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Aurelio Suárez Montoya. Columna Semana
Aurelio Suárez Montoya. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Sobre Fedegán, Fasecolda y demás parceros

Al dejar en manos del mercado los costos de los programas, correrán ingentes recursos estatales a las arcas de los poderosos, como siempre. Una peculiar política social, ¿sello del autodenominado “cambio”?

Por: Aurelio Suárez Montoya

Las políticas sociales de Petro invocan el acceso a la tierra para trabajadores rurales o la rebaja del Soat para motociclistas, taxistas y microbuses, o más transferencias de dinero a los hogares pobres. Sin embargo, sujetan al mercado la intervención del Estado. Al de tierras, al de las pólizas expedidas por las aseguradoras y al de capitales, donde, vía deuda pública, se surten los recursos para girar el ingreso social.

La desigualdad en la distribución de la tierra rural es tal que 10.800 propietarios, que poseen más de mil hectáreas, acaparan la tercera parte de 43 millones dedicadas a actividades agropecuarias. Quienes tienen 5 o menos, 1,8 millones de campesinos, apenas cuentan con una veinteava parte (Dane, CNA). El Cede (junio de 2017), al cruzar encuestas y censos, estimó que máximo con 4,8 millones se satisfaría a quienes carecen de ella o tienen poca, sin contar las de restitución por el conflicto. El Acuerdo de Paz definió una Reforma Rural Integral (RRI) con un banco de 3 millones para distribuir, provistas por tierras de extinción de dominio, de baldíos ilegales acaparados o fundos inexplotados.

El presidente Petro (21/9/22) dijo que las compraría, que valían 60 billones de pesos, tasadas en promedio a 20 millones, y puso la reforma en un mercado en el que el Estado demanda y el latifundista ofrece. A los cinco días, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, señaló: “Los ganaderos están dispuestos a vender”. Tres semanas después se firmó un acuerdo que las comprará por “valor comercial y catastral determinado por Igac”, con “precios mínimos y máximos de cada oferta”, que “tendrá en cuenta el catastro multipropósito” y “el pago se efectuará con bonos de deuda pública u otra forma”. No se avaluarán por el costo/beneficio de cada cual y se insertarán en el mercado especulativo de títulos públicos.

¿Solo altruismo motiva a los federados de Lafaurie? Datos de rentabilidad de la ganadería inducirían a ver otras razones. Eficientes productores de leche del Magdalena Medio, con 14.000 litros por hectárea-año, en un hato de 39 vacas, solo reciben 115 pesos de utilidad por litro, tras de costos por 1.830 pesos, apenas 6 por ciento (Gyroso Hnos.). En cuanto al levante para el sacrificio, que implica años de flujo de caja para llevar una res de 150 a 450 kilos para degüelle, los precios por kilo oscilan en los distintos ciclos, suben y bajan, mientras los insumos se disparan. La ganadería no especializada, como la de doble propósito, tiene balances peores, por lo cual surge una pregunta: ¿esa baja rentabilidad empuja a realizar ya el plusvalor de tierra acumulado por años? ¿Sienten en Fedegán el daño de los TLC que apoyaron?

¿Quiénes son los grandes? Un sondeo por regiones indica que Carranza & Sucesores, en el Meta y Cundinamarca, acumula 200.000 hectáreas a disposición en Paratebueno, Puerto López, Restrepo, Cumaral y el propio Villavicencio. O en Córdoba, en el Alto, Medio o Bajo Sinú, ganaderos como Moisés Gamen o Jaime Marosso pueden ofrecer miles, o en Cesar y Magdalena los Monsalvo Gnecco. A muchas de las hectáreas ofrecidas debe ponérseles cal o son anegables o les faltan vías, y la ministra López, con adición presupuestal por 2 billones de pesos para 2023, dice que apenas alcanzará todo el mandato Petro para comprar 500.000.

Lo del Soat es una transferencia indirecta de recursos al oligopolio asegurador, al asumirse los traslados obligatorios al sector salud, que es el 45 por ciento del costo del seguro contra accidentes para motos de bajo cilindraje y taxis, fijado en 556.500 pesos, con plata de la reforma tributaria por 2,1 billones de pesos, a razón de 252.463 pesos por 8 millones de vehículos favorecidos. Se aliviará así a los afiliados a Fasecolda que venden ese producto, uno “que no tiene más de dónde agarrarse”, según algunos de ellos, que hasta analizan abandonar.

La inversión del Gobierno se financia hace rato con deuda, e igual en el de Petro. Los ingresos corrientes en 2022 por 170 billones de pesos no alcanzan siquiera para el funcionamiento por 209. Para fondear los 35 billones de pesos de los rubros sociales y otros presupuestados, inclusive la mesada doble de Ingreso Solidario, se endeudó, entre agosto y octubre, por 21,5 a tasas de interés crecientes pagadas a los prestamistas para los TES a diez años, a 1,5 veces las de 2021, y se refinancian bonos externos a más del doble para posponer pagos.

Aunque se reivindique a los desposeídos como beneficiarios de la RRI, a moteros y taxistas como asegurados a bajo precio y a los más pobres como favorecidos por las subvenciones, al dejar en manos del mercado los costos de los programas, correrán ingentes recursos estatales a las arcas de los poderosos, como siempre. Una peculiar política social, ¿sello del autodenominado “cambio”?