Paranoia y plan de salud en EE.UU.

El debate sobre el sistema de salud es el asunto más importante de la política interna de los Estados Unidos actualmente. La televisión y la prensa escrita han estado plagadas de programas y artículos sobre los ires y venires de la propuesta legislativa del gobierno Obama, que consiste en poner en marcha un plan de salud que garantice la cobertura universal, reduzca los costos de los servicios y mejore la calidad.

La importancia del plan de salud radica en que el mismo es, quizás junto con la política de cambio climático, la promesa más gruesa del programa de Obama. Por tanto, de su suerte dependerá en buena medida que los resultados de su gobierno sean o no juzgados como exitosos. Pero, sobre todo, la discusión y aprobación del plan es importante por la vergonzosa situación del sistema de salud de los Estados Unidos.

En el país con el mayor producto interno bruto del mundo, alrededor de 46 millones de personas, que equivalen al 15 por ciento de la población, no están cubiertas por ningún seguro de salud. Además, para muchos millones de personas que sí cuentan con algún tipo de seguro de salud, este es tan precario que, cuando enfrentan una enfermedad grave, están en riesgo de acabar literalmente en quiebra. Al parecer, la carencia de un seguro de salud no afecta únicamente los bolsillos de los estadounidenses. Según varios estudios citados por el New York Times, esta carencia genera una mayor probabilidad de muertes prematuras, de muertes por ataques o fallas del corazón, y de diagnósticos de cáncer demasiado tardíos.

Esta preocupante situación no es contrarrestada por la existencia de un sistema de urgencias accesible a todo el mundo: por lo general la gente llega a él cuando ya está demasiado enferma, y además el sistema es tremendamente costoso para el Estado, que debe cubrir su valor cuando se trata de personas de escasos recursos. Como resultado de esto y de otras ineficiencias, Estados Unidos es quizás el país desarrollado que más gasta en salud pero que menos cobertura universal asegura. Así, por ejemplo, aunque el gobierno inglés sí asegura cobertura universal en salud, sólo gasta el equivalente a la mitad del porcentaje de su PIB que el que gasta Estados Unidos.

Ante un panorama como ese, parecería obvio que, sin importar la tendencia política, en Estados Unidos debería haber un enorme consenso sobre la importancia crucial de reformar el sistema de salud. Especialmente en un contexto como el actual, en donde el fracaso del modelo económico de Reagan es evidente, y por ende los miedos sobre la intervención estatal en campos regulados por el mercado se deberían haber disipado no sólo en Estados Unidos sino en el resto del mundo.

Sin embargo, la propuesta de Obama ha generado una acérrima oposición, que ha llegado a lo insólito para intentar hundir el plan. En las últimas semanas, la oposición ha utilizado argumentos tan rebuscados, irracionales, poco informados y generadores de pánico que parecen basados en una gran teoría del complot.

La propuesta de que el Estado participe en la prestación de servicios de salud para aumentar la cobertura ha sido considerada como una medida que permitiría su intervención indebida en la esfera privada de los individuos. En particular, la crítica se ha centrado en una propuesta relativamente marginal contenida en el plan de salud que permite que el Estado ofrezca una asesoría voluntaria al final de la vida acerca de las opciones existentes para enfrentar enfermedades terminales. Sin embargo, la propuesta ha sido falsamente presentada como una estrategia del Estado para crear “paneles de la muerte” que decidirían dar muerte precipitada a enfermos graves y a ancianos. Incluso se ha hecho referencia constante a que el Estado está planeando “desconectar a la abuelita”.

De otra parte, la intención de racionalizar los costos del sistema de salud se ha calificado como un esfuerzo por imponer un régimen socialista en Estados Unidos, que impediría a las personas acceder a servicios y tratamientos médicos básicos. Así, se ha señalado que si el plan fuese implementado, a personas como el científico Stephen Hawkins que padece de una enfermedad neuronal, o el senador Edward Kennedy que acaba de morir de cáncer, se las habría dejado morir sin recibir ninguna atención médica. Incluso se ha llegado a tildar a los defensores del plan de promotores del mal, traficadores de la muerte y anti-americanos.

Por su contenido frenético, estas ideas parecen propias de la prensa amarillista o fanática. Pero lo asombroso es que han sido formuladas en el seno del Congreso estadounidense, incluso por congresistas republicanos moderados, así como por figuras públicas importantes como Sarah Palin –aunque, ya lo sé, ella ha dado varias muestras previas de no estar interesada en promover un debate serio—. Y lo más dramático es que, en lugar de ser desestimadas, esas ideas tendenciosas han calado el imaginario político hasta tal punto que están poniendo en serio riesgo la aprobación del plan de salud.

De hecho, en una encuesta reciente publicada por The Economist, un 38 por ciento de la gente cree que el plan empeoraría la situación de la salud en el país. Además, en las reuniones locales que los congresistas han adelantado en los últimos días con sus electores, estos han manifestado gran temor por que las profecías republicanas se cumplan, y por tanto han ejercido presión para que el plan no se apruebe. El resultado no ha sido solamente la decisión casi definitiva de todos los republicanos de no apoyar el plan, sino también la reticencia de algunos demócratas a hacerlo. Y ello a pesar de que, por primera vez en décadas, los demócratas tienen las mayorías necesarias en el Congreso para aprobar un plan como ese sin necesidad de un solo voto republicano.

Increíble pero cierto. En Estados Unidos, las ideas inverosímiles de la derecha recalcitrante parecen tener resultados más eficaces que los argumentos bien sustentados sobre las necesidades sociales y el interés general. Y el gobierno Obama parece tan desconcertado por esa situación que se ha quedado paralizado, en lugar de reaccionar con vigor ante tanta insensatez.

*  Maria Paula Saffon es estudiante de doctorado de la Universidad de Columbia e investigadora asociada del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJuSticia– (www.dejusticia.org), creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.