Movimiento pendular

Desde el comienzo de las negociaciones adelantadas por la Administración Santos con las Farc emergieron tres ideas fundamentales: la existencia de un conflicto armado -calificado como “guerra” en muchas ocasiones- de más de cincuenta años de duración entre esa organización subversiva y el Estado; la necesidad de un acuerdo para superarlo bajo el entendimiento de que intentar doblegarla por medio de las armas no era un camino promisorio; el convencimiento de que ese acuerdo daría comienzo a la construcción de una “paz estable y duradera”.

En torno a estas ideas el país se dividió en dos mitades casi iguales, como lo demostró el plebiscito de octubre de 2016. Desde la orilla opuesta al Gobierno se sostuvo que, en realidad, los actores ilegales eran varios; que durante su media centuria de existencia las Farc habían abandonado buena parte de sus móviles políticos y pasado a ser una organización criminal a la que el Estado tendría que someter.

El Acuerdo de La Habana, tanto como su versión del Teatro Colón, suscitaron muchas críticas, las cuales, en aspectos importantes, fueron tenidas en cuenta por el Congreso y la Corte Constitucional. Lo que hoy se encuentra vigente y es obligatorio es distinto en aspectos importantes de lo que firmaron las partes. El tránsito por las instituciones democrática y judiciales no fue baldío.

Las visiones en materia de paz, lucha contra los cultivos ilícitos, y negociaciones con los actores ilegales fueron materia de amplio debate en la pasada contienda electoral. El triunfo de la oposición en los comicios le otorga al nuevo gobierno una indisputable legitimidad para plantear una nueva política; a nadie puede sorprender que sea radicalmente innovadora.

Está contenida en el documento “Política de Defensa y Seguridad”, PDS, lanzada hace pocos días. Allí leemos que “Si bien no existen causas que justifiquen la criminalidad y la violencia, sí condiciones que favorecen su surgimiento y perpetuación, lo cual obliga al Estado a combinar todos los recursos que la Constitución otorga para garantizar la vigencia de la legalidad”. Parece obvio, entonces, que no existe un conflicto armado interno que sea menester negociar. En realidad, “La principal amenaza a la seguridad interna son los espacios vacíos de institucionalidad o con precaria institucionalidad, no simplemente los grupos ilegales o las economías ilícitas”. Conjurar esas falencias, puede concluirse, es una tarea que el Estado, por sí solo, debe acometer.

Por ende, acuerdos de paz para introducir reformas sustantivas a las instituciones básicas del Estado, comenzando por la propia Constitución, no es un camino que el actual gobierno considere pertinente.  Las negociaciones con los alzados en armas solo son admitidas para efectos de su desmovilización, “siempre que se cumpla con la concentración de individuos en armas en espacios geográficos delimitados, observación internacional y garantía de fin de toda actividad criminal”.

Esta es tanto la estrategia que cree adecuada hacia el futuro como la que implícitamente considera que debió ser usada por el pasado gobierno.  A tal conclusión se arriba teniendo en cuenta que la desarticulación de grupos armados obedece a: (I) un fuerte liderazgo civil, (II) la modernización de las Fuerzas Armadas, (III) la cohesión de la sociedad contra el crimen. Y ello por cuanto “La base del derecho a la paz es la vigencia de la Constitución, el ejercicio legítimo de la autoridad, no la justificación del crimen. Ella se alcanza con el respeto absoluto a la ley y el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos”. Ninguno de estos factores es, resulta obvio decirlo, negociable.  

Para el nuevo gobierno, además, no puede haber tratamientos punitivos benévolos para los delitos de inspiración política, carecen de justificación las treguas bilaterales con los alzados en armas, y es imposible negociar con quienes violan el derecho internacional humanitario.

Es claro, entonces, que, a menos que el “Ejército de Liberación Nacional” cambie las posiciones intransigentes que siempre ha profesado, aunque envueltas en una retórica pacifista, no habrá negociación alguna mientras Duque sea presidente. Esa postura, así implique riesgos y costos, tiene sentido. Frente a los violentos, como muchas otras sociedades lo han hecho, no podemos doblegarnos. En algún momento era menester virar hacia la defensa del orden dentro de la Constitución.

La política acierta al contemplar la preservación del medio ambiente como uno de sus elementos centrales, postura que ha recibido general aceptación.  Pero ha recibido duros reproches al procurar la vinculación ciudadana en las tareas de defensa y seguridad. Esto dice el documento: “Los delitos que producen mayor afectación a los colombianos, entre ellos, el homicidio, la extorsión y el hurto, tendrán planes especiales que enfatizarán la prevención y la colaboración ciudadana a través de la Red de Participación Cívica”.

Por supuesto, en esta materia hay que andar con pies de plomo para evitar abusos como los que ocurrieron, en algunos casos, con las denominadas Convivir. Armar civiles es una opción muy peligrosa. Pero estimular a los ciudadanos para que, usando las tecnologías que la comunicación digital nos ofrece, aporten a las autoridades información relevante para la protección de la seguridad colectiva -que es un bien fundamental- me parece no solo posible sino, también, de alta conveniencia. Nuestra Fuerza Pública tendrá que actuar con prudencia, aunque no podemos a priori asumir que lo hará como la Gestapo.

Briznas poéticas. Regalo de Groucho Marx: “Fuera del perro, el libro es el mejor amigo del hombre. Dentro del perro está muy oscuro para leer”.