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Opinión

  • | 2018/06/20 01:56

    Retos de gobernabilidad para el próximo gobierno

    El nuevo presidente va a encontrar buenas condiciones para comenzar con pie derecho su mandato.

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La economía se está recuperando, la violencia ha disminuido y ambas condiciones hacen el país atractivo para los inversionistas. Su llamado a la unidad y a superar la etapa de polarización cala muy bien en una opinión pública hastiada de los enfrentamientos entre las élites políticas y ayudará a su favorabilidad. Adicionalmente, parece tener su gobernabilidad asegurada gracias al apoyo mayoritario del Congreso, los gremios y los medios de comunicación. Para cualquier presidente estas condiciones bastarían para asegurar el buen trámite de la administración, pero las apariencias en este caso pueden ser engañosas.

El aspecto más complicado de su gobernabilidad va a ser la relación con el Congreso. Es cierto que el nuevo presidente ha logrado asegurar las mismas mayorías con las que en su momento contó Alvaro Uribe o el propio Santos en 2010. Sin embargo, las promesas de campaña apuntan a romper con la situación de extorsión mutua entre el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente enfrentará un dilema: cumplir con su programa en materia de lucha contra la corrupción y arriesgarse a perder el control del Congreso, o continuar con los mecanismos de intercambio clientelar para asegurar el apoyo parlamentario a sus iniciativas y perder el apoyo de la opinión pública.

El presidente electo ha prometido acabar con la famosa mermelada y no entregar las instituciones del Estado a cuotas políticas de los parlamentarios. Estos dos elementos constituyen de por sí una reforma política  de gran calado porque eliminarían las dos principales fuentes de corrupción política. La pregunta es qué incentivo tienen los políticos para renunciar a dichas canonjías. Si el nuevo presidente les quita a los parlamentarios sus dos principales fuentes de poder político y económico, ¿seguirán siendo leales defensores de sus proyectos como parte de la coalición de gobierno o iniciarán una labor de sabotaje de sus iniciativas como muy bien saben hacerlo?

Colombia necesita romper la dinámica extorsiva entre gobierno y Congreso en la cual quienes perdemos somos los colombianos, pero el costo político de cambiar esta relación no es fácil de asumir. Una alternativa es permitir que los parlamentarios puedan apadrinar la gestión que hacen para sus regiones. Así, ganan visibilidad y presencia política. El incentivo es poder mostrar que trabajan por sus votantes, tal como sucede en todos los congresos del mundo.

El segundo reto de gobernabilidad es la relación con la oposición. Por primera vez, el nuevo presidente tendrá un esquema gobierno oposición institucionalizado que le dará un gran poder a los partidos opositores para controvertir al gobierno. Pero en el caso de que el presidente decida adelantar una agenda de gobierno radical, la principal oposición se la va a encontrar en las calles. La capacidad de la sociedad civil y las organizaciones sociales de acudir a canales populares para confrontar la acción del gobierno ha ido creciendo y el presidente Santos tuvo que soportar buenas dosis de ello. En particular, las políticas para el sector agrario serán un motivo de pugnacidad entre el gobierno y las organizaciones campesinas. En este caso, el Presidente debe estructurar una política de diálogo social orientada a la prevención de los conflictos y no a su solución rápida como ha hecho el gobierno que termina.

El tercer problema que puede afectar la gobernabilidad del presidente es la ruptura de la negociación con el ELN. Ninguno de los proceso de diálogo que se han roto en Colombia o en otros países ha conducido a la reducción de la violencia. Al contrario, en las condiciones actuales solo aumentaría la degradación de la confrontación. Si los diálogos se rompen la espiral de violencia crecerá y muchos de los logros de la paz con las Farc se verán amenazados. Dados los lazos del ELN con algunas organizaciones sociales los efectos de una ruptura afectarán también los procesos de diálogo social y generarán un ciclo de ingobernabilidad en las regiones. El reto para el presidente es mantener la negociación abierta pero modificar la metodología para asegurar avances reales en el corto plazo.

La gobernabilidad de la Colombia tradicional parece favorecer al nuevo Presidente, pero las nuevas realidades del poder pueden convertirse en factores de ingobernabilidad. Un manejo democrático y constructivo de estos desafíos mostrará el talante del gobierno y la posibilidad de que su agenda de desarrollo permee las realidades en las regiones.




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