opinión

Aurelio Suárez Montoya. Columna Semana
Aurelio Suárez Montoya.. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Petro y la Ocde

Con el guion de acabar con la informalidad, refuerza las propuestas para bajar la tasa salarial, ya no respecto al mínimo, sino planteando incluso escalas inferiores para jóvenes y ciertas regiones.


Por: Aurelio Suárez Montoya

He votado a favor que (sic) Colombia pertenezca a la Ocde. Vamos a demostrar que en un gobierno progresista con buenas prácticas administrativas y financieras se pueden alcanzar los mejores niveles sociales y los mejores niveles tecnológicos en la tercera revolución industrial”, escribió Gustavo Petro el 13 de noviembre de 2018 en Twitter. Repitió el voto positivo para aprobar la ley de adhesión de Colombia a esa organización, que, por lo visto en el debate del 18 de febrero, se mantiene (Caracol TV, La Silla Vacía, 2022).

Los documentos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sobre Colombia resaltan “la solidez del marco monetario, fiscal y financiero”. En los referentes a 23 sectores, emite “recomendaciones”, con cronogramas de cumplimiento y control para concretarlas. Una “tercera oleada neoliberal”, luego de la apertura del Banco Mundial y la OMC, en los noventa del siglo pasado, y de la del FMI y el Plan Colombia a inicios del presente con los ajustes macroeconómicos orientados a los TLC. El Plan de Desarrollo 2014-2018 incluyó 136 encargos en 44 artículos dentro de la ruta adoptada en septiembre del 2013, que “descartó el proteccionismo como modo de desarrollo”, según dijera Rodrigo Botero, el sumo pontífice ortodoxo. La Ocde ratificó que no era “club de países ricos” ni de “buenas prácticas”, sino “nodo de globalización” (A. Suárez, El Tiempo, 3-2-2015).

Entre las múltiples prescripciones figuran: la regla fiscal que acota el gasto social; tasa de cambio volátil sujeta al mercado de divisas; forzada acumulación progresiva de reservas internacionales; realce de alianzas público-privadas (APP) como las vías 4G; exclusión de lo que llama “costos no laborales”, como el importe al régimen contributivo en salud; elevación del salario mínimo solo a nivel de la inflación, en tanto decía que era 87 por ciento del salario medio; erradicación de políticas ambientales que impidieran adelantar macroproyectos; imposición de aranceles cero a productos agrícolas; salario femenino por horas; supresión de “subsidios” a pensiones y pago de jubilación por debajo del mínimo (Saqueo, págs. 223-236). Un “paquetazo” que atizó la chispa del paro nacional de 2021.

La Ocde vuelve con un recetario más agresivo en “Hacia una recuperación más sostenible” (Estudios Económicos, Ocde, Colombia 2022). Con el guion de acabar con la informalidad, refuerza las propuestas para bajar la tasa salarial, ya no respecto al mínimo, sino planteando incluso escalas inferiores para jóvenes y ciertas regiones; insiste en “aliviar la carga” de los “costos no laborales” al desmontar de la nómina los cargos de salud, pensión y compensación familiar y financiarlos en conjunto con otra reforma tributaria.

Enuncia así una igual al adefesio Duque-Carrasquilla: aumenta la base de contribuyentes del impuesto de renta, gravando “personas de clase media”; elimina las deducciones de la renta gravable por costo del crédito hipotecario, por pago de medicina prepagada o por aporte en pensiones voluntarias; propone “reducir los productos no afectados por el IVA” y “ampliar las bases imponibles en los impuestos a la renta y a los consumos” y a contramano exhorta a menores tarifas impositivas a empresas.

El “traslado de las cotizaciones laborales” a “recursos de la tributación” persigue una triple reforma: a la protección social, la laboral y la tributaria. Dictamina la “fusión de los regímenes paralelos de transferencias, pensionales y de salud”, al unificar para el primero las subvenciones de Familias en Acción, Ingreso Solidario y demás. A la par fusiona los regímenes contributivos de jubilación para “complementar una pensión básica universal”, acaba de contera con Colpensiones y proyecta la edad a 65 años, como Chile, en sintonía con la vida esperada y con el cálculo individual sobre los salarios de toda la vida laboral y no de los últimos diez años. Para quienes están en el régimen no contributivo, crea “una prestación básica”. Asimismo, agrupa los regímenes de salud al financiarlos con tributos, mientras llama a “focalizar el gasto social”, depurando el Sisbén y con “ajustes fiscales”, según la regla reforzada en la ley Duque-Restrepo de 2021 para el anclaje de la deuda pública.

Al reiterar la estrategia de libre comercio y capital extranjero, la Ocde reclama extinguir barreras arancelarias y no arancelarias a textiles, alimentos, automotriz, calzado, aceites naturales y arroz, con lo que, aunado al paquete completo, estima atraer más inversión foránea. El laurel es que en 15 años se tendrá un ingreso por habitante como Costa Rica, Uruguay y Argentina y advierte que “la mitad” del programa “está previsto para el 2023”, “para el próximo gobierno”. Tienen la palabra Petro y quienes avalan la sujeción de Colombia a la Ocde.