Viento de cola a favor de la reforma política

En ese entonces se nos puso de presente la absurda tesis de que nada tenía que ver una reforma de esa naturaleza con la paz y en su último debate fue archivada, desconociendo que la construcción de una paz estable y duradera depende en gran medida de la existencia de un sistema político transparente e incluyente. En buena hora el gobierno ha presentado su reforma que en términos generales apunta en la dirección correcta, pero mejor aún es que la misma haya sido incluida en el paquete de medidas a impulsar en el marco del gran acuerdo político que se está cocinando para luchar contra la corrupción luego del éxito de la consulta anticorrupción.

Hace bien el gobierno en presentar unas mínimas modificaciones de carácter constitucional porque eso hace que el debate se concentre en lo esencial. Si en materia constitucional se consigue eliminar la figura del voto preferente, garantizar equidad de genero, modificar el modelo de financiación de las campañas y darle un origen que garantice independencia de los partidos políticos al órgano que los vigile, se habrá dado un gran paso.

No hace falta reiterar lo que durante los últimos años se ha dicho sobre los inconvenientes del voto preferente, pero quizás sí vale la pena decir que hay que tomar las precauciones necesarias para que al interior de cada organización política la escogencia de quienes integren las listas y el orden en que estas sean inscritas no se convierta en un nuevo escenario de clientelismo y exclusión. El gobierno, con buena intención, propone unas elecciones primarias al interior de cada partido, para evitar lo que se ha denominado la lista bolígrafo que consiste en que el director del partido define a su libre albedrío el orden de conformación de la lista, sin embargo resulta pertinente pensar que la disputa en la elección primaria podría ser muy similar a la que hoy se da en los debates electorales en el marco del sistema de voto preferente, es decir que sean los viejos vicios de la política tradicional como la financiación desbordada, en la mayoría de los casos de origen ilegal, lo que determine los resultados. Una alternativa al modelo de elecciones primarias puede ser la escogencia de quienes conforman las listas y del orden de inscripción de las mismas a través de mecanismos democráticos (no solamente electorales) en los que participen los afiliados de cada uno de los partidos. De hecho, la ley 1475 de 2011 ya establece que el Consejo Nacional Electoral deberá llevar un registro de afiliados de los partidos políticos. La figura del afiliado es un tanto extraña en Colombia pero con ella funcionan la mayoría de los partidos políticos de las democracias más avanzadas cuyas decisiones se toman justamente con la participación de quienes, por voluntad propia, han adquirido la condición de afiliados. Además, contar con afiliados les da a los partidos una organización que trasciende a los miembros de las corporaciones públicas de elección popular, en especial los congresistas, que hoy son los únicos protagonistas de las decisiones  de la mayoría de las colectividades.

Sí las listas son cerradas, no es descabellado pensar en una financiación exclusivamente estatal porque serían los partidos quienes harían las campañas y sus directivos quienes deberían responder por el uso de los recursos destinados para esos fines. La financiación estatal, además de facilitar el control del financiamiento político, ofrece un elemento que es central en una democracia: que nadie tenga ventajas electorales por cuenta del dinero, es decir que la competencia sea realmente de las ideas, de las posturas de cada partido frente a los temas de interés de los ciudadanos y de la trayectoria de sus candidatos.

De otra parte, es preciso decir que es un avance el hecho de que el proyecto del gobierno proponga que la conformación de las listas deberá acoger los criterios de paridad y alternancia en materia de equidad de genero y que su entrada en vigencia no dependa de un desarrollo legal. Diferir nuevamente su aplicación a una ley que desarrolle estos principios, como lo impusieron las mayorías parlamentarias en la reforma del equilibrio de poderes, significaría establecer en la carta política un saludo a la bandera, de ahí que invitamos al gobierno a no ceder en propuestas de esa naturaleza que con seguridad surgirán en los 8 debates que le esperan al proyecto de acto legislativo.

En cuanto al Consejo Nacional Electoral, hay que anotar que mientras su origen esté en los partidos políticos y en el Congreso de la República sus decisiones siempre van a tener un manto de duda por ausencia de independencia. Por tal razón, esta es una gran oportunidad para encontrar fórmulas que le den otro origen a este organismo.

Ojalá que este viento de cola de la consulta anticorrupción a favor de la reforma política sea suficiente para que el Congreso le dé el trámite correspondiente y en junio del próximo año contemos con unas reglas de juego electoral que nos permitan avanzar hacia un sistema político más transparente y más incluyente.