiento a la justicia debe mantenerse como un instrumento estrictamente excepcional, jamás como eje estructural de la negociación política con estructuras armadas ilegales.
Las más recientes mediciones de intención de voto muestran que, si las fuerzas de la derecha actúan con cohesión y responsabilidad histórica, aún existe una posibilidad real de impedir la continuidad de un proyecto político nefasto; las divisiones y choques solo favorecen a la izquierda.
Colombia atraviesa un momento decisivo. La responsabilidad ciudadana en las urnas puede marcar la diferencia entre la rectificación o la profundización de la crisis. Aún hay tiempo para actuar con determinación, con visión de país y con sentido de unidad nacional.