¿En dónde terminó la promesa del cambio a la salud en Colombia?: en droguerías. A la fuerza, Drogas La Rebaja convenientemente instala consultorios para lanzarle una hogaza más de pan a un pueblo al que arrebataron la garantía del derecho a la salud. El propio presidente lo anunció la semana pasada, con un trino donde orgullosamente mostraba el primero de esos dispensarios en su emblemática ciudad de Zipaquirá.
Lo había presagiado al inicio del Gobierno, con la especial recepción a un empresario mexicano reconocido por un modelo similar en su país. Droguerías ubicadas en los sectores más populares, donde el Estado nunca llega. A esos pobres que el gobierno progresista de Andrés López Obrador les arrebató el seguro popular, la única posibilidad que por entonces los mexicanos tenían para acceder a los servicios de salud. Todo esto después de una desastrosa reforma transmutada en estruendoso fracaso y que permitió más de 700.000 muertes por covid-19 durante la pandemia.
Aquí, en Colombia, una vez destruido el sistema de salud, a los pobres solo les quedarán los consultorios en esas droguerías. Los pudientes ya están comprando seguros de salud privados o medicinas prepagadas impulsando la mayor expansión del seguro privado de salud. Irónicamente, el gobierno del cambio terminó aupando al odiado sector privado, la impulsar un renglón que solo alcanzaba al 5 % de la población, antes que llegara Petro. En los próximos años veremos el aseguramiento privado en niveles del 30 % de la población.
El resto del grupo poblacional colombiano más vulnerable, los pobres, tendrán que gastar de su bolsillo para tener salud —o lo que es peor— enfermarse y morir por la falta de acceso a los servicios. El populismo progresista sólo ofrece un futuro de equipos comunitarios no resolutivos, llegando a las casas para adoctrinar como lo han sabido hacer desde las escuelas públicas. Ahora las droguerías tendrán oscuros consultorios para atender los síntomas, mientras que las enfermedades se agravan y los colombianos fallecen.
Mientras tanto, buscan ganar las elecciones presidenciales con promesas que funcionan como los “acuerdos” que la semana anterior hicieron para desactivar las peticiones de los maestros por una mejor salud: promesas de financiamiento y mejora de servicios que no cumplirán en los cuatro meses que les restan.
Entretanto, la capacidad hospitalaria privada que Colombia logró construir en el pasado con tanto esfuerzo —y gracias al acabado sistema de salud— cae en la mira del presidente. En un par de trinos les apunta desde su odio a la iniciativa privada y acusa a 150 clínicas privadas de “llevarse una inmensa fortuna que solo sale del erario (sic), y suben los costos que serán utilidades para el dueño de la clínica”.
Acusaciones temerarias y totalmente falsas. En primera instancia porque una buena parte de esas utilidades son originadas desde los servicios privados de la medicina prepagada y, en segundo término, irónico, la lista incluye varios hospitales públicos en los primeros lugares. La mayoría de los hospitales privados en Colombia todavía son organizaciones sin ánimo de lucro, donde los excedentes van a la inversión de la propia organización en nuevos equipos y servicios.
Fue así como creció la red hospitalaria colombiana en los pasados treinta años, cuando llegó a ser la mejor de America Latina, según todos los rankings; lo cual ha permitido a los colombianos acceder a los mejores servicios de salud.
Pasamos de garantizar la seguridad social a través del aseguramiento —hoy en cenizas— mediante los hospitales privados que sucumben ante el odio del Gobierno. Ahora los pacientes no tendrán más remedio que entrar a las droguerías a que les formulen aspirinas para calmar su dolor, mientras sus enfermedades —de manera irremediable e inmisericorde— se irán agravando.
Bienvenidos al progresismo y al socialismo del cambio en salud.